Salvador
Camarena.
Solemos no
conceder a Andrés Manuel López Obrador la capacidad de la premeditación. Sus
acciones son vistas, y muchas veces desacreditadas, como ocurrencias sin
anclaje o producto de la improvisación. Quizá también en eso subestimamos al
hoy presidente de la República.
Las
estancias infantiles de la ex-Sedesol eran un programa arraigado en las zonas
donde atendían a una población de más de 300 mil infantes. El cambio de cuajo a
este programa, al que se le quitaron más de la mitad de los recursos, ha hecho
crisis mediática este febrero. Pero ¿cuándo se tomó la decisión de trastocar lo
que parecía funcionar? Pero, sobre todo, ¿por qué se decidió tal cosa? La respuesta
a la primera pregunta se remonta a septiembre. Y en torno a la segunda hay un
manojo de razones, entre ellas una ideológica, dicen fuentes de Morena.
El fin de
las estancias infantiles de la ex-Sedesol se comenzó a escribir en la gira
nacional del agradecimiento de López Obrador. En diversas poblaciones, por
ejemplo, el 16 de septiembre en Nayarit, el candidato triunfante se topó con
'señoras' que demandaron hacer de las estancias una prioridad. Paranoico o
sagaz, ustedes decidan, el tabasqueño asegura que sus años de activista le han
enseñado a distinguir entre una protesta hechiza y una espontánea (se entiende
que legítima). Lo de las 'señoras', concluyeron en el entorno de AMLO,
pertenecía a la primera categoría. La confirmación de tal suspicacia llegaría
en diciembre, cuando el presidente ya en funciones vio cómo volvieron a
protestar.
Las
estancias, creen en el gobierno, conforman un universo “organizado y
desorganizado”: hay seis colectivos, y hay miles más que no pertenecen a
ninguna agrupación. Según las cuentas del gobierno, hasta en 80 por ciento de
las estancias se presentaban irregularidades. No todas de la misma gravedad,
destacando aquellas donde detrás de varios establecimientos hay políticos que
administran 'consorcios' de estancias: abren varias con prestanombres, trafican
con información entre unas y otras, dan de alta a niños a los que no atienden
(logran lo anterior al tomar para una supuesta lista de espera los datos de
infantes que son rechazados “por no tener de momento cupo”), cobran en demasía,
etcétera.
Ante esa
realidad, el gobierno se planteó que los niños de cuatro años fueran directo a
preescolar, y, por tanto, las reglas de operación cambiarían para que ya no se
pudieran admitir esos infantes en las estancias, y de ahí la razón de cortar
por la mitad, de 4 mil millones a 2 mil millones de pesos, números redondos, el
presupuesto de este programa en 2019.
Otro
elemento fue relativo a topar en otro tanto, 950 pesos, el monto que las
estancias podrían cobrar a las madres de los niños atendidos. Según fuentes del
gobierno, se daban casos de abusos donde se cobraban hasta tres veces eso,
además del subsidio, claro está, que el gobierno transfería a las señoras de la
estancia por cada infante. Que se hiciera negocio de esa manera, aseguran, es
de lo que más preocupó a la presente administración. Eso también se corregiría
en las nuevas reglas de operación.
Finalmente
hay un elemento ideológico en la decisión: al presidente le preocupaba que,
dado que el grueso principal de las estancias se abrió en tiempos de Calderón,
en ellas se diera algún tipo de propagación de conservadurismo.
En conjunto,
todo eso estaría detrás de la decisión de desmontar un programa que parecía
funcionar, incluso a pesar de su promesa en el Zócalo del 1 de diciembre, donde
dijo que continuarían las estancias infantiles.
Pero al
advertir resistencia a los cambios que se planteaban ya desde la reducción
misma del presupuesto, y luego de que las protestas llegaran a la Ciudad de
México, fiel a su costumbre, Andrés Manuel dobló la apuesta: decidió dar
directamente el apoyo a las madres y, paradojas de este gobierno de izquierda,
dejar que sean aquellas estancias “mejor posicionadas” entre la población, es
decir, mejor rankeadas entre los consumidores, las que sobrevivan. O de cuando
Morena y las leyes de la mano invisible del mercado se abrazan sin querer.
Esta
decisión obligó a que en la Secretaría del Bienestar trabajen en cambiar, de
nuevo, las reglas de operación que ya limitaban a los niños de cuatro años. En
esas andan.
Así que el impulso
por descuajeringar las estancias improvisado, improvisado, no fue. De ahí que
funcione, eso es otra cosa.
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