Indígenas ganan amparo contra la hidroeléctrica de Zoquitlán, Puebla; temen consulta amañada.

Por Claudia Martínez Sánchez.

El proyecto denominado “Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan“, ubicado en los municipios Coyomeapan, San Sebastián, Tlacotepec y Zoquitlán, en el estado de Puebla, y que impulsa Minera Autlán, que sería la empresas beneficiada por la megabobra, aún es latente y sigue más vivo que nunca. Hasta el momento los indígenas obtuvieron una resolución favorable; sin embargo, no es definitivo y no se sabe hasta cuánto dure.

En rueda de prensa en Tehuacán, Puebla, representantes de la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA) y del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena, Popular (MASCIP) manifestaron haber ganado la suspensión definitiva de la obra; sin embargo, de acuerdo con el listado en resumen que publica el tribunal federal: 2274/ 2017 en el segundo juzgado, revela lo contrario, pese a que la suspensión favorece a Huitzilatl.

De acuerdo con las listas de los juzgados federales, en el resumen legal que presenta el tribunal de la Federación, sólo se determina la suspensión temporal; esto mientras se hacen las investigaciones correspondientes al conflicto de la consulta indígena. Hasta el momento no se le ha notificado a la empresa hidroeléctrica, por lo que se ordena remitir el expediente con seis anexos a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa. La empresa aparece como Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable y Compañía Hidroeléctrica de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable.

El resumen expresa que la empresa hidroeléctrica no compareció en audiencia con fecha 22 de enero de 2019, lo que es un incidente de suspensión temporal para la empresa; hasta el momento, no se ha apersonado para la sentencia. En el resumen de los acuerdos sólo es suspensión provisional hasta que se resuelva la investigación, lo que implica que por el momento no se puede ejecutar la explotación de la tierra, particularmente en la zona de Huitzilatl.

Con una asamblea al vapor de la noche a la mañana, en Huitzilatl, la organización demandante convocó tanto a defensores de la tierra como a las familias indígenas, a los que se les dio a conocer la suspensión definitiva de la hidroeléctrica, dejando a un lado a las principales comunidades en resistencia; las que se han mantenido al margen en la defensa por la vía legal del territorio, los que también son afectadas por el proyecto.

Los defensores de la tierra representantes de las comunidades de Zoquitlán manifestaron a Sin Embargo su temor frente a la defensa del territorio por la vía legal que están llevando en la comunidad de Huitzilatl, pues aseguran que podría tratarse de una estrategia para favorecer a la Minera Autlán como a la hidroeléctrica, para imponer una consulta indígena a presión y con la compra de conciencias.

CONSULTA PUEDE SER MANIPULADA.

Amador Montalvo, defensor de las comunidades en Coyolapan y Zoquitlan, manifestó que ganar un amparo para llevar a cabo la consulta indígena no es viable derivado de la tensión, conflictos y violencia que viven estas comunidades; recordó que con la presencia del crimen organizado, así como de los operadores de la hidroeléctrica, particularmente de los terratenientes, caciques y ex alcaldes, de ganarse el amparo para la consulta indígena, ésta nuevamente seria manipulada y bajo presión a las familias, por lo que la instancia del amparo es la antesala para arrancar de manera estratégica y legal el robo de las tierras, como de los recursos naturales.

Para Amador Montalvo, la consulta debió realizarse antes de que en Huitzilatl se realizaran barrenaciones; donde se abusó del uso de químicos y residuos altamente tóxicos. Los defensores de la tierra en Zoquitán, los que no fueron considerados para la asamblea de Huitzilatl, explicaron a Sin Embargo que en esta comunidad se está peleando la consulta mediante la vía legal, donde se podría estar planeando la explotación del suelo mediante la minería; topógrafos e ingenieros, han realizado excavaciones similares a las que se practica en la explotación del suelo en minería.

En este sentido, manifestaron que la Minera Autlán está buscando la explotación de minerales en esa zona; es la única comunidad dónde se han hecho barrenaciones, es decir, la hidroeléctrica no sólo iría por la devastación de los ríos, sino también por minerales a través de la Minera Autlán, lo que habla no solo de la instalación de una hidroeléctrica, sino de la instalación de una minera en Huitzilatl.

Por su parte el asesor legal, Leonel Rivero Rodríguez, de la Coordinadora Plan de Ayala, manifestó para este diario digital que la suspensión definitiva fue concedida el día 4 de octubre por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito, en la que se ordena que no puede realizarse ningún tipo de obra, hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo principal; el que se considera se resuelva en dos semanas, sólo en Huitzilatl en el municipio de Coyomepa, donde pretendía la hidroeléctrica la construcción de la primera cortina, por lo que la impugnación es estratégica, resaltó  Rivero Rodríguez, porque la consulta no fue respetada, ni previamente a la construcción de la obra y se debió de ver llevado a cabo el proceso de consulta; por ello,  el juzgado determinará la inconstitucionalidad de la disposición de la Ley.

Omar Esparza, dirigente nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), manifestó que este fallo legal, del que habla CNPA, MASCIP, abarca la suspensión de las obras y el tema de los permisos; lo que quiere decir, que están suspendidas hasta que el Juez lo determine mediante una consulta indígena, previa libre e informada. El líder explicó que Huitzilatl es una de las comunidades que no ha participado mediante la resistencia con el resto de las comunidades a través de la movilización por la autodeterminación, la que decidió irse por la vía jurídica.

“Esto no quiere decir que el proyecto esté definitivamente cancelado, sólo es una etapa jurídica; lo hemos visto en el tema del gasoducto Morelos, el que tiene varios amparos en donde suspenden la obra; pero la determinación de los pueblos es la vía más importante; sin embargo, los poderes fácticos vienen influyendo para el que el robo de las tierras sea por la vía legal hasta agotar los amparos que favorezcan a las empresas”, expuso.

Esparza manifestó que mientras no haya una cancelación definitiva no se puede cantar victoria: Coyolapa Oxtopulco y Zoquitlán, también son comunidades que estarían siendo afectadas y es importante que se haga una revisión exhaustiva del proyecto; ya que la obra en sí, ha planteado modificaciones en la construcción de la hidroeléctrica. Entrar a la vía jurídica implica aceptar la consulta y eso implicaría la posibilidad de abrir todas las puertas a los megaproyectos; justo lo está empujando el panorama nacional.

El dirigente de MAIZ enfatizó que el proyecto hidroeléctrico está más vivo que nunca y sigue en pie; la hidroeléctrica en la sierra negra es uno de los grandes proyectos a nivel nacional que se busca impulsar a costa de lo que sea y tiene que ver con la Reforma Energética que Estados Unidos estimuló mediante el Gobierno mexicano.

“Sus orígenes parten desde el famoso Plan Puebla-Panamá con la planeación de grandes megaproyectos: construcción de puertos marítimos, infraestructuras, carreteras, puertos marítimos, aeropuertos y mega-proyectos energéticos. Es un gran proyecto que se ha extendido en todo el país y sólo le han cambiado el nombre, pero sigue siendo el mismo, como proyecto mesoamericano y zonas económicas especiales; sin embargo, es el mismo proyecto: Plan Puebla-Panamá y ahora el TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del Norte], impulsado por el mismo Tratado de Libre Comercio; proyectos que han generado más pobreza, desigualdad, violencia y el despojo absoluto de los recursos hídricos”, destacó, Omar Esparza

Por último destacó que este proceso legal es un logro por parte de la CENPA y MACIP, y también marca un precedente para el robo de la tierra; la empresa buscará a toda costa interponer amparos que le favorezcan y el logro de la comunidad de Huitzilatl no determina que el proyecto esté muerto, la empresa buscará presentar los requerimientos legales para generar consultas en los territorios.