El gobierno de Enrique Peña Nieto
mantuvo en 2017 el mismo esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa
Maestra: más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron en las
secretarías de Desarrollo Territorial, que encabezaba Rosario Robles, y de
Agricultura, que tenía a José Calzada como titular.
De acuerdo
al informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este
miércoles, las dependencias utilizaron a
la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el
Instituto Tecnológico Superior de Centla y nuevamente a Radio y Televisión de
Hermosillo (Telemax).
Esto demuestra que las dependencias y
universidades públicas no cesaron este esquema pese a que en 2015 la Auditoría
interpuso seis denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la
República (PGR) por el presunto desvío de recursos públicos en la Sedesol,
dirigida por Rosario Robles, y las Universidades del Estado de México y la de
Morelos, con quienes hizo convenios para supuestos servicios.
Incluso, en 2017 hubo 18 denuncias penales más
también contra Sedesol y las universidades Intercultural del Estado de México,
la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Tecnológica del
Sur del Estado de México y Radio y Televisión de Hidalgo.
En ese año,
Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción publicaron la investigación
periodística La Estafa Maestra en la cual se demostraba que 11 dependencias del
Gobierno Federal utilizaron a 8 universidades públicas para hacer supuestos
servicios entre 2013 y 2014, pero éstas subcontrataron a empresas irregulares o
fantasma y, por lo tanto, los recursos públicos desaparecieron.
Además, Telemax ya había participado en este
esquema e incluso fue denunciado penalmente por la Auditoría ante la PGR el 24
de octubre de 2018, también por el presunto desvío de recursos a través de
convenios irregulares con la Sedatu firmados en 2016.
Las auditorías correspondientes al
quinto año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, forman parte del
Tercer Informe de Cuenta Pública de 2017 y es la primera entrega de la gestión
del nuevo auditor David Colmenares, quien asumió el cargo en marzo de 2018.
Por primera
vez en este tipo de revisiones, la
Auditoría omitió los nombres de las empresas que recibieron los recursos
públicos de ambas dependencias.
Los Presuntos Desvíos.
La Universidad Politécnica de
Tlaxcala fue la institución que más recursos recibió ese año: 188 millones 634
mil pesos, de lo que 94% (178 millones 634 mil pesos) fue considerado como
“recuperaciones probables” por la Auditoría debido a las irregularidades
detectadas.
El 16 de
agosto de 2016, la Universidad
Politécnica de Tlaxcala hizo un convenio general de colaboración con la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del que derivaron tres
convenios más firmados entre septiembre y octubre de ese año.
El primero tenía como objeto “el
Servicio de Investigación de los Programas Prioritarios de la SEDATU”; el
segundo, debía “llevar a cabo el Programa de educación cívica para el
desarrollo y aprovechamiento de espacios públicos en los estados de Puebla y
Tlaxcala” y el tercero fue para el “servicio integral para el diagnóstico y
construcción del Programa Vivienda para Prosperar y sus alternativas”.
Sin embargo,
la Sedatu argumentó que los pagos a esos
servicios los hizo en 2017, aunque las supuestas pruebas de la realización de
los servicios confirmaban que éstos se habían hecho en 2016.
Después de
las revisiones, la Auditoría detectó que
la Universidad “no prestó ningún servicio y su función fue únicamente
transferir recursos a los proveedores que instruyó la Sedatu sin que éstos le
prestaran los servicios objeto del convenio”.
Además, en el análisis de las cuentas bancarias, se
detectó que la institución educativa “pagó indebidamente a una persona moral de
las subcontratadas, servicios que no guardan ninguna relación con el objeto del
Segundo Convenio Específico, aunado a que dos personas morales a quienes les
realizó pagos por servicios, no fueron localizadas en sus domicilios fiscales”.
Una de las empresas subcontratadas
por la Universidad entregó supuestos comprobantes de servicios que “no guardan
ninguna relación con el objeto del primer convenio”, por lo tanto, dice la
Auditoría “se presume que la Universidad distrajo recursos de manera indebida”.
Mientras que en los comprobantes de
otro de los convenios, la ASF determinó que “no es posible identificar la participación
de los proveedores subcontratados para llevar a cabo los servicios, toda vez
que, de los entregables presentados por la Universidad, ninguno de los
documentos cuenta con el logo de la universidad, ni de los proveedores que los
realizaron, por lo que se desconoce la identidad de quién los realizó”.
En tanto, la Universidad Tecnológica de Campeche
recibió 86 millones 716 mil pesos de la Sedatu a través de convenios de
colaboración. De lo cual, la Auditoría determinó como “recuperación probable” 85
millones 321 mil pesos.
La Auditoría
concluyó que la Universidad no cumplió
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia y pagó
92.0% del dinero “por supuestos servicios prestados en 2016, a cuatro empresas,
de las cuales no acreditó la realización de ningún tipo de servicio para
cumplir con el objeto del convenio”.
Además, los entregables presentados por la institución “no se evidencia”
la participación de dichas empresas.
El Instituto Tecnológico Superior de
Centla hizo convenios con la Sagarpa y subcontrató 92.8% de los servicios que
sumaron 78 millones 114 mil pesos, lo que significa una violación a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su
Reglamento.
La Auditoría
determinó que realizó “pagos
improcedentes” a proveedores subcontratados para la ejecución de los trabajos,
pero no presentó la documentación que comprueben la realización de los
servicios.
La Televisora de Hermosillo, S.A. de
C.V. (TELEMAX) recibió 40 millones de pesos de la Sedatu para “la elaboración
del diseño y edición de material en audio, en video y gráfico de comunicación
social; evaluación sobre hábitos de consumo de medio y aplicación de sondeos de
opinión para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los
programas y acciones relacionadas con la SEDATU y las entidades paraestatales
sectorizadas”.
Sin embargo,
“no proporcionó documentación
justificativa y comprobatoria de la supuesta ejecución de los trabajos que
amparen los pagos realizados a las empresas Subcontratada 1 y Subcontratada 2, ni del remanente del proyecto”.
En el caso de la primera empresa no
se encontró en el domicilio fiscal; y en la segunda, su representante legal
manifestó haber subcontratado a su vez a la empresa 2, pero ésta empresa
tampoco fue localizada.
La Auditoría
comprobó que los recursos recibidos por
las empresas subcontratada 1 y 2 fueron transferidos a otras empresas que no
tuvieron injerencia en los servicios convenidos.
Además, Telemax “no registró en sus estados
financieros de 2016, en cuentas por cobrar el saldo pendiente a cargo de la
SEDATU, por 40 millones de pesos pagados en 2017; por otra parte, tampoco
registró los pasivos (adeudos) con los proveedores contratados por los servicios
presuntamente recibidos en 2016”.
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