Por Daniela
Barragán.
De 2011 a 2017, años en los que
Eruviel Ávila Villegas fue Gobernador del Estado de México, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) le hizo a su gestión y a los municipios de la
entidad un total de 339 observaciones que pudieron provocar un desfalco al
erario federal por 14 mil 131 millones 769 mil 665 pesos.
Ese dinero quedó sin comprobante de
uso, no se ejerció y no se devolvió a la Tesorería de la Federación, se pagó en
anticipos de obra que no se hizo, se pagó a empleados fantasma, a personal
sindicalizado, se dieron estímulos y bonos, se pagó a policías que fueron
escoltas de ex funcionarios o se transfirió a otras cuentas.
Tanto el
gobierno estatal como a nivel municipal, las
observaciones fueron las mismas para el uso del dinero de las transferencias
que se enviaron a la entidad para el fortalecimiento del sector salud, de
infraestructura, seguridad y educación.
En 2015 se registró la cifra más alta de dinero que
no se utilizó. La ASF detectó un posible daño al erario por 4 mil 465 millones
211 mil 281 pesos, le siguieron los años 2016 (3 mil 134 millones) y 2012 (2
mil 522 millones), su primer año de gestión.
Ávila
Villegas terminó su gestión como Gobernador en septiembre de 2017. Semanas
después ocupó durante dos meses la dirigencia del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en la Ciudad de México. Ese puesto lo abandonó en
diciembre, luego fue vicecoordinador de la campaña presidencial del candidato
priista José Antonio Meade.
Tras el
derrumbe que la elección de 2018 representó para el PRI, Ávila Villegas encontró piso firme en el Senado de la República bajo la
figura de plurinominal. Desde que tomó protesta ha buscado generarse una imagen
de “senador cercano a la gente”. Informa de sus tareas del día, hace enlaces en
vivo desde su cuenta de Twitter para acercar el poder legislativo a la
ciudadanía e informa los avances de la Comisión de Marina, que él preside.
Pero antes
de esa nueva imagen está la herencia que
dejó en el Estado de México, que es un paquete de pobreza, inseguridad y
feminicidios.
En mayo de
2017, SinEmbargo publicó un cálculo
elaborado por Leonardo Núñez González, investigador del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), que señaló que de 2011 a 2015, el Estado de
México ocupó el tercer lugar en irregularidades ante la ASF en el presupuesto a
nivel nacional sólo por debajo de Veracruz y Michoacán.
Con la
revisión casi total de su administración
(falta la publicación de la tercera entrega de la ASF referente al último
periodo de 2017), el monto de las irregularidades alcanzó los 14 mil millones
de pesos.
Al hacer una
revisión por año, SinEmbargo detectó un
total de 339 pliegos de observaciones que la ASF levanta si detecta desvíos de
recursos y lo envía a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y si no hay una
respuesta, se manda a la Procuraduría General de la República (PGR, hoy
Fiscalía) para una denuncia penal.
En marzo de
2017, Ávila Villegas dijo a la prensa
que su administración estaba dispuesta a explicar al Congreso mexiquense las
observaciones de la ASF porque “todo lo que se hace en el Estado de México es
con plena transparencia”. Días después José Manzur Quiroga y Joaquín Castillo
Torres, secretarios general de Gobierno y de Finanzas del Estado de México,
respectivamente, comparecieron ante las comisiones de Planeación y Gasto
Público y de Finanzas Públicas del Congreso estatal.
Hasta el momento no hay ninguna
investigación al respecto. La única pesquisa que hay cercana a Eruviel es por
la asignación de notarías.
SEIS AÑOS DE
AUDITORÍAS.
De acuerdo
con la revisión hecha por este medio digital, los desvíos se registraron en el Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud; en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal; en los Recursos Federales Transferidos para
la Educación Superior de Calidad; en los recursos para el Fortalecimiento de la
Educación Media Superior en el Colegio de Bachilleres y en el Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.
También en los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal; en el dinero del Programa Escuelas de Tiempo
Completo; en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos; en los recursos del fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones
de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial; en los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y en el Fondo de
Aportaciones múltiples.
En cuanto a
los municipios, entre los que más
incurrieron en fallas son Cuatitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de
Zaragoza, La Paz, Teomoaya, Tutltitlán, Toluca, Chalco, Naucalpan y Acambay.
Las fallas más recurrentes
encontradas por la
ASF son “dinero sin comprobar erogación”,
dinero que no se ejerció pero que no se devolvió, dinero que se transfirió a
otras cuentas, en obras que las autoridades informaron que se harían pero que
jamás se construyeron o que están incompletas y dinero que se utilizó a otras
cosas pero a los fines a los que estaba destinado.
También están los empleados fantasmas: se gastaron
millones en salarios a personas que no cumplían con perfiles para trabajar en
el sector salud, educativo o de seguridad; se encontraron empleados sin ninguna
categoría; se pagó a personal con permiso sin goce de sueldo; a personal que
nunca se encontró; se pagaron becas, bonos y estímulos.
También hubo dinero a policías que
fungieron como escoltas de exfuncionarios; salarios por arriba del tabulador y
faltó reintegrar cheques que fueron cancelados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.