Por VICE.com.
El baúl de los secretos políticos
está a punto de abrirse. Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador
anunciara hace unos días que desclasificará los archivos del aparato de
espionaje del Gobierno mexicano, la opinión pública podrá conocer 8 mil 320
carpetas que contienen información sobre movimientos sociales y estudiantiles,
contratistas, intervenciones telefónicas y casos de corrupción.
Una búsqueda
realizada por Vice en la extensa base de datos del extinto Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), contenida en el Índice de
Expedientes Reservados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI),
pone en la superficie los temas que investigó el órgano encargado de la
inteligencia mexicana en las últimas tres décadas.
Con la
medida que se propone López Obrador, quedarían
al descubierto miles de conversaciones telefónicas y correos electrónicos, las
actuaciones de movimientos sociales como la APPO (Oaxaca), el #Yosoy132
(estudiantes) o el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (Javier
Sicilia); también la amenaza del nivel de corrupción alcanzado en el Gobierno
de Enrique Peña Nieto y el espionaje a políticos y periodistas mediante hackeo.
En 2005 fueron aprobadas algunas modificaciones a
la Ley de Seguridad Nacional para permitir el espionaje de comunicaciones como
llamadas telefónicas y correos electrónicos. Con el paso de los años, en las
oficinas del CISEN, el uso de la figura se volvió cada vez más recurrente. Las
intervenciones pasaron de algunas decenas en los primeros años de la
autorización a miles en los últimos, según datos del mismo organismo.
PEÑA NIETO,
UN PÁJARO EN EL ALAMBRE.
Bajo la administración de Vicente Fox
se realizaron 21 escuchas y vistas de correos (se consideró 2005 y 2006).
Luego, con Felipe Calderón –el presidente que inició una guerra en contra del
crimen organizado–, el número subió a 319 (se consideró de 2006 a 2012). Pero
sólo en los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto (se
consideró 2013 a 2015) se efectuaron mil 481, un número cuatro veces mayor que
todas las intervenciones que se hicieron durante el foxismo y el calderonismo.
Mientras, el CISEN se rodeaba de
muros de contención que lo volvían cada vez más enigmático ante los ojos de los
ciudadanos. A lo largo de las décadas, se le acumularon las solicitudes de
información mediante los mecanismos de transparencia, a las que siempre se negó
a responder, con el argumento de que revelar datos de sus acciones dañaría la
seguridad nacional. La lectura de algunas, archivadas en el INAI, da cuenta de
la preocupación de los mexicanos por saber cómo operaba el organismo, en qué
gastaba su presupuesto o a quiénes espiaba.
Fundado en
1989, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, este organismo contó con 12 directores. Su encomienda legal era
analizar información con base en una Agenda Nacional de Riesgos. Cada año, la
elaboraba y de inmediato, la ponía bajo reserva por 12 años. Hoy es posible
conocer las que se generaron de 2000 a 2007 y ver que el documento incluía
crimen organizado, subversión y terrorismo, dinámica demográfica, fenómenos
fronterizos y migratorios, riesgos ecológicos, globalización de la economía,
fortalecimiento institucional y gobernabilidad democrática. Una sesión del
comité de transparencia del CISEN, consultada por Vice, revela que a partir de
2015 se incluyó la corrupción como amenaza.
EL CISEN NO
ERA EL MÁS RESERVADO.
El fin
parece acercarse en esta historia de secretos. El presidente López Obrador, en
su rueda de prensa del 23 de enero, anunció
que en los próximos días se abrirán los archivos generados por el emblemático
orgapeñaismo transformado en el Centro de Inteligencia Mexicana por la nueva
administración federal. “Adelanto algo. Se van a abrir los archivos secretos.
Todos. No va a haber limitaciones. Estoy por firmar el decreto. Había una parte
del archivo nacional del país que era reservado. No va a haber reserva. Se van
a poder consultar todos los expedientes. Se los adelanto”.
En el pasado
de México, no fue el CISEN la instancia
gubernamental que puso más asuntos bajo secrecía. En realidad, el otrora órgano
encargado de la seguridad nacional se encuentra en el sitio 61 del Índice de
Expedientes Reservados del INAI. Su reserva no representa ni el 1 por ciento
del total de asuntos guardados por el gobierno mexicano, que es de 12 millones
331 mil 979. En el primer sitio está la Procuraduría General de la República
(ahora Fiscalía General de la República) con 1 millón 711 mil 677; en segundo
está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un millón 334 mil 415 y
en tercero, la Procuraduría Federal del Consumidor con 1 millón 029 mil 712.
LOS 8
GRANDES EXPEDIENTES.
En el
gigantesco baúl que guarda los archivos del extinto CISEN, Vice localizó 8
grandes expedientes secretos sobre los que debe caer la luz si se cumple el
decreto del titular del Ejecutivo.
1.-
Movimientos sociales.
Las calles fueron los escenarios más
fieles de una decena de movimientos sociales que crisparon durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sus causas, expuestas mediante pancartas y
gritos, constituían la protesta de un país herido que exigía justicia. Se
luchaba por los desaparecidos durante la guerra en contra del narcotráfico,
iniciada por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012); por la pluralidad del
contenido televisivo, por un mejor vivir para los animales, por la defensa de
territorios sagrados ante la explotación de minas de oro y plata, por los
migrantes asesinados, por los otros muertos. Los expedientes que serán
revelados incluyen información de 2012 a 2016, así como un mapa de
conflictividad social.
Así, los nombres de algunos
movimientos sociales que actuaron durante esos años son: Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad (dirigido por el poeta Javier Sicilia), #Yosoy132,
Activistas Pro Animal, Frente de Defensa de Wirikuta, Caravana de Migrantes
Desaparecidos, Libre Internet para todos y Madres de Desaparecidos y
Asesinados. El CISEN generó documentos de cada uno, según una resolución de su
comité de transparencia.
2.-
Corrupción e impunidad a partir de 2015.
De la lista de 266 compromisos que
Peña Nieto firmó ante Notario Público durante la campaña en 2012, el primero
fue la creación de una comisión nacional anticorrupción. Luego, cuando ganó la
elección, escribió en el diario Reforma el ensayo titulado “El comienzo del
cambio” en el que propuso cómo acabar con ese cáncer. Pero, durante su
gobierno, los hechos dieron cuenta que en la materia ocurría un gran revés. En
noviembre de 2014, una investigación periodística de Aristegui Noticias reveló
que el mandatario había adquirido una mansión en Lomas de Chapultepec mediante
un crédito de Grupo Higa, uno de los contratistas de su propia administración.
Un año después, México se colocó en
el primer sitio del Barómetro Global de la corrupción como el país más corrupto
de América Latina. Además, obtuvo la calificación de 35 sobre 100 puntos en el
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Los
escándalos brotaban tanto a nivel federal como estatal y municipal. Se supo que
el presidente también tenía otra casa otorgada por la familia San Román.
Además, como fichas de dominó, cayeron l os gobernadores de Veracruz, Javier
Duarte; Chihuahua, César Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borge, por actos de
corrupción. Por primera vez, en 2015, el CISEN incluyó como nueva amenaza a la
seguridad nacional “la corrupción e impunidad” en su Agenda Nacional de
Riesgos.
3.-
Espionaje a teléfonos de periodistas y políticos.
Los primeros contratos que firmó el
CISEN en la administración de Enrique Peña Nieto para realizar espionaje fueron
con la empresa italiana The Hacking Team, que le vendió Galileo, un spyware que
había servido para la intromisión en la vida de activistas y periodistas en
otros países. La empresa, especialista en espionaje, probó “una sopa de su
propio chocolate” en 2015 cuando fue hackeada y sus correos electrónicos
internos fueron a parar a la plataforma Wikileaks. Ahí están almacenados y hoy
pueden ser consultados.
A mediados de 2017, periodistas y
defensores de derechos humanos, entre ellos Carmen Aristegui, denunciaron que
el Gobierno federal los espiaba mediante el software Pegasus. Foto: Gabriela
Pérez Montiel Cuartoscuro.
Entre misivas y negociaciones, puede
verse la puja constante entre tres empresas por el mercado mexicano: The
Hacking Team, Finfisher y NSO Group. Según esos correos electrónicos, el
gobierno pagó un millón de euros por el spyware Galileo que hoy se mantienen
bajo reserva. También se informa que el sistema tuvo menos de 2 por ciento de
efectividad. Dada su inutilidad, el gobierno optó por Pegasus, la herramienta
fabricada por la israelí NSO Group, con la que periodistas y activistas señalan
haber sido espiados.
A mediados de 2017, periodistas y
defensores de derechos humanos, entre ellos Carmen Aristegui, denunciaron que
el Gobierno federal los espiaba mediante el software Pegasus, como lo reveló un
reportaje del periódico The New York Times.
4.- La Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
En mayo de 2006, maestros de la
Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) montaron un
campamento en el Zócalo de Oaxaca, la capital del estado del mismo nombre. Un
mes después, para desalojarlos, cientos de elementos de las policías local y
federal los atacaron con gases lacrimógenos, escudos y toletes. Unos maestros
se les enfrentaron, otros corrieron hacia las casas aledañas.
De esa experiencia, surgió la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en la cual se aglutinaron
otras organizaciones sociales. Lo que siguió fue un episodio negro: varios
enfrentamientos de sangre, marchas gigantes y barricadas que por las noches
cercaban la ciudad. En su contra actuó un grupo denominado “caravanas de la
muerte”. Según uno de los expedientes del comité de transparencia del CISEN, se
generaron 12 documentos sobre lo que ocurrió en Oaxaca ese verano.
5.-
Intervención de llamadas telefónicas.
En 2005, cuando Vicente Fox Quesada
(2000-2006) gobernaba México, se publicaron varias enmiendas de la Ley de
Seguridad Nacional para permitir el espionaje de comunicaciones. El artículo 34
de esa ley específica que una intervención es la toma, escucha, monitoreo,
grabación o registro que hace una instancia autorizada por cualquier medio,
aparato o tecnología.
Desde entonces y hasta 2015, el CISEN
reconoce 1 mil 821 acciones de intervención de comunicaciones, que incluyen
espionaje telefónico, de radiocomunicación y correo electrónico. En 2005, el
CISEN apenas pidió la intervención de cuatro comunicaciones. En 2009, señalado
como el año más violento durante el gobierno de Felipe Calderón, quien inició
una guerra en contra del crimen organizado, hubo 21 solicitudes por parte del
CISEN para realizar intervenciones. Pero el año en que hubo más peticiones para
intervenir comunicaciones fue 2014, cuando gobernaba Peña Nieto. Fueron 726.
Bajo la administración calderonista fueron pedidas 336 autorizaciones para
intervenir a personas en sus comunicaciones. Bajo la peñanietista, en sólo tres
años, se solicitaron 1 mil 481. (Los datos están disponibles sólo de 2005 a
2015). El contenido de las intervenciones quedó reservado.
6.- Los
drones del CISEN.
En un acta que reproduce la sesión de
su comité de transparencia, el CISEN admite haber comprado vehículos aéreos no
tripulados, conocidos como drones para realizar vuelos de inteligencia. ¿A
quién se los compró? ¿Cuánto gastó en ello? ¿Cuántos fueron? son preguntas que
podrán conocerse una vez que se destapen los archivos. El organismo puso bajo
reserva todos y cada uno de los contratos que conciernen a la adquisición de
estos artefactos con el argumento de que contenían información estratégica para
la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional.
7.- Las FARC
en México.
En una respuesta a una solicitud de
información que data de 2008 y se encuentra en el archivo del INAI, el CISEN
admite que generó un documento sobre la operación de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). El grupo que durante un siglo pidió la
repartición justa de tierra en el país de América del Sur tuvo una oficina en
México durante diez años. De acuerdo con el libro México Armado, de la
periodista Laura Castellanos, este despacho no fue clandestino y su activismo
fue muy conocido en algunos círculos. Los miembros de las FARC habrían estado
en reuniones culturales y debatido en foros académicos.
8.-
Interlocución con otros órganos de inteligencia del mundo.
En 2010, en su IV Informe de Labores,
la Secretaría de Gobernación asentó que el CISEN había fortalecido su relación
con 46 organismos de inteligencia de 37 países. En esa época, el gobierno
mexicano libraba una batalla en contra de los cárteles de la droga, así como de
otras mafias. El expediente que guarda cuáles son esas instituciones y que
información fue intercambiada fue reservado de inmediato y hasta ahora no ha
podido conocerse.
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