Por
Veneranda Mendoza.
La
administración mexiquense deberá retirar
a los exgobernadores Enrique Peña, Eruviel Ávila, Arturo Montiel, César
Camacho, Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo y Alfredo Baranda el personal que
tenían asignado con cargo al erario.
A propuesta de Morena, por
unanimidad, el pleno cameral abrogó la noche de este martes los decretos 87 de
la 36 Legislatura -publicado en Gaceta de Gobierno del 18 de julio de 1945- y
86 del Ejecutivo -promulgado el 7 de mayo de 1993-, a través de los que se
asignaba a cada exmandatario tres guardaespaldas, chofer, secretaria y un jefe
de ayudantes.
En el
decreto 87, la legislatura del Estado de
México dispuso que, al concluir su encomienda pública, los gobernadores podrían
recibir “premios y recompensas por servicios eminentes o importantes prestados
al Estado”.
El 7 de mayo
de 1993, el otrora gobernador Pichardo
Pagaza promulgó que, al concluir su gestión, los mandatarios estatales podrán
tener a su adscripción: un jefe de ayudantes con categoría de subdirector rango
nueve, con nivel de jefe de ayudantes de secretario general de gobierno.
Además, un chofer ayudante con rango cinco, con
categoría de chofer de secretario general de gobierno; tres ayudantes con
categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; y una
secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27,
rango 9, del gobierno estatal.
La diputada Azucena Cisneros, promotora de la reforma,
advirtió que ambos decretos “regalaron a los exgobernadores un beneficio que
ellos nunca pudieron garantizar a sus ciudadanos: la seguridad las 24 horas del
día, los 365 días del año y en todo el territorio mexiquense”.
@GPMorenaEdomex
¡Adiós a los privilegios para ex gobernadores!
Por unanimidad se aprobó la propuesta
de la diputada de #Morena @azucenacisneros, para eliminar los privilegios a
favor de los ex gobernadores. Dio lectura del dictamen el compañero legislador
@maxcorreah
Desde su punto de vista, estos
privilegios “son el símbolo más evidente de los abusos y excesos que se
hicieron costumbre en un régimen que fue rechazado y derrotado en las urnas”.
La
legisladora confió en que con la
derogación de ambos decretos se avanza en la erradicación de los privilegios de
la clase política y en la consolidación de un gobierno que utilice con
austeridad y eficacia los recursos públicos.
No obstante,
alertó que sólo es el principio, pues
para erradicar la corrupción del Estado de México, considerado uno de los que
lidera el país en esta materia, aún son necesarias la construcción, revisión y
aprobación de una nueva ley estatal de austeridad y gasto público, otra para
regular los salarios máximos y una más para fiscalizar mejor el gasto y acotar
la corrupción en las compras y obras públicas.
La reforma
fue votada por unanimidad de 65 votos,
con la ausencia de los coordinadores parlamentarios de los partidos Acción
Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y de la Revolución
Democrática (PRD): Anuar Azar, Armando Bautista, Alberto Couttolenc y Omar
Ortega, respectivamente.
Tampoco votaron los morenistas
Liliana Gollas, Karina Labastida, Benigno Martínez y Bryan Tinoco; la
perredista Claudia González Cerón y el petista Sergio García Sosa.
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