Por Claudia
Ocaranza, editada por Eduard Martín-Borregón, de la organización PODER.
Petroquímica Mexicana de Vinilo
(PMV), subsidiaria de Mexichem y en su momento controlada también por Pemex,
entregó 1 año y 7 meses tarde su programa de remediación para la explosión de
su planta Clorados III en el Complejo Petroquímico Pajaritos, en Veracruz.
A 10 meses
de haber dado los documentos ni los
afectados ni la población en general conoce su contenido, pues las autoridades
siguen analizándolo. Sin remediación, los habitantes de la zona aledaña al
complejo, que ya estaba contaminada por la presencia de Pajaritos, continúan
enfrentando riesgos para su salud. Por otro lado, Mexichem recibió más de 300
millones de dólares por parte de la compañía aseguradora.
En la
explosión del 20 de abril, de la que en 11 días se cumplen tres años, murieron 32 personas y 160 resultaron heridas. El
1 de noviembre de 2016 era la fecha límite que tenía PMV para entregar el plan
de remediación y el estudio de caracterización, según lo que ordenó la
Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa), pero la empresa
no lo entregó sino hasta el 15 de junio de 2018 .
La autoridad ambiental también ordenó
a PMV, creada en 2013 por la firma Mexichem con 56 por ciento de las acciones y
Petróleos Mexicanos (Pemex) con 44 por ciento, retirar residuos y enviarlos a
empresas autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) antes del 1 de julio de 2016.
La Semarnat no respondió sobre por qué la empresa no
entregó los documentos dentro de los plazos marcados por Profepa. La Secretaría
tampoco ha confirmado si la empresa ha retirado los residuos. Curiosamente, la
empresa presentó el programa de remediación, el estudio de caracterización y
dos estudios de evaluación de riesgo a la población humana pocos días antes de
las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018.
“Pudo haber sido plan con maña de la
empresa o una estrategia legal”, dijo el ex Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz en entrevista
con PODER. Rubio Quiroz presentó en 2016 un punto de acuerdo en la Cámara de
Diputados para exhortar a las autoridades a entregar estudios y soluciones a
los daños causados por la explosión.
Según Semarnat, a 10 meses de que
recibió los documentos, sigue analizando los documentos enviados por PMV y
todavía no tiene el resultado definitivo de la evaluación. Mientras que los dos
estudios de evaluación de riesgo a la población humana están siendo analizados
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El órgano descentralizado de la
Secretaría de Salud se negó a dar una entrevista a PODER.
Esta es la segunda semana consecutiva
que Cofepris se niega a dar entrevistas a la reportera de PODER por representar
a un medio de una organización de la sociedad civil. El reportaje Tabacaleras y
Cofepris: El acuerdo de la secrecía, que denuncia graves irregularidades por
parte del organismo, también salió sin su posición.
NO SE
NECESITA REMEDIACIÓN: MEXICHEM
Aunque Semarnat no ha validado el
programa de remediación, para PMV el problema está resuelto y aunque las
autoridades no han dado respuesta a la población, la empresa sí ha informado a
sus inversionistas.
“No es necesaria ninguna remediación
o compensación”, informó Mexichem durante el 2018 en sus reportes financieros a
la Bolsa Mexicana de Valores. En los informes no explica ninguno de los
documentos entregados a las autoridades, ni por qué fueron entregados con 19
meses de retraso.
Lo que sí explicó la empresa es que
el 12 de abril de 2018, dos meses antes de entregar el programa de remediación,
“firmó un acuerdo de compensación [con las autoridades] por afectaciones
indirectas a la atmósfera mediante el cual se impuso a PMV la obligación de
adquirir bonos de carbono y retirar materiales de un terreno definido por la
Profepa/Semarnat, en compensación por los gases de efecto invernadero en
equivalentes de CO2 y ácido clorhídrico liberados durante la explosión e
incendio”, medidas que en su segundo reporte
trimestral de ese año asegura haber cumplido.
Dicho acuerdo, firmado menos de tres
meses antes de las elecciones presidenciales en México, no fue dado a conocer
al público por parte de las autoridades. Tampoco Mexichem reportó un evento
relevante ante la Bolsa Mexicana de Valores ese día, es decir, no lo dio a
conocer a sus inversionistas sino hasta su reporte trimestral.
LOS DAÑOS:
SALUD Y AMBIENTE
Dos meses después de la explosión,
sucedida bajo la gubernatura del ahora preso Javier Duarte, Profepa le dio a
PMV un plazo de 45 días hábiles, que vencían el 1 de julio de 2016, para que
retirara los residuos peligrosos provenientes de las sustancias químicas que se
encontraban en los equipos de proceso, como el “ácido clorhídrico, Etano,
Etileno, catalizador de Cloruro Cúprico y 1,2 Dicloroetano”. Los residuos
tenían que ser enviados a empresas autorizadas por Semarnat.
Todavía hoy es imposible saber si la empresa
cumplió con esta responsabilidad. Semarnat evitó responder esto vía
transparencia y tampoco proporcionó el listado de empresas autorizadas para
recibir residuos peligrosos. Ni Semarnat ni Profepa respondieron a la solicitud
de entrevista antes del cierre de este reportaje.
La
organización Greenpeace detectó 59
químicos tóxicos para el ambiente y la salud humana en el agua proveniente de
la tubería de descarga de la planta, instalada en el arroyo Nuevo Teapa, que se
une al Río Coatzacoalcos. Una de las principales sustancias que se encontraron
fue el dicloruro de etileno (EDC), un líquido tóxico volátil que era fabricado
en ese complejo y que al ser ingerido o inhalado, puede afectar al sistema
nervioso central, al hígado, los riñones, los pulmones y al sistema
cardiovascular, según la ONG.
“Después de la explosión, cayó una
especie de ceniza que cubrió toda la región. En seis ciudades y pueblos había
esta ceniza. Nosotros tomamos algunas muestras”, explicó a PODER el Dr. Lorenzo
Bozada, científico que en 2016 participó con Greenpeace en su análisis. Lo que
se encontró en la ceniza fueron furanos y dioxinas, que en México es obligación
reportar cuando están por encima de cero.
Pajaritos era un peligro para la
salud de las poblaciones aledañas desde mucho antes de la explosión, según
probó Bozada en un estudio hecho en 2005, en el que se analizaron huevos de gallinas
que vivían libres en los patios de poblados cercanos al complejo. Los
resultados de dicho análisis fueron altas concentraciones de furanos y dioxinas
en los huevos.
“El problema es lo que esconden los
resultados. La alta frecuencia de cáncer y otras enfermedades en gente joven,
incluso niños, en esta región, podría tener una explicación”, dijo el también
consultor ambiental en Coatzacoalcos, que en 2017 publicó un estudio sobre el
efecto a futuro de los furanos y dioxinas a los que estuvieron expuestas más de
300 mil personas durante la explosión y los días posteriores.
LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS.
El 16 de
abril de 2018, cuatro días antes del
segundo aniversario de la explosión y sin haber entregado el programa de
remediación, Mexichem firmó un acuerdo con la aseguradora para recibir el pago
por el desastre: 323 millones de dólares, declaró la empresa en su reporte del
primer trimestre de 2018.
Los 262 millones de dólares (mdd)
fueron por daños a la propiedad, 48 mdd por la interrupción de negocios de las
plantas y 13 mdd por “otros gastos”. El segundo rubro, la interrupción de la
planta, incluye “los daños a terceros, responsabilidad civil y de medio
ambiente, asesoría, desmontaje parcial, etc”, según el desglose que hace la firma.
32 personas muertas y 160 heridos.
Ese fue el costo humano de la tragedia, que reportes independientes aseguran
que se pudo haber evitado. “El dato establecido no considera a los obreros que
sufrieron lesiones permanentes en ojos y oídos, ni se conocen los criterios de
indemnización utilizados”, afirma el estudio del Dr. Bozada publicado en la revista El Jarocho
Cuántico el 2 de abril de 2017.
“La salud y seguridad de nuestra
gente son nuestra prioridad. Nos esforzamos por garantizar la seguridad en
nuestras instalaciones y en las comunidades en donde operamos y en el medio
ambiente”, se lee en el Código de Ética de Mexichem. Ese principio no se
refleja en sus acciones; fuera de hablar de “daños a terceros”, en sus reportes
trimestrales Mexichem, no hace ni una mención a los heridos de Pajaritos y
tampoco habla sobre una remediación para ellos y sus familias.
LA
INDIFERENCIA.
Vencido el plazo para que PMV
retirara los residuos peligrosos, los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y
Omar Ortega Álvarez presentaron el 13 de julio de 2016 un punto de acuerdo en
la Cámara de Diputados para exhortar a la Semarnat, a la Secretaría de Salud y a
Pemex a realizar investigaciones y estudios necesarios para evaluar y reparar
los daños causados por la explosión. Además de que les pidieron a las
dependencias y a Profepa presentar un informe en el que se detallaran cómo
resarcir los posibles daños.
“El punto de acuerdo fue aprobado por
la Cámara, pero ninguna dependencia respondió a nuestra solicitud. Hasta el 31
de agosto de 2018 no tuvimos aviso en el Congreso de que la empresa había
entregado nada. Debieron mandarnos una agenda informativa al respecto”,
respondió con sorpresa e indignación Rubio Quiroz al enterarse de que PMV
entregó en junio de ese año el programa de remediación.
Otra
entonces diputada que reaccionó fuertemente contra PMV cuando sucedió la
explosión, fue la actual Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien en 2016 era coordinadora de la bancada de Morena.
Nahle pidió que se le quitara la concesión a la empresa privada y criticó el
mal manejo que hizo de la planta.
Pero no sólo no se le quitó la
concesión a PMV, sino que una vez que explotó la fracción etileno-monocloruro
de vinilo en su cadena productiva sal-cloro-sosa-etileno-monocloruro de vinilo,
se le permitió que en lugar de reconstruir la planta para restablecer toda la
producción, continuara únicamente con su cadena de sal-cloro-sosa dentro del
complejo Pajaritos.
En 2017 Mexichem anunció su decisión de no
reconstruir y en julio de 2018, un mes después de entregar el programa de
remediación a Semarnat, adquirió el 44.09 por ciento de las acciones de PMV que
todavía pertenecían a Pemex.
Ni Nahle ni el actual Presidente
Andrés Manuel López Obrador han dicho una palabra sobre la remediación a los
daños de la explosión en Pajaritos.
LA EMPRESA
QUE SE OCULTÓ.
Mexichem pertenece a Antonio del
Valle Ruíz y su familia, una de las más ricas de México con 3 mil 400 millones
de dólares (mdd) y en la posición 85 de los más ricos del país, según Forbes.
Mexichem facilitó a PODER documentos que ya eran públicos por ser una empresa
que cotiza en el mercado de valores, pero no respondió a las preguntas
específicas ni a una solicitud de entrevista.
Actualmente su hijo, Antonio del Valle Perochena,
preside el consejo de Grupo Kaluz, a la que pertenecen Mexichem, Elementia,
Banco Ve por Más, el banco Byline Bank y las escuelas de Innova Schools México.
También es desde febrero de 2019, el presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, es decir, uno de los hombres más escuchados dentro del sector
empresarial. Otro de sus hijos, Juan Pablo del Valle Perochena es presidente de
Mexichem.
Antonio del
Valle Perochena es también dueño de la
empresa Ternium México, S.A. de C.V. que se sobrepuso a los intereses de la
comunidad ejidal de la Sierra de Manantlán, en Jalisco, de mantener el área
como Zona Natural Protegida. Desplazó a los Wixárika de sus tierras y obtuvo en
septiembre de 2017 una autorización federal para desarrollar su mina Peña
Colorada.
En 2013 y en el contexto de la Reforma Energética
de Enrique Peña Nieto, Mexichem y PPQ Cadena Productiva -empresa creada en
España en abril de 2013 por PMI Holdings BV, también subsidiaria de Pemex
ubicada en Holanda- firmaron un acuerdo para crear PMV, y a través de ella
iniciar con los trabajos en Pajaritos, uno de los complejos, junto con el de
Cangrejera y Morelos, dedicados al etano.
Dentro de
los actuales consejeros de Mexichem figuran Eduardo Tricio Haro, dueño de Grupo
Lala; Fernando Ruíz Sahagún, fundador del despacho Chévez, Ruíz, Zamarripa; y
Jaime Ruíz Sacristán, ex presidente de la BMV y ex director de la Asociación de
Bancos de México y primo de Antonio del Valle Ruíz.
“La empresa se ocultó”, dijo Bozada,
científico y habitante de Coatzacoalcos. Van a cumplirse tres años de la
tragedia que arrebató la vida a 32 personas y que dejó más contaminación y
riesgos para la salud de los pobladores de la zona. No sólo la población
general no conoce el tardío programa de remediación, sino que además, hasta la
fecha, no hay responsables.
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