Por
Guadalupe Correa-Cabrera.
Manuel
Bartlett Díaz, director general de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) revela recientemente nombres de
funcionarios públicos mexicanos del más alto nivel—incluyendo ex presidentes
como Felipe Calderón Hinojosa, secretarios de Estado y ex directores de esta
empresa—que contribuyeron por años al desmantelamiento de la paraestatal,
favoreciendo a empresas transnacionales (de las que ahora son parte) con
jugosos contratos. Esto se suma a las revelaciones que han hecho el propio
Presidente de México y miembros de su gabinete con relación al saqueo
monumental a Petróleos Mexicanos por parte de personal de la empresa con
conocimiento y quizás (muy probablemente) involucramiento directo de sus
líderes sindicales y sus directivos en todos los niveles.
Estas revelaciones son escandalosas,
en efecto, y marcan una grandísima distancia con respecto de lo que había sido
hasta hace muy poco la relación entre el sector público mexicano y las empresas
transnacionales en el sector de la energía. Estamos hablando ahora sí de una
“gran transformación” (esperemos). Ha sido ampliamente cubierto el papel de
servidores públicos de altísimo nivel al servicio de las transnacionales—para
las cuales ahora trabajan o han llegado a trabajar, asesorar y/o representar.
Destaca la estupenda investigación y cobertura de estos casos por parte de
periodistas extraordinarios como Arturo Rodríguez García de la revista Proceso,
Sandra Rodríguez Nieto (quien escribió para SinEmbargo) y, nada más y nada
menos, que Jesús Ramírez Cuevas—ahora Coordinador General de Comunicación
Social de la Presidencia de la República y quien fue pionero en este tipo de
investigaciones. Gracias a Jesús, yo aprendí de este tema, he citado su trabajo
en mis propias investigaciones, y reconozco su valentía y su congruencia. Para
Arturo y para Sandra, también mis mayores respetos.
Gracias a ellos y al trabajo de otros
periodistas valientes conocimos, los que hemos estado interesados en el tema de
la energía y la reforma energética en México, la manera en que ex presidentes
mexicanos, políticos y funcionarios públicos, con actitudes serviles y mediante
prácticas corruptas, se enriquecieron y favorecieron enormemente a las grandes
transnacionales en el sector de la energía en detrimento de nuestra nación y
nuestras finanzas públicas. Lo más problemático de todo es que fueron
recompensados, en especie o con posiciones clave, y algunos incluso fueron
invitados a formar parte de los consejos de administración de las empresas a
las cuales beneficiaron. Lo sabíamos desde antes, cierto; estas no son noticias
nuevas. Lo que es notable y resulta bastante alentador, es que toda esta
información se haya compartido a la nación desde el centro de poder en México.
Bienvenida la “Cuarta Transformación”.
El clima en México en los últimos
años había sido extremadamente favorable para las compañías energéticas
transnacionales y para cualquier empresa que suministra productos y servicios
para la industria energética (del tipo de Halliburton). México ofreció
importantes incentivos y nuevas oportunidades para aquellos que podían entrar
en su mercado energético (incluyendo grandes empresas mexicanas ligadas a los
apellidos Salinas de Gortari y Slim). Todo esto benefició a las compañías
transnacionales y afectó a la economía nacional. De esto hay evidencias y el
tipo de contratos que ayer se revelaron lo demuestra perfectamente. Aún hay
mucho por investigar y no sería sorprendente encontrar mucho más y
responsabilizar a otros más.
Perdía México, ganaban las
transnacionales y sus fieles empleados serviles nacionales.
La nueva legislación energética,
grandes oportunidades de negocios en este sector y un conjunto deliberado de
políticas y estrategias—incluyendo la militarización de la estrategia de
seguridad de México (iniciada por Felipe Calderón) y la clara protección de los
intereses transnacionales a través de las acciones gubernamentales—ofrecieron
un terreno fértil para inversiones gigantescas en el sector de la energía
eléctrica y los hidrocarburos. López Obrador ha marcado su distancia de esta
dinámica y esto es para celebrarse, ¡valiente decisión! De nuevo, pareciera que
vivimos en este momento el comienzo de una gran transformación (ojalá).
Pero en el marco de esta transformación, los
retos son colosales. La actual administración en México se encuentra afectando
intereses monumentales, lo que generará ciertamente represalias de la misma
magnitud. Estos actores tienen capacidad de presionar al Gobierno mexicano con
acciones inesperadas y muy perjudiciales para la economía o la estabilidad
política en el país. Lo harán hoy o mañana; parece que ya tienen a sus voceros
y preparan una ofensiva que podría ser brutal. México deberá estar preparado
para la emboscada. Sabemos que estas empresas son, por así decirlo, las dueñas
del mundo, y están representadas por los hombres más ricos del mundo—incluyendo
a Carlos Slim. Estas empresas no dudarán en tratar de recuperar los espacios
que ya habían ganado en el sector energético mexicano.
Por otro
lado, el Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador enfrenta una disyuntiva que no puede dejarse de lado. Las recientes
revelaciones del Gobierno mexicano ponen el dedo en la llaga y ponen nombre y
apellido a los responsables del gran desfalco que ha sufrido México a través
del desmantelamiento de su sector paraestatal. Esto es mucho mejor que el
juicio de “El Chapo” Guzmán en Nueva York. Ahora, en la Ciudad de México, y sin
espectáculos montados por estadounidenses con agendas particulares, nos damos también
cuenta de la enorme corrupción de autoridades mexicanas, que involucra hasta a
expresidentes.
Tomando esto en consideración, López
Obrador debe recordar que es Presidente de México y no un mesías salvador que
tiene la capacidad de otorgar un perdón si así lo considera necesario para
preservar la gobernabilidad del país. Esta es la gran paradoja y es una
cuestión básica de justicia y estado de derecho. La gobernabilidad no se
consigue con amnistías o perdones a los corruptos. Hacer esto podría terminar
en una tragedia; recordemos el caso de Brasil. El servilismo y la corrupción
por parte de funcionarios públicos que utilizaron la puerta giratoria
(revolving door, como lo reporta recientemente mi colega Arturo Rodríguez)
representan un acto criminal que debe ser castigado de forma inmediata. El
Presidente y su equipo deberán utilizar toda su energía para hacer valer la
justicia y el estado de derecho y así transformar a México. Me parece del todo
apropiado que se empiece con el sector de la energía. Esta podrá ser la
verdadera energía de la Cuarta Transformación.
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