Por Neldy
San Martín.
Senadores del Movimiento Ciudadano
presentaron una denuncia contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, por 11 delitos.
Los
senadores Verónica Delgadillo y Samuel
García acudieron este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) a
interponer una denuncia en contra de Romero Deschamps por enriquecimiento
ilícito, robo de combustible, secuestro, venta de plazas, desvío de recursos,
delincuencia organizada, peculado, nepotismo, operación con recursos ilícitos,
así como evasión y defraudación fiscal.
“La pregunta es: ¿Cuándo Romero Deschamps será procesado? Aquí traemos cuatro denuncias,
hoy será la quinta; es evidente el desvío de recursos, la venta de plazas,
lavado de dinero, el huachicol, defraudación y evasión fiscal, queremos
sanciones, de nada sirve invertir miles de millones a Pemex si no se va a
quitar el mayor obstáculo que es la corrupción y ese emblema es Romero”, dijo
el senador de Nuevo León, Samuel García.
Los
legisladores aseguraron que la lucha del
gobierno federal en contra del robo de combustible no puede ser efectiva si no
se lleva ante la justicia al líder petrolero, al que llamaron “el padrino del
huachicol”. Por ello, llamaron al titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz
Manero, para que integre una carpeta de investigación.
“Queremos que no se archive esta
denuncia y que se haga lo que no se ha hecho en otros gobiernos que lo
protegieron”, añadió
la senadora Verónica Delgadillo de Jalisco.
Luego de que
el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que no existe ninguna
denuncia en contra del líder sindical, los
senadores dijeron que encontraron cuatro denuncias del propio sindicato en
diferentes años: 2004, 2006, 2008 y 2014.
Trabajadores “disidentes” de
Petróleos Mexicanos acudieron a principios de este mes ante la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para aportar
nuevas pruebas en contra de Romero Deschamps por presunto enriquecimiento
ilícito de unos 150 millones de dólares, con el objetivo de que el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador desempolve los expedientes que existen en su
contra.
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