Por Jorge
Zepeda Patterson.
Si los dueños de las guarderías dicen
hablar en nombre de los padres de familia, ¿por qué entonces oponerse a que
esos padres reciban el dinero directamente?
Se comprende la molestia que las
organizaciones experimentan ante la decisión del Gobierno de reducir a la mitad
el subsidio de 4 mil millones de pesos dedicados a las guarderías particulares
a lo largo del territorio nacional. Sin ese subsidio aumentará el costo, dicen
ellos, para los padres de familia y se afectará la calidad de los servicios que
actualmente prestan estas instalaciones. El Gobierno del cambio argumenta, por
el contrario, que entregar el dinero directamente a los padres optimiza el
beneficio a los usuarios, y evita el riesgo de corrupción e intermediación. La polémica ha dado lugar a un
intenso tira a tira entre el Gobierno y la oposición y alguna parte de la
prensa desafecta a la 4T.
A mi juicio, el debate ha perdido proporción en aras
de la descalificación política. La mayor parte de las guarderías, sin duda,
desempeñan una labor fundamental para miles de familias mexicanas. Y desde
luego también hay vergonzosas excepciones: particulares que montan un negocio
para convertirse en receptores profesionales del subsidio y no necesariamente
prestan un servicio de calidad.
El tema de fondo es que el Gobierno
no está cancelando el subsidio, como los detractores han querido “venderlo”,
sino simplemente desea modificar la manera de hacerlo llegar a los
beneficiarios, ampliándolo incluso. Lo que el Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador está haciendo es un cambio radical, una revolución en el concepto mismo
de la transferencia para eliminar al intermediario.
Más
importante aún, la medida no es una
decisión para castigar a un sector, sino que forma parte de una filosofía de
gestión de recursos públicos mucho más vasta con la cual difícilmente podemos
estar en desacuerdo. La misma decisión se ha tomado para las nefastas
organizaciones campesinas, obreras y populares que durante décadas, y para
beneficio de sus líderes, han vivido ordeñando los subsidios dedicados a los
sectores populares. Es el primer paso para evitar el uso clientelar y faccioso
de estas organizaciones, pero es sobre todo un acto de justicia para con los
usuarios de estos programas de asistencia.
La llamada
sociedad civil, estimulada por la
oposición panista, ha puesto el grito en el cielo porque la nueva política deja
sin recursos públicos a organizaciones vinculadas a la iniciativa privada.
Paradójicamente esos mismos sectores han visto con buenos ojos que se retiren
los recursos a las organizaciones campesinas y obreras y se entreguen
directamente a los trabajadores. Aprueban la medida en la casa del vecino, pero
no en la propia.
Por otro
lado el tema de las guarderías se ha
sacado de proporción; la oposición de derecha ha querido convencernos de que el
hecho de no entregar los subsidios a estas empresas particulares representa un
ataque en contra de las familias. En realidad apenas el 5% del universo de
escolares en la edad correspondiente acude a este programa de guarderías. Y el
recorte del subsidio por esta vía no significa que tengan que desaparecer. Por
el contrario, al canalizar el dinero para el cuidado de los infantes a los
padres de familia, ellos pueden elegir la opción que prefieran directamente. En
la medida en que una guardería tenga prestigio su supervivencia no debería
estar en riesgo. Más aún, la transferencia a las familias por parte del Estado
para este concepto superará el subsidio que actualmente se entrega a las
guarderías, lo cual podría incluso permitir el crecimiento de aquellas que sean
competitivas en el mercado.
Por otro
lado, resultó desafortunada la
intervención de Josefina Vázquez Mota para encabezar políticamente la cruzada
de protestas a favor de las guarderías. Como se recordará, Juntos Podemos, la
organización que ella presidía recibió 900 millones de pesos del Gobierno de
Peña Nieto en condiciones cuestionadas, para ser destinados a los migrantes.
Más allá de los argumentos que nutren la inconformidad de los dueños de estas
guarderías, cabe preguntarse si la lucha de la senadora del PAN es también la
defensa de un modus operando del que ella misma se ha visto beneficiada.
Lo de las guarderías es un capítulo
menor de un proyecto mucho más vasto y trascendente: la entrega de los apoyos a
los sectores necesitados saltándose a todos los intermediarios que, algunos en
buena lid y otros con mala leche, representaban una merma en la derrama. La
batalla política de las guarderías será cosa de niños frente a la que seguramente
darán todos estos organismos que han vivido huachicoleando los recursos
destinados a los pobres. Esto apenas comienza.
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