Por
Yetlaneci Alcaraz.
El tribunal regional de Stuttgart
condenó a la empresa fabricante de armas Heckler & Koch a pagar una multa
de 3.7 millones de euros por el envió ilegal a México de armas tipo fusil G-36
y accesorios entre los años 2006 y 2009 y haber violado, con ello, las leyes
alemanas de Control de Armamento Bélico y de Transacciones Internacionales.
La justicia
alemana también condenó a dos
exempleados de la poderosa armamentista a penas con libertad bajo fianza, pero
absolvió a otros tres contra quienes no pudo fincar cargos.
Este jueves
21 de febrero llegó a su fin el inédito
juicio que comenzó en mayo del 2018 y que sentó en el banquillo de los acusados
por primera vez, aunque de manera indirecta, a la fabricante alemana de armas
más importante de Europa. Si bien el juicio no fue directamente en su contra,
sí lo fue por sus prácticas realizadas y el actuar de sus entonces trabajadores.
Los dos extrabajadores de H&K
condenados fueron encontrados responsables por el tribunal de Stuttgart de
haber permitido la entrega de alrededor de cinco mil fusiles de asalto que
terminaron llegando a los estados mexicanos de Chihuahua, Chiapas, Guerrero y
Jalisco, vedados por la propia ley alemana por considerar que en ellos hay
violaciones a los derechos humanos.
La primera
culpable, una mujer, fue condenada a 17
meses con derecho a libertad bajo fianza, y además realizar 250 horas de
trabajo social. El segundo culpable, un hombre, además de los 22 meses en
prisión, con derecho también a fianza, deberá pagar una multa de 80 mil euros.
Desde
primera hora de la mañana de este jueves, integrantes
de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y el activista
Jürgen Grässlin, quien hace ocho años presentó la primera denuncia que culminó
con el veredicto de hoy, se manifestaron frente a las instalaciones del
tribunal de Stuttgart en donde recordaron y guardaron un minuto de silencio en
honor a las víctimas mexicanas que cayeron por la “actividad sin escrúpulos” de
la fabricante de armas alemana.
Y es que, a lo largo de todos los años que duró el
pleito para poder enjuiciar a H&K, las investigaciones de periodistas
independientes y los propios activistas revelaron que algunas de estas armas
alemanas fueron usadas por las policías locales mexicanas en diversas acciones
de represión como fue el enfrentamiento contra estudiantes de la normal rural
de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en setiembre de 2014.
Al respecto,
las organizaciones no gubernamentales
alemanas piden que el dinero con el que se multó a H&K y al exempleado que
resultó culpable se destine íntegro al trabajo de Derecho Humanos en México y
que además la empresa armamentista cree un fondo en beneficio de las víctimas
por el uso del armamento producido por ella.
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