Cerca de 400 desplazados por la
violencia en Guerrero, se manifiestan esta mañana afuera de Palacio Nacional
para buscar una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los afectados salieron en caravana de
la sierra de Leonardo Bravo (Chichihualco) y de Zitlala, en Guerrero, y
llegaron ayer domingo por la noche a la Ciudad de México para encabezar la
protestar en el Zócalo esta mañana y exigir una mesa de trabajo con el
Presidente ante la desatención del gobierno del estado.
A pocos días
de cumplir cuatro meses de mantenerse hacinados y a la intemperie, familias completas dejaron sus últimas
pertenencias en los refugios improvisados por los gobiernos municipales, para
protestar para que el gobierno federal les dé una solución definitiva.
La unión de estos dos grupos de
desplazados por la violencia se da ante la falta de respuesta de los Gobiernos
municipales y el estatal, quienes los han mantenido en situaciones precarias y
sin certeza en recuperar sus propiedades.
LA CARAVANA.
Ayer domingo
a las 11:35 de la mañana tres autobuses y seis carros particulares salieron de
la gasolinera de Tierras Prietas rumbo a la Ciudad de México, en los vehículos
rotulados con números viajaban 350 personas entre niños, mujeres, hombres y
adultos mayores, algunos de ellos enfermos de catarro.
A la espera de la llegada de esta
caravana estaba el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández quien
en declaraciones a reporteros señaló que en Guerrero ese centro de derechos
humanos está atendiendo a 3 mil desplazados por la violencia.
Agregó que antes en el estado los
primeros desplazamientos registrados se daban por el control del territorio,
por áreas de producción o rutas de trasiego, pero ahora se da por las
concesiones mineras que hay y que próximamente se pondrán a trabajar.
Agregó que se le expondrá al Presidente de la
República que atienda el problema de raíz, que radica en el carácter rapaz de
las empresas y la corrupción de las autoridades. “No es posible que se estén
ocupando a los grupos de la delincuencia organizada para desalojarlos y que no
haya ninguna resistencia para la exploración de las concesiones mineras”,
dijo.
Del objetivo de la acción expuso que
se busca establecer un plantón indefinido hasta que sean recibidos por el presidente
Andrés Manuel López Obrador “aunque sea una hora o 20 minutos”.
Declaró que la presión se busca para
que dé las indicaciones a quien las tenga que dar para que se resuelva y
atiendan las peticiones de los desplazados, porque lo que quieren es una
solución no más reuniones.
A la cabeza
de los desplazados de Leonardo Bravo que llegaron el 11 de noviembre a la
cabecera municipal Chichihualco, y cumplirán
4 meses de permanecer hacinados y durmiendo en colchonetas de Protección Civil
en el auditorio municipal, venía Crescencio Pacheco González.
En
declaraciones a reporteros señaló que el
gobierno del estado no ha cumplido con dar una solución a la petición de darles
seguridad para regresar a sus comunidades, ni para recuperar a sus animales y
propiedades.
“Es un plantón definitivo hasta que
tengamos una respuesta definitiva en una audiencia con el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, nos vamos a retirar hasta tener una
respuesta favorable a nuestra situación”, advirtió.
La petición principal que plantearán
es que quede libre el corredor de Casa Verde hasta Polixtepec, sin que ningún
grupo armado opere en la zona para lograr un tránsito libre.
“De ningún grupo armado, incluyendo
policías comunitarias o policías ciudadanas, no queremos ningún grupo armado,
de ni uno o de otro, y que el gobierno federal retome la seguridad de ese
camino”, demandó.
Mencionó que la situación de violencia
en la región inició en 2013, por lo que buscan que se pueda vivir en
tranquilidad para regresar a sus casas que tuvieron que abandonar por salvar
sus vidas.
Señaló que ante la intempestiva huida
dejaron sus cosas, sus animales y cosechas que fueron ocupadas por otras gentes
que llegaron a sus comunidades, a quienes señalan de adueñarse de sus cosas.
En las
declaraciones Pacheco González aseguró
que contaban con la seguridad de la Policía Federal para ser resguardarlos en
todo el tramo de la carretera federal hasta llegar a la Ciudad de México,
porque se pidieron las medidas cautelares para el traslado de los desplazados.
A pesar de
esto no se observó ningún operativo
especial que resguardara la integridad de las familias víctimas de la violencia
en la zona de la sierra del estado, quienes en algunos carros particulares
llevaban casas de campaña y colchonetas.
En los medallones de los carros había
letreros en los que se identificaban como familias de desplazados de la región
de la sierra de Leonardo Bravo, y que exigían garantías para su seguridad.
La caravana
tenía planeado pasar por la caseta de Paso Morelos donde recogerían a un grupo
de 50 personas que pertenecen a la familia de desplazados de la comunidad de
Tlaltempanapa municipio de Zitlala, quienes han permanecido desde el 5 de
noviembre a la intemperie en una cancha de Copalillo.
Las familias
de este grupo de desplazados caminaron por varios días entre los cerros que
conducen desde el municipio de Zitlala hacia la región Norte del estado, para
llegar a la cabecera de Copalillo donde han sido presionados por el gobierno
municipal para dejar el municipio.
Durante la espera al arribo de la
caravana el desplazado Severo Ojeda Hernández informó que decidieron unirse a
esta protesta porque están cansados de que el gobierno del estado no le dé una
solución a su petición.
Expuso que el planteamiento del
gobierno del estado es que regresen a su comunidad, bajo la promesa de que no
les pasará nada, pero sobre eso no hay ninguna certeza ya aseguran que siempre
han estado en el olvido.
Señaló que la propuesta a presentar al presidente de
la República es el apoyo para su reubicación en la cabecera municipal de
Copalillo, así como un apoyo para la construcción de sus viviendas y parcelas
de siembra ya que las familias indígenas desplazadas son campesinos que viven
de lo que siembran.
Este segundo
grupo es el que tenía más niños quienes cargaban sus botellas de coca cola
rellenas con agua de beber, así como sus madres levaban costales con hoja de
palma para tejer.
Cuando los
dos grupos por fin se unieron en la caseta de Paso Morelos realizaron la última
acción para recolectar dinero, que fue tomar la caseta durante una hora bajo la
vigilancia de la Policía Federal y la Policía del Estado.
Los que iban
a la cabeza de la toma eran las familias de Tlaltempanapa quienes fueron
secundados por los de la sierra de Leonardo Bravo, y para permitir el paso de
los vehículos pedían una cooperación de 50 pesos.
Al mismo
tiempo, trabajadores de la sección 47 de
un sindicato petrolero protestaron alrededor de las 6:30 horas para exigir sean
escuchados por parte del Gobierno federal y se cree una comisión para hablar
con el Presidente.
Se espera
que durante la mañana lleguen más contingentes de gremios de taxistas y de
afectados por el recorte al presupuesto de estancias infantiles de todo el
país.
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