El Gobierno del Estado de Baja
California hizo del Aeropuerto de Ensenada, en la delegación Ojos Negros, un
“elefante blanco” en el que ejerció una inversión pública por 217.9 millones de
pesos.
La promesa del Gobernador Francisco
Vega de Lamadrid fue que antes de concluir su sexenio vería el aterrizaje de la
primera aeronave de carga y posteriormente de vuelos comerciales. Sin embargo,
falló el acuerdo para la conformación de una Asociación Público Privada (APP)
con el consorcio Visión Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV.
Según el
trato, el consorcio invertiría el 49 por
ciento del costo total del proyecto que rondaba en mil 212 millones de pesos,
mientras el resto del dinero lo pondría el Estado.
Durante el proceso de licitación,
conformación de la APP y ejecución del proyecto hubo una serie de
irregularidades documentadas en su momento por ZETA.
El 6 de marzo
de 2018, seis meses después de ganar la
licitación, Visión Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV renunció a firmar los
contratos definitivos.
Posteriormente
en agosto del mismo año, la Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) modificó
sorpresivamente las bases de licitación, de modo que el licitante ganador libró
pagar 52 millones de pesos.
Sobre este
asunto, la Diputada estatal, Claudia
Agatón Muñiz ha girado una serie de oficios solicitando al Gobierno del Estado
la justificación por haber removido este punto, cinco días antes de que se
cumpliera el plazo para pagar la penalización.
Por último, el 5 de enero de 2019, la empresa Control
de Protección y Custodia, SA de CV, que prestaba seguridad con circuito
cerrado, abandonó los servicios por órdenes de Oficialía Mayor del Estado.
LA RENUNCIA
DEL CONSORCIO.
En marzo de
2018, Feliciano Campos Herrera,
representante legal, notificó al titular de la SIDUE, Alfonso Padrés Pesqueira,
su retio del proyecto:
“Al realizar un análisis exhaustivo
por los miembros de este consorcio respecto de las exigencias de dicho proyecto
para mi representada; tomando en cuenta las implicaciones de precio, calidad,
financiamiento, garantías, formas de pago, y no obstante que contamos con la
experiencia y capacidad (…) nos vemos imposibilitados para continuar en el
procedimiento para consolidar y construir la sociedad mercantil”.
A la par, firmaron su deserción los asociados All
Proyecto y Obras, Arca del Pacífico, Constructora RJ Ingeniería, Constructores
y Trituradores Pacnor y Operador Sr. Antonio Santillán.
SIDUE
“JUEGA” CON BASES DE LICITACIÓN.
En la
circular 02/2017, el entonces titular de
la SIDUE, Manuel Guevara Morales, eliminó el inciso A, en el que se hace mención
a la “garantía de seriedad” que protege la inversión pública.
Por quitar esta cláusula, Visión Desarrollos Inmobiliarios se libró de pagar 52 millones 246 mil 945
pesos por abandono del proyecto. La penalidad era del 5 por ciento del costo
total de la obra.
Esto ocurrió el 23 de agosto de 2018,
un día antes que se cumpliera el plazo de 180 días para celebrar el contrato
constitutivo de la empresa de participación estatal mayoritaria para
administrar, operar y construir el aeropuerto.
La Diputada Claudia Agatón Muñiz presentó un acuerdo
económico que fue rechazado por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN),
donde pidió la comparecencia del titular de SIDUE y, entre otras cosas,
cuestionar sobre el retraso de la obra, así como el motivo de eliminar la
“garantía de seriedad”.
El hecho de haber jugado con las
bases de la licitación dañó la Hacienda pública al destruir la garantía y
protección para el Estado. Las bases de la licitación 01/2017 tuvieron un costo
por 400 mil pesos.
La suma del costo de la construcción
de las obras, permisos, estudios, licencias y proyectos, seguros y fianzas,
gastos de supervisión y medidas de mitigación -contando el Impuesto al Valor
Agregado- fue de mil 212 millones de pesos.
Según
información del Congreso del Estado, desde
2015 se han invertido 161 millones 348 mil pesos en la compra del predio al
panista José Antonio de los Santos Egozcue. Foto: Enrique Botello, Zeta
ESTADO EVADE
PAGO A GUARDIA DE SEGURIDAD.
Federico Sámano, un hombre de 60 años
de edad, mantiene la seguridad del terreno, una estación meteorológica y una
planta generadora de energía eléctrica; el 5 de enero fue notificado de que la
obra quedó suspendida.
El guardia cumplió tres años viviendo
en un angosto baño expuesto a temperaturas extremas, pero hace tres catorcenas,
Control de Protección y Custodia, SA de CV trasladó la responsabilidad laboral
del empleado al Gobierno del Estado que no le ha pagado 18 mil pesos de su
sueldo por cuidar el lugar y el equipo.
Una vez que la empresa de seguridad
se retiró, Oficialía Mayor del Estado quedó de visitar el lugar el 6 de enero
para sacar el equipo, pero a la fecha no se ha presentado.
Ahora el hombre está cautivo dentro
del terreno, sin sueldo y cuidando bienes públicos valuados entre 300 mil y 400
mil pesos, y asegura que si se marcha, serán vandalizados porque ha habido
varios intentos de intromisión.
“La empresa con la que estaba
trabajando me dijo que dejaron de prestar servicio al Gobierno del Estado, que
me quedara si quería y me pagaban ellos, pero nadie se ha parado por aquí, ya
me quiero ir, pero que me paguen lo que me deben”, manifestó.
DERROCHE DE
DINERO.
Según
información del Congreso del Estado, desde
2015 se han invertido 161 millones 348 mil pesos en la compra del predio al
panista José Antonio de los Santos Egozcue.
Posteriormente,
un millón 486 mil pesos para cubrir el
coste de recuperación al organismo descentralizado del Gobierno Federal, Aeropuertos
y Servicios Auxiliares ASA, “por la elaboración de una base de datos de los
estudios climatológicos aeronáuticos del sitio”, más 54 millones 717 mil pesos
de siete terrenos en Mexicali y uno en Tijuana, autorizados por la anterior
Legislatura en septiembre de 2016 “… como pago en especie para cubrir los
honorarios de los trabajos de terracería en las hectáreas destinadas al
aeródromo”.
AEROPUERTO A
INVESTIGACIÓN.
Armando
Reyes Ledesma, presidente de la
Subcomisión Aeroportuaria en la Comisión de Infraestructura en el Congreso de
la Unión, detalló que pese a que la empresa renunció al proyecto, debe pagar
por su incumplimiento en la primera fase.
“Es una APP y lo que tengo a la mano,
es que todos han faltado al compromiso”, y recalcó, es posible que este caso se
asemeje a lo que sucedió en Texcoco, Estado de México.
Corresponderá a la siguiente
administración dar seguimiento al proyecto, ya que el dinero no se puede
desperdiciar como hasta el momento lo ha hecho el Gobierno del Estado.
Reyes advirtió que pedirán una investigación ante
la Auditoría Superior del Estado para verificar en qué se ejerció cada peso del
erario público.
IP TENÍA UNA
“CORAZONADA”
De acuerdo
con Jorge Cortés Ríos, titular del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada
(CCEE), el posicionamiento de los
empresarios siempre fue que primero se resolviera la operación del aeropuerto
civil de El Ciprés y después pensar en otro más grande.
“Aunque nadie se opone al desarrollo,
siempre expusimos la necesidad de echar a andar el de El Ciprés para atraer
turismo en avionetas, y conforme se den las cosas, hacer uno internacional en
Ojos Negros”,
declaró respecto al estatus del proyecto.
Lamentó que la propuesta impresa y
firmada por la Iniciativa Privada no haya sido tomada en cuenta por el
gobernador.
En ella,
dijo, se pidió realizar las dos obras en
paralelo, no perderla de vista y “meterle dinero al aeropuerto pequeño que
tenemos, con pistas y pavimentado, con oficinas de migración, así como una
aduana. Queremos cosas posibles, independientemente de las prioridades”.
Y argumentó,
éste es un ejemplo de que en el CCEE han
tenido razón en varios planes, como en el tema del agua, “dijimos a las
autoridades que en 2013 íbamos a tener problemas con el agua y así fue, nos
quedamos sin agua porque tenemos gobiernos omisos”.
Cortés entregará a la próxima gubernatura estatal
la misma carta con las obras pendientes para Ensenada, en la que no incluyen el
Aeropuerto de Ojos Negros.
PREDIO DE
AEROPUERTO, “PATRIMONIO DE BAJACALIFORNIANOS”
En la última visita de Francisco Vega
de Lamadrid, se le preguntó directamente, pero omitió hablar de los avances del
aeropuerto, sólo se desvió e hizo mención de otras obras pendientes que han
sido descuidadas por el Gobierno Federal, como el Libramiento Oriente y la
ampliación del Bulevar Costero.
“Ya compramos ahí más de 700
hectáreas, ya son parte del patrimonio de los bajacalifornianos. Están los
permisos para que esto sucediera, mediciones de viento, neblina y cosas
técnicas”, resumió sobre la mega obra prometida en campaña.
Aunque
cuentan con los permisos, se abstuvo de dar fechas, “pasa mucho tiempo, sobre
todo por las mediciones que tienen que hacer de los vientos, de las neblinas y
de muchas cosas técnicas que he aprendido en el periodo de la gubernatura”,
fueron las últimas noticias de “Kiko” Vega respecto al mega-proyecto que
incluyó en el Plan de Desarrollo 2014-2019.
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