Por Nayeli
Roldán.
La
Secretaría de Educación Pública (SEP)
quedó al margen de la operación del programa Universidades para el Bienestar
Benito Juárez García que sólo será administrado por el Centro de Cooperación
Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal).
Este es un organismo internacional que
no está regido por las obligaciones presupuestales ni rendición de cuentas de
la administración pública federal, según respondió la dependencia a diversas
solicitudes de información realizadas por Animal Político.
Aunque el
programa tiene mil millones de pesos de presupuesto etiquetado en la
Subsecretaría de Educación Superior, la
dependencia no lo ejecutará directamente, sino que lo entregará al Crefal, pero
aún no se determina bajo qué mecanismo legal, ni cómo se vigilará su correcta
asignación, ni cuál será el proceso de rendición de cuentas.
Tampoco existe el diagnóstico de la
problemática que el programa prevé combatir, ni el plan de acción o proyección
de resultados, ni algún documento que justifique por qué será el Crefal quien
opere el programa y no la SEP.
La SEP argumentó en las respuestas que se
encuentra “en proceso de elaboración de los lineamientos para la operación del
Programa”, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el
programa en diciembre de 2018 y que las 100 universidades iniciarán operaciones
el próximo 25 de marzo.
El programa será coordinado por
Raquel Sosa, quien fue nombrada directora general del Crefal en diciembre de
2018, en sustitución de Sergio Cárdenas, quien apenas cumplía el primero de los
tres años de su mandato.
El Crefal es un organismo internacional, autónomo con
personalidad jurídica y patrimonio propios, “al servicio de los países de
América Latina y el Caribe”, y que fue creado mediante el Convenio de
Cooperación Regional entre la UNESCO, la Organización de Estados Americanos y
12 países de América Latina y el Caribe en 1951.
La finalidad fue formar personal
especializado, generar investigaciones, sistematizar conocimientos y
experiencias; diseñar y producir materiales educativos, y dar asesoría y
consultoría como parte de la cooperación regional en materia educativa.
El sostenimiento económico ha estado
a cargo de los países miembro: México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela
y Cuba.
Raquel Sosa,
la nueva directora, asegura que “los
demás países no han aportado históricamente. A veces aportar algo en especie,
pero el recurso fundamental desde el principio hasta el día de hoy es un
recurso del gobierno mexicano”.
Por eso es que la administración
federal decidió que las universidades serían operadas a través del organismo
internacional. “Analizamos la situación del Crefal y se lo planteamos a los
embajadores que forman parte del Consejo de Administración y estuvieron de
acuerdo y muy contentos de que se devuelva al Crefal el sentido del trabajo en
beneficio de las comunidades que es el sentido histórico de esta institución”, dijo Sosa en entrevista con Animal
Político.
Sin embargo,
fuentes cercanas al proceso aseguraron
que el cambio en el Crefal ni siquiera permitió que los embajadores de los estados
miembros y que conforman el Consejo de Administración, máximo órgano de
decisión del Centro, pudieran reunirse, pues las sesiones se planean con meses
de anticipación.
De hecho fueron los cónsules de los
estados quienes acudieron en representación de los embajadores a una reunión
realizada en la primera semana de diciembre de 2018 en la que se enteraron de
los cambios. Aunque se logró la designación de Raquel Sosa a propuesta del
representante de México que preside del Consejo de Administración, los representantes
de Uruguay y de Honduras, se abstuvieron de apoyar el nombramiento y el resto
estuvieron molestos por el cambio de planes para el Centro.
Por ello, el exdirector Sergio
Cárdenas fue sustituido de manera abrupta, pese a que su plan de trabajo estaba
previsto hasta 2020.
Aunque Sosa tomó posesión de la
dirección del Crefal desde diciembre, aún no se establece la manera en que la
SEP le entregará los recursos, pues el organismo es autónomo y no forma parte
de la administración pública federal, por eso es que el presupuesto está
etiquetado en la Subsecretaría de Educación Pública.
“Los recursos están en la SEP en este
momento y serán trasladados al Crefal, eso estamos terminando el instrumento
que daremos a conocer la próxima semana, de acuerdo a todos los requerimientos
que han planteado las instancias”, dijo Sosa en entrevista (realizada el 8 de marzo), pero
hasta el momento no ha habido ningún anuncio al respecto.
Además, el Crefal no es un sujeto obligado de
transparencia, porque se trata de un organismo internacional que no forma parte
de la administración pública federal y, por lo tanto, no se le podrían hacer
solicitudes de información directamente, según la Ley General de Transparencia.
Quién sí podría fiscalizar el destino
de los mil millones de pesos de presupuesto es la Auditoría Superior de la
Federación porque se trata de recursos públicos, pero sólo si forma parte de su
programa de auditorías programadas para la SEP.
Al respecto,
Sosa aseguró que la SEP estaba
trabajando “en el procedimiento de rendición de cuentas de esos recursos,
porque Crefal antes no tenía ningún procedimiento con el argumento que eran
recursos que quedaban en un organismo internacional. Nosotros queremos que haya
una rendición plena y clara y que todo el recurso que llega a Crefal se destine
al programa de las universidades”, dijo Sosa.
Animal Político
solicitó a la SEP, vía transparencia, el
calendario de aplicación de los recursos y el destino del gasto, pero la
Dirección General de Educación Superior Universitaria (que tiene el presupuesto
etiquetado) respondió que “no existe documento alguno con las características
requeridas”. Mientras que la Dirección General de Presupuesto y Recursos
Financieros ni siquiera dio un argumento sobre este tema, pues su respuesta se
refería a otra solicitud de información.
En la
solicitud número 1100068119, Animal Político solicitó la documentación que diera cuenta de la pertinencia u objetivo
que el gobierno federal pretende alcanzar al aplicar este programa; las
proyecciones, metas, acciones, calendario de avances y todo aquello que
explique cómo se llevará a cabo dicho programa, desde su anuncio, hasta la
operación de las 100 universidades; las reglas de operación, lineamientos, y
reglamentos para operar.
Sin embargo,
la SEP respondió que no existe ningún
documento con la información requerida. En cambio sólo adjunto ocho links con
boletines de prensa, versiones estenográficas de las intervenciones del
Presidente y conferencias de prensa en las que no se encuentra datos concretos
respecto a lo solicitado.
También respondió que la Subsecretaría de Educación
Superior “se encuentra en proceso de elaboración de los lineamientos para la
operación del Programa en cita y una vez finalizado dicho proceso, la
información se pondrá a disposición del particular”.
Y respondió exactamente con los
mismos argumentos y links a la solicitud de información 1100068619 en la que se
pidió la justificación legal sobre la decisión que el programa de Universidades
fuese operado desde el Crefal.
La SEP tampoco tiene documentación que dé cuenta sobre
los lugares donde se prevé construir, instalar u operar las 100 nuevas
universidades, ni el plan de construcción y operación de cada una o los
procesos de obtención, compra, renta, donación, cesión, comodato de los
terrenos donde se construirán, según respondió a la solicitud número
1100068819.
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