La imagen, a
través de la cámara infrarroja, es dantesca: densas nubes negras y grises se
extienden y dan giros encima del pozo, que apenas hace unos segundos se veía
inofensivo. De hecho, si no fuera por el olor a huevo que nunca se va de esta
ciudad y el ruido de las bimbas, parecería que no está funcionando. Porque a
diferencia de la Refinería, aquí no salen llamas de lo alto de las
instalaciones. Sólo es un veneno incoloro.
Es noviembre
de 2017. En Poza Rica, Veracruz, hace un día normal. Los niños van a la escuela
y los centros de salud lucen llenos. Pero cuando el equipo de Earth Works saca
su cámara y comienza a dirigirla hacia los pozos petroleros que hay por toda la
ciudad, el cielo que aparentemente está claro se satura de humos que crecen y
se alargan.
¿Qué son
esos gases? Nadie aquí puede respondernos. Y meses después, sabremos que nadie
podrá hacerlo. Porque en México, las instituciones responsables de controlar
las emisiones no monitorean ni registran con metodologías claras las “emisiones
fugitivas” (o contaminantes que se escapan) en el proceso de exploración y
explotación de hidrocarburos.
Todas las empresas emisoras de
contaminantes tienen la obligación de hacer dos trámites: la licencia ambiental
única, que es el permiso de instalarse y emitir gases, y la Cédula de Operación
Anual, más conocida como COA, un formato para reportar cuantas emisiones hace.
Las COA alimentan el Inventario
Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, a través de
dos instrumentos: el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC) y el Registro Nacional de Emisiones (RENE).
La
diferencia entre ambos es sutil, pero importante: el RENE registra emisiones de cambio climático y las empresas sólo
tienen la obligación de reportar sus emisiones cuando son arriba de 25 mil
toneladas al año de gases de efecto invernadero. En cambio, el RETC incluye
todas las emisiones (también las que no rebasan 25 mil toneladas al año), e
incluye emisiones contaminantes en agua y suelo, no sólo de aire. Es decir,
tiene un universo más amplio.
Sin embargo,
todos los registros tienen el mismo
problema de origen: basan sus datos en las COA. Y una COA es algo que cada
empresa presenta de manera unilateral.
“Es como la declaración de impuestos,
tú presentas tu información y mientras no te caiga una auditoría, Hacienda la
da por buena”, dice
Manuel Llano, de Cartocrítca.
El marco legal regulatorio para las
emisiones contaminantes de la industria está en La ley General de Cambio de
Climático (LGCC), la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA), la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y los reglamentos en materia de
registro de emisiones. De ellos se desprende que los organismos encargados de
regularlas son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), creada en 2015 y que concentra
varias atribuciones que antes estaban en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Cuando decidimos seguir la pista a
los gases de Poza Rica rápidamente descubrimos que es un rastro difícil y que
requiere mucha precisión técnica. Así que pedimos ayuda a un grupo de expertos
en solicitudes de información, ambientalistas y abogados. La Fundación Heinrich
Böll nos llevó a Fundar, Fundar a Cartocrítica y Cartocrítica a Cemda. Durante
meses, nos ayudaron a definir y sistematizar medio centenar de solicitudes de
información que, para efectos de organización, se dividieron en tres grupos:
INECC/Semarnat, ASEA y Petróleos Mexicanos (Pemex).
INECC: UN
INVENTARIO HECHO CON ESTIMACIONES.
El Inventario Nacional de Emisiones
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero es una obligación del INECC, pero
no tiene una frecuencia fija: las emisiones de fuentes fijas se miden al año, y
las que no son de fuentes fijas son cada dos años. Aunque tiene la obligación
de hacer pública la información, se presenta como “actualización” y el link del
sitio web donde se integra la información tiene documentos incompletos.
En el proceso de la investigación, el
INECC fue el menos serio para contestar. Aprovechó cualquier falla en la
pregunta para dar largas en sus respuestas. Pero el dato principal que surgió
de esas respuestas fue la inconsistencia metodológica para construir un inventario.
En la
solicitud 1612100007918, por ejemplo, sobre
emisiones que le entregaron estados y municipios. La respuesta incluyó datos de
transporte (estimación de la flota vehicular en circulación a nivel municipal)
y residuos (encuesta sobre los sitios de disposición final), y “para el resto
de las categorías del Art.7 de la LGCC no se recibió información de los Estados
y Municipios, ya que se estimaron las emisiones con las estadísticas
nacionales”.
“No dudo que el inventario esté
construido con estimaciones muy serias, pero sin datos reales de los estados y
municipios. ¿Cómo lo están calculando?”, preguntó asombrada Carla Flores, de Fundar, al recibir la
respuesta.
La ASEA
[Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos] fue creada marzo
de 2015 y es la encargada de regular los gases contaminantes, por lo que a la
pregunta de si existe un procedimiento para el monitoreo de emisiones
fugitivas, respondió que no, pero que el emisor lo registra en la COA. De
hecho, a pesar de que la agencia está obligada a emitir formatos y lineamientos
propios, en prácticamente todas sus respuestas remitió a las COA.
En esta investigación no hubo ninguna
respuesta positiva de la ASEA. A la pregunta de si Pemex hace verificación o
vigilancia y respondieron que no tienen reportes y “no están obligados”; a la
solicitud del listado de emisiones en caso de accidentes, contestaron que no la
tienen, que no es su obligación, que el emisor debe entregar de forma
voluntaria y ellos apenas empezaron. En relación a si los emisores están
obligados a presentar esa información respondieron: “Sí”; y en relación a si
hay un reporte de esas verificaciones dijeron “no”. La perla de todas las
respuestas estuvo en la solicitud 1621100016818, sobre las emisiones fugitivas
en caso de contingencias o accidentes. “¿A qué se refiere con emisiones
fugitivas?”,
respondió el enlace.
Al final solicitamos también un
listado de las licencias ambientales únicas de Pemex en Veracruz. Nos
remitieron a Semarnat. Lo pedimos a Semarnat y respondió que ya no son sus
atribuciones, sino de la ASEA.
“Los peor
–dice Manuel Llano– es que esta falta de
transparencia y de operatividad y flujo de información no sólo es de la
autoridad a la ciudadanía sino es interdependencias e intradependencias”.
Pemex es uno de los principales
emisores de gases de efecto invernadero en México, así que fue a donde se
dirigieron más solicitudes de información, para distintas áreas.
En una de las solicitudes, la
paraestatal entregó un html que no está en formato de tabla y resulta ilegible.
En otra, al pedirle las bitácoras de información y mantenimiento, que está
obligado a tener, entregó 11 discos con COAs. En otros casos dijo que la
información es inexistente o reservó la información por cinco años argumentando
seguridad nacional.
En la
solicitud 1857500042718, a la pregunta
sobre la frecuencia con que se realizan mediciones de las emisiones fugitivas
de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, respondió que sólo
realiza “estimaciones de las emisiones a la atmósfera” y no se realizan
mediciones directas.
Aunque el
objetivo inicial de este reportaje fue conocer el registro que hay de las
emisiones fugitivas, durante la búsqueda de información fue evidente que,
incluso en las emisiones de proceso, no hay un registro eficiente.
Así que si una persona quiere saber
cuánto contamina la fábrica de su municipio o la refinería más cerca de su
ciudad, no tiene ninguna posibilidad. Después de meses de preguntar, tampoco
sabemos qué gases son los que circulan en los pozos extractivos de Poza Rica.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.