Palabra de Borge.

Javier Risco.

Los excesos del exgobernador priista Roberto Borge eran conocidos por todos en el estado. Su virreinato se mantenía resguardado por un gobierno federal que lo consideraba de esa nueva generación de políticos emprendedores, esos que llevarían al nuevo PRI a una cascada de mandatos. Se juntaba en Palacio Nacional con los otros gobernadores, cada uno con comitivas de decenas que los esperaban antes de que sus helicópteros aterrizaran; hicieron lo que quisieron de 2012 a 2016, cuatro años en los que nadie los tocó, nadie los auditó, nadie se atrevía a mirarlos a los ojos, así era ser gobernador en nuestro país, así era el poder –ojalá no me equivoque en conjugarlo en pasado–, y así era el poder de Roberto Borge.

Ayer, el exgobernador de Quintana Roo por primera vez habló públicamente desde que fue detenido, no fue para declararse culpable o para pedir perdón, no, el exgobernador acusó a la pasada administración federal, en particular al exprocurador Raúl Cervantes, de haber emprendido una persecución política en su contra –le pido, amable lector, que no se ría. Cito lo dicho por Roberto Borge: “Por primera vez haré uso de la palabra. Primero que nada, recordándole a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de gobierno. En cuanto a mi situación durante el tiempo en que se investigó por parte de la anterior administración de la PGR, quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la administración anterior y hago responsable a la PGR, cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos […] No habían podido acreditarme siquiera el motivo del lavado de dinero. Le quiero hacer patente que, por lo demás, me declaro inocente, hago un exhorto al señor fiscal, Alejandro Gertz Manero, para que pueda (revisar) la causa penal”.

¿Por qué habla hasta ahora? Tal vez la moda de los exgobernadores libres en estos tiempos de la cuarta transformación le ha abierto la ventana de la esperanza. Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, acusado de fraude fiscal y famoso por construir una PRESA en su rancho, ahora está libre, la reacción de López Obrador fue: “Yo respeto la decisión del Poder Judicial, (...) el nuevo gobierno no actúa por consigna, no se le obliga a ningún juez de que se castigue a nadie. Somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, no hay persecución política”. Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, con procesos federales y locales por el delito de peculado y evasión fiscal, logró hace tres semanas su tan ansiada prisión preventiva domiciliaria; pasó de la torre médica penitenciaria de Tepepan a una casa en Coyoacán. Y así se van formando, Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, acusado de supuesto abuso de poder en compra-venta de terrenos, ya le envió una carta a López Obrador para que revise su caso; Mario Villanueva, otro exgobernador de Quintana Roo, también le envió una carta al Presidente para que le “ayude a salir libre”, él fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero.

En fin, no voy a hablar de la “esperanza” de los exgobernadores, sólo recordar un capítulo de este “inocente perseguido político” llamado Roberto Borge. El 6 de julio de 2016, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con grupo Expansión, publicaron el reportaje “Los piratas de Borge: El saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo”. El trabajo hecho por Mariel Ibarra y Silber Meza exponía la manera en la que empresas y particulares fueron afectados a través de una maquinaria institucional operada por una red que involucraba a funcionarios públicos del gobierno de Roberto Borge. De acuerdo con el trabajo periodístico, “Esta red manejaba un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo también opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Los denunciantes señalan que la estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad y al menos una notaría pública a través de juicios civiles exprés”. De esta manera el gobierno estatal se adueñaba de tierras y playas del estado. Un botón de muestra de decenas, del despojo y los excesos.

Vienen semanas clave en su juicio y por alguna extraña razón la 4T envalentona a políticos acusados, creen que su palabra gana peso, la impunidad, creen, está de su lado.