Por Rodrigo
Vera.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) pidió
sancionar administrativamente a los funcionarios que resulten responsables,
luego de detectar que, como secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel
Osorio Chong, incumplió con su obligación de formular, regular y conducir el
proyecto de política de Comunicación Social del gobierno federal.
En una
auditoría forense que acaba de presentar, la ASF indica que en 2017 Osorio Chong autorizó 2 mil 760 millones de pesos
destinados a las áreas de comunicación de nueve dependencias, pese a que el
Congreso de la Unión no aprobó el gasto de esos recursos para esas áreas.
Señala que, a través de su Dirección
General de Normatividad de Comunicación (DGNC), la Segob no acreditó contar con
los proyectos de dicha política de comunicación en la revisión de la Cuenta
Pública de ese año.
“Se presume que la Segob, a través de
su titular, incumplió la obligación de aprobar el proyecto de la política de
Comunicación Social del gobierno federal, toda vez que la DGNC no acreditó
contar con los proyectos de dicha política”, puntualiza la auditoría forense,
sin proporcionar nombres.
De acuerdo
con la ASF, las nueve entidades que
recibieron esos recursos son: el Consejo de Promoción Turística de México; las
secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
el Instituto Nacional de Migración; el Fondo de Cultura Económica; la Lotería
Nacional; el Servicio Geológico Mexicano; la Comisión Reguladora de Energía, y
la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales.
El Consejo de Promoción Turística de
México fue la entidad que recibió más recursos: mil 99 millones de pesos, y el
Fondo de Cultura Económica (FCE) el que recibió menos: 1 millón 999 mil pesos.
Entre las argumentaciones que
presentaron las dependencias resalta la enunciada por el FCE de “llegar a un
mayor público lector”, y la de la Lotería Nacional, de “mantener vigente y
promocionada la imagen de la marca de la institución”.
Igualmente,
la ASF detectó otro probable daño a la
Hacienda Pública por 13 millones de pesos que la Segob destinó para pagar
campañas de Comunicación Social de 2016, pero con recursos de 2017.
Asimismo, encontró que otros 48 millones 900 mil
pesos asignaron para gastos de campañas que, sin embargo, “no se difundieron a
la población”.
Ante estos hechos, una de las
solicitudes de procedimiento de sanción administrativa pide que se investigue a
los servidores públicos por el incumplimiento de la planeación y supervisión de
las campañas publicitarias del gobierno federal.
No obstante,
dice la ASF, las recomendaciones y
acciones de su informe pueden confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse
en 30 días hábiles, que es el plazo para presentar información y realizar
consideraciones.
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