Por Mathieu
Tourliere.
A través de mensajes que imitaban noticias de
Proceso y Animal Político, el gobierno
de Enrique Peña Nieto trató de infectar el celular de Griselda Triana, esposa
del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas –asesinado el 15 de mayo de
2017– con el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO group.
El 25 de
mayo de 2017, apenas 10 días después del
asesinato de Valdez –en plena luz del día y frente a la sede de la revista
Ríodoce, de la que fue integrante–, Triana recibió un mensaje que decía:
“PROCESO: PGR ASEGURA QUE EL MOVIL DEL ASESINATO DE JAVIER VALDEZ FUE PARA
ROBARLE SU AUTOMOVIL… DETALLES (vínculo infectado)”.
De haberle
pinchado al enlace, la mujer hubiera
instalado Pegasus en su celular sin saberlo. El día siguiente, recibió otro
mensaje maligno que contenía un enlace apócrifo de Animal Político; ambos enlaces
redirigían a un servidor cargado con el malware, como lo comprobó Citizen Lab.
“He sido espiada por el hecho de ser
esposa de Javier”,
sostuvo hoy la mujer, quien es periodista y responsable de comunicación en la
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Indignada, Triana recordó que abrió
su casa a los agentes federales y les permitió acceder a todos sus aparatos
electrónicos, como celulares y computadoras, para avanzar en la investigación;
a pesar de ello, el crimen sigue impune.
“¿Qué razones había por espiarme? Tal
vez querían desvirtuar las investigaciones sobre el asesinato de Javier”,
sostuvo, y añadió: “de ninguna razón se justifica su bajeza para espiarme (…)
yo no tengo nada que esconder, Javier siempre fue muy cuidadoso de que ni mis
hijos ni yo supiéramos quienes eran sus fuentes de información”.
“Esto ocurrió ocho días después que
Enrique Peña Nieto se comprometió a garantizar la protección de personas
defensoras de derechos humanos y periodistas”, recordó Leopoldo Maldonado, abogado
en Artículo 19, durante una conferencia de prensa.
“Aun y cuando tuviera relación con la
investigación del asesinato de Javier, no hay justificación para espiarla”, añadió.
Con esta
nueva revelación, Triana se sumó a la
amplia lista de periodistas y activistas a los que el gobierno de Peña Nieto
trató de espiar con Pegasus.
Entre ellos
destacan Carmen Aristegui y su equipo de investigación –hasta su hijo– quienes
revelaron el escándalo de la Casa Blanca del expresidente, pero también dos
periodistas de Ríodoce, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) o activistas del Centro de Derechos Humanos
Agustin Pro Juárez (Centro ProDH).
Las víctimas del escándalo conocido
como #GobiernoEspía interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada
en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en junio de
2017. Más de un año y medio después, se puede afirmar que la investigación
resultó una simulación.
@article19mex
📲 Ataques con #Pegasus a Griselda Triana, periodista y pareja de Javier
Valdez, no deben quedar impunes: las nuevas autoridades deben garantizar una
investigación independiente sobre el sistema Pegasus
Luís
Fernando García, director de la Red para la Defensa de Derechos Digitales (R3D)
–que sigue la carpeta de investigación–, subrayó
que funcionarios y exfuncionarios de la Procuraduría General de la República
(PGR) mintieron en varias ocasiones ante los agentes de la FEADLE, e incluso
existe el riesgo de que hayan destruido evidencias.
El abogado explicó que agentes de la PGR mencionaron
en un primer momento que no tenían una base de datos donde aparecían las
víctimas de Pegasus –una afirmación “no solo inverosímil, sino falsa”, como
constataron los agentes de la FEADLE– y en otro momento afirmaron que la PGR
nunca habia usado Pegasus –lo que también era una mentira–.
Recordó también que, a pesar de que
la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adquirió Pegasus en 2015 por 870
millones de pesos y pagó por dos renovaciones de licencia en 2016 y 2017, la
FEADLE no citó a comparecer a ninguno de sus agentes.
De hecho, si bien la mayoría de los
casos de espionaje ilegal documentados se llevaron a cabo mientras Tomás Zerón
de Lucio dirigía la AIC, la tentativa de infección del celular de Griselda
Triana fue operada durante la gestión de su sucesor, Omar García Harfuch.
Este último era encargado de
seguridad en Guerrero cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43
normalistas de Ayotzinapa, y su número de teléfono se encontraba en la libreta
de Sidronio Covarrubias, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
Hasta el momento, este personaje sigue al frente de la AIC.
El director
de R3D también reiteró que, según la
AIC, el programa Pegasus fue desinstalado de sus computadoras, lo cual
representaría una posible destrucción de evidencias.
Los activistas confiaron en las promesas
de la nueva administración –encabezada por Andrés Manuel López Obrador– de
acabar con el espionaje ilegal, pero insistieron en que la recién creada
Fiscalía General de la República (FGR) “tiene que rendir cuentas”.
“Necesitamos que el nuevo gobierno envie
un mensaje muy claro, (…) instamos a la FGR a que se comprometa a dar un vuelco
a la investigación”, puntualizó García, quien advirtió: “Seguiremos actuando
dentro de la carpeta de investigación”.
Sofia de
Robina, abogada en el Centro ProDH, señaló
que “desde el momento en que pusimos la denuncia manifestamos nuestra
preocupación de que el gobierno se investigara a sí mismo (…) a casi dos años
podemos confirmar esta preocupación”.
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