Martí Batres.
El Presidente de la República está
solicitando el apoyo del Poder Legislativo para que se concreten las reformas
constitucionales que hagan posible la creación de la Guardia Nacional como
cuerpo principal, central, federal, encargado de la seguridad pública y de la
protección de la ciudadanía.
No es un secreto que la seguridad es
el tema más urgente para las familias mexicanas y es, al mismo tiempo, una de
las asignaturas en las que ha fallado más en los últimos sexenios el Estado
mexicano.
La última vez que una amplia mayoría
de la población calificó como segura a su colonia fue en junio de 2005, hace
casi 14 años. En esa ocasión, el 75 por ciento de los encuestados consideró que
su lugar de residencia era seguro o muy seguro. Después de esa fecha, todas las
encuestas muestran una percepción de seguridad que en los mejores momentos
difícilmente llega a un 50 por ciento de percepción positiva.
Por eso, el apoyo que pide el Presidente no es sólo
para su gobierno, sino fundamentalmente para la población, para la ciudadanía.
Crear la Guardia Nacional es crear un
instrumento para proteger a la ciudadanía de la inseguridad, la delincuencia y
la violencia.
No es casual que en el debate
desatado por la iniciativa de reforma constitucional la opinión del ciudadano
común sea favorable. Todas las mediciones y encuestas así lo reflejan, desde un
69 por ciento de apoyo y hasta un 87 por ciento de respaldo.
En
consecuencia, puede afirmarse que el
Poder Legislativo también tiene la responsabilidad de dar respuesta a la
ciudadanía en dos sentidos: por un lado, a la demanda general de seguridad; y
por otra parte, a la simpatía que tiene la propuesta de crear la Guardia
Nacional.
Dentro del
Poder Legislativo ya hay varios grupos
parlamentarios que han expresado públicamente su apoyo a la propuesta del
Presidente. Representan a la mayoría absoluta de legisladores. Sin embargo,
para aprobar una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada de
dos terceras partes de los votos.
En otras
palabras, no basta con el apoyo de la
mayoría legislativa afín al gobierno. Es necesaria la participación de los
legisladores de la oposición.
Esto nos remite necesariamente al
tema de la responsabilidad. El mecanismo de aprobación de la reforma
constitucional exige una oposición responsable. La oposición puede facilitar la
concreción de la reforma o puede bloquearla. Si la oposición colabora podrá
asumirse como parte de la solución. Si la oposición bloquea la reforma será mal
vista por una ciudadanía a la que le urgen soluciones a un grave problema que
afecta el patrimonio, la integridad y la vida de las personas.
No se ve en el horizonte una razón
sólida para que la oposición rechace la propuesta. En el pasado, las fuerzas
hoy opositoras, avalaron la integración de militares a la Policía Federal
Preventiva e incluso la incursión masiva de las Fuerzas Armadas en seguridad
pública y aprobaron la Ley de Seguridad Interior. Un discurso radical contra
las Fuerzas Armadas no sería creíble.
Hoy el
Presidente de la República está
planteando las cosas en orden, con estrategia y legalidad. Plantea una reforma
constitucional que de sustento a la propuesta sin conformarse con una
legislación secundaria únicamente.
Propone una salida gradual del
Ejército en las labores de seguridad pública. Articula un proyecto para que
sólo el 10 por ciento de las Fuerzas Armadas (sus cuerpos policiacos) formen
parte de la Guardia Nacional. Agrega un compromiso con los Derechos Humanos y
la renuncia a usar la fuerza para reprimir al pueblo, así como líneas de acción
novedosas para distender como las amnistías, legalización parcial del uso
lúdico de ciertas drogas y la justicia transicional.
La mala imagen del Poder Legislativo
se debe en mucho a la aprobación de medidas rechazadas por la mayoría de la
población, como el IVA de 15%, el Fobaproa o la reforma energética. Aprobar la
Guardia Nacional es una oportunidad de hacer empatía con los sentimientos de la
ciudadanía.
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