La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
emitió medidas cautelares a favor de los pueblos originarios de la zona que
resultaría afectada por la termoeléctrica de Huexca, para que el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador reconsidere la realización de una consulta sobre la
operación del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Y, luego de condenar el asesinato del opositor
a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, la madrugada de este miércoles,
exigió que se brinde protección a los compañeros del activista.
El
presidente de la CNDH, Luis Raúl
González Pérez, explicó que tras el
homicidio de Flores Soberanes llamó a las autoridades federales y del estado de
Morelos para que realicen “una investigación profunda, exhaustiva, profesional,
técnica y científica”, sin adelantar conclusiones sobre el móvil del crimen.
Entrevistado
al concluir su participación en el Seminario “Migración, Retorno y Derechos
Sociales”, el ombudsman nacional puntualizó
que la intervención del organismo a favor de los inconformes no pretende
“entorpecer proyectos de desarrollo”, sino que las medidas cautelares van en el
sentido de hacer el llamado al gobierno federal para que “se pondere, se
reflexione si hay condiciones de tranquilidad y paz” para llevar a cabo la
consulta este fin de semana.
Las medidas cautelares –añadió–
buscan que la consulta se realice con base en los parámetros nacionales e
internacionales de derechos humanos, además de que lo ideal sería “que se
construyera el diálogo adecuado para la construcción de esa consulta que permitiera
a todos expresar su punto de vista sobre uno de los proyectos que incide
directamente en las poblaciones”.
Por otra
parte, en dos comunicados el organismo
dio a conocer que solicitó medidas cautelares a los gobiernos federal y de
Morelos a favor de familiares y compañeros de Flores Soberanes, “para
salvaguardar sus vidas e integridad personal, así como para evitar hechos de
similar naturaleza, y que este caso no quede en la impunidad”.
Más tarde la CNDH dio a conocer que, como resultado
de la reunión que sostuvieron representantes de pueblos originarios de los
estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla, el martes 19, se determinó solicitar
medidas cautelares a las secretarías de Energía (Sener) y de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos,
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (INPI) y el gobierno de Morelos, como convocantes de una consulta
sobre la operación de la termoeléctrica “Proyecto Integral Morelos”, anunciada
para los días 23 y 24 de febrero.
Agregó que según el testimonio de los
pobladores de la zona que sería impactada por la termoeléctrica, hasta el
momento no se ha proporcionado a todas las comunidades “información suficiente
y oportuna sobre el impacto que ese proyecto pudiera representar para la salud,
el medio ambiente y las condiciones de vida de esas comunidades”.
La CNDH pidió a las dependencias federales y
locales que “establezcan mesas de diálogo y negociación donde se pondere y
reflexione sobre las condiciones para la realización de la consulta a los
integrantes de los pueblos originarios y comunidades indígenas que residen en
los municipios en que podría operar la planta termoeléctrica”, así como para
que se “realicen los procedimientos para que la consulta sea previa, libre,
informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y cuente con los estándares
nacionales e internacionales en la materia”.
De igual
manera, destacó que en la reunión de
ayer los pobladores denunciaron que “ante la falta de información integral
sobre la operatividad y viabilidad del proyecto, se ha configurado un clima de
hostilidad en las comunidades por la existencia de grupos antagónicos o
provocadores y, sobre todo, ante los riesgos inminentes que dicha consulta traería,
y que se pretende avalar la implementación del proyecto sobre un área de origen
volcánico y de alta sismicidad”.
Tras señalar que los solicitantes de
las medidas cautelares insistieron en que no se ha dado suficiente información
sobre los “riesgos a su integridad, salud, medio ambiente y condiciones de
vida”, la CNDH consideró que en la zona donde se pretende operar la planta
termoeléctrica “existen elementos suficientes de gravedad, urgencia y daño
irreparable, por lo que se deberá salvaguardar la protección de los derechos a
la vida, seguridad e integridad personal, mediante la implementación de medidas
cautelares en favor de los miembros de las comunidades indígenas y pueblos
originarios donde impactará la construcción de dicha termoeléctrica”.
Finalmente, el organismo puntualizó que la solicitud de
las medidas cautelares “tiene como finalidad coadyuvar de manera preventiva con
las autoridades en la solución de una situación de conflicto”, lo que no
significa “prejuzgamiento alguno sobre los hechos, sino la posibilidad de
brindar elementos que generen acciones que impidan la vulneración de la
integridad de las personas, así como de sus derechos colectivos”.
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