Arnoldo Cuellar.
En Guanajuato vivimos una realidad
cambiada. Si en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador se
dibujan matices de un país en el que muchos no nos reconocemos, en nuestra
entidad tampoco cantamos mal las rancheras, con un gobernador que ha decidido
asumirse como un simple encargado de despacho.
Este martes coincidieron dos eventos
que no parecen ser ajenos.
Por una
parte, el Gobernador Diego Sinhue
Rodríguez asumió por fin en forma personal la defensa de su propuesta de Fiscal
General, no empleando datos duros y cifras irrebatibles, sino recurriendo al
expediente ficticio de los reconocimientos nacionales e internacionales que
presume Carlos Zamarripa, un poco al estilo de esos restaurantes que compran
diplomas para exaltar su calidad, cuando lo que debería hablar es la sazón de
sus platillos.
Por otra
parte, el ex Gobernador Miguel Márquez
acudió a una reunión de la Comisión Permanente del PAN donde se dejó retratar
junto al dirigente nacional Marko Cortés, acompañado de la irremplazable Juana
de la Cruz Martínez, del dirigente estatal Román Cifuentes y de la diputada
Alejandra Gutiérrez.
¿Coincidencia
desafortunada? ¿Acto fallido? Lo cierto
es que la reaparición pública en redes sociales y en medios de comunicación del
exgobernador cuya presencia sigue vigente gracias al estado mayor del que rodeó
a su sucesor, al mismo tiempo que se apresura la designación de Carlos
Zamarripa como el primer fiscal general de Guanajuato, no parece casualidad.
Por si fuera poco, junto con la
reaparición de Márquez y la decisión de Sinhue de asumir personalmente la
campaña de defensa y promoción de Zamarripa, tanto en declaraciones a los
reporteros como en cabildeos con empresarios de los medios de comunicación, se
da la decisión del grupo parlamentario del PAN de mantener el periodo de nueve
años a Zamarripa, cancelando cualquier reconsideración.
No me la
crean, pero no dejo de pensar que la
aparición de Miguel Márquez junto a la implacable Juana de la Cruz fue como un
manotazo en la mesa para exigir el cumplimiento de los acuerdos mediante los
cuales Diego llegó a la gubernatura, así sea tan acotada, y los diputados a su
curul.
No es el único episodio bizarro de la
política guanajuatense en estos días. Ayer el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez
acudió al foro de Coparmex en México donde se evaluó el cumplimiento de los 11
compromisos contra la corrupción. Por cierto, el primero de ellos es impulsar
la creación de fiscalías autónomas y fiscalías que sirvan. No tenía mucho que
decir el gobernador al respecto, pero en cambio presumió una serie de logros
gubernamentales acontecidos todos antes de que tomara posesión: leyes de 2015 y
de abril de 2018; premios y reconocimientos recibidos también durante el
gobierno de Márquez.
Lejos de
tratar de imprimir su sello al gobierno que se inicia, el nuevo mandatario parece asumirse a plenitud como un epígono, como el
continuador de una tarea, como el heredero atado por las condiciones del
testamento.
Sin embargo,
la terca realidad está desarrollando
otras historias: los periódicos y los portales digitales están llenos de hechos
de sangre; ejecuciones, asaltos y balaceras son la realidad de Guanajuato de
extremo a extremo; las corporaciones federales se siguen lamentando de la nula
coordinación con sus homólogas estatales y las cifras alegres con las que el
procurador quiere pavimentar el tránsito a su segunda década como zar de la
seguridad en Guanajuato, nomás no tranquilizan a nadie, más allá de los
acólitos del PAN.
Pero,
además, toda esta operación para
contrarrestar el rechazo que la designación de Zamarripa despierta en diversos
sectores sociales, lo convierte en el prototipo de fiscal carnal, pues la deuda
que adquiere con el gobernador y con los diputados del PAN es enorme.
Eso si no es que estamos, como en el
mundo al revés, ante un funcionario que ha acumulado tanto poder fáctico que es
quien verdaderamente está imponiendo las reglas del juego, lo que en realidad
nos dejaría con un gobernador y diputados carnales al servicio de una inminente
dictadura policiaca.
Por lo pronto la obligación de
ratificar a Zamarripa contra viento y marea ha producido toda clase de
dislates: ayer la diputada Libia Denisse García defendía la decisión de
convertir al procurador actual en Fiscal General con este razonamiento:
“atribuirle el tema de seguridad a un solo funcionario me parece por demás un
exceso (…) cuando hablamos de seguridad pública es otra instancia la que
interviene”.
Quizá Libia no sepa que el
funcionario responsable de la Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, ha sido
ratificado también; que su actuar se coordina absolutamente con el del
procurador y que entre ambos han colocado a la mayoría de los secretarios de
seguridad de los municipios. Y que, pese a eso, las cosas no están funcionando.
Cuando hablamos de inseguridad, de
crimen, de violencia y de deterioro de la vida comunitaria de Guanajuato, los
panistas de por aquí se nos vuelven muy lopezobradoristas, pues ellos,
simplemente, “tienen otros datos”.
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