Por Gloria
Leticia Díaz.
La
Secretaría de Gobernación (Segob)
analiza los expedientes de más de 500 presos de conciencia con la finalidad de
buscar su liberación, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y
Población, Alejandro Encinas.
Tras reivindicar la inocencia de seis
indígenas de San Pedro Tlanixco, comunidad perteneciente al municipio de
Tenango del Valle, quienes fueron liberados en febrero pasado a instancias de
la Segob, Encinas Rodríguez detalló que en lo que va de la administración de
López Obrador han sido puestos en libertad 25 activistas.
Encinas refirió que Dominga González
Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias
Mireles, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal, quienes
fueron encarcelados entre 12 y 16 años por un crimen que no cometieron, fueron
“víctimas de abuso de autoridad por oponerse al despojo del agua y las tierras,
que les fueron arrebatados en actos de corrupción y complicidad”.
Al señalar que la criminalización de
los seis activistas de Tlanixco es “un referente de los abusos” contra
defensores, Encinas dio que desde la subsecretaría de Gobierno estarán “atentos
a casos similares”.
Por el momento, dijo la dependencia a
su cargo está revisando 538 expedientes, 479 de hombres y 59 de mujeres,
“presos políticos en todo el país” que han solicitado a la Subsecretaría mediar
ante los gobiernos de las entidades, pues pesan sobre ellos cargos del fuero
común, para que sean liberados
Detalló que de los más de 500
expedientes, 140 corresponden a defensores de Guerrero; 71 a Puebla; 65 al
Estado de México; 52 a la Ciudad de México y 51 a Oaxaca, “son presos de
conciencia que han sido objeto de abuso de autoridad”.
Sobre el caso específico de los seis
defensores del agua en Tlanixco, Encinas Rodríguez reconoció que haber estado
en prisión por un delito que no cometieron “es una injusticia que difícilmente
se podrá reparar”.
Al reconocer que en su liberación
intervino el gobierno del Estado de México, Encinas puntualizó que “se violaron
gravemente sus derechos humanos, no sólo en contra de ellos y sus familias,
sino toda una comunidad que se opuso al despojo de un recurso fundamental para
el desarrollo de su actividad productiva que es el agua”.
Agregó que la comunidad también ha
luchado en contra del “despojo de su tierra que en actos de corrupción y
complicidad de la autoridad y de particulares que menospreciando la vida de la
comunidad, quisieron despojarlos de sus bienes y tierras”.
Encinas sostuvo que “hay tareas que continúan” para
que los activistas puedan reintegrarse a la vida, con sus familias y la
comunidad.
Destacó que continuará el apoyo de la
dependencia para que una vez liberados puedan retomar su vida, para que el caso
“no quede impune” y que se pueda reparar el daño, para lo cual se acudirá a la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Si queremos pacificar al país, si
queremos una reconciliación entre los mexicanos, si queremos que haya justicia
que permita el desarrollo y bienestar de la población tenemos que ir cerrando
expedientes con actos de justicia y reivindicación, para que los mexicanos
volvamos a vivir en paz y que se tenga un gobierno que esté de lado de la gente
que trabaja, que quiere salir adelante y no buscando hacer negocios a costa de
las comunidades, de sus riquezas
naturales que con tanto esfuerzo han conservado”, puntualizó Encinas.
Los seis indígenas del ejido de San
Pedro Tlanixco formaban parte de la Comisión para la Defensa del Agua, luego de
que durante el gobierno de Vicente Fox el pueblo se confrontó con la comunidad
de Villa Guerrero, por las concesiones de dos manantiales.
El primero de abril de 2003, en medio
del conflicto, miembros de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero
(Asflorvi), con quienes San Pedro Tlanixco mantienen el conflicto, acudieron a
la comunidad y uno de ellos, Alejandro Isaak Basso, murió al caer en un
barranco, fallecimiento por el que fueron acusados los seis indígenas y
sentenciados a 50 años de prisión.
En el
evento, en nombre de sus compañeros
Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González y Pedro Sánchez Berriozábal,
agradecieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su liberación y
pidieron a Encinas Rodríguez protección del Estado mexicano y que se libere a
más personas presas injustamente.
Dominga pidió velar porque “no haya represalias
para el pueblo”, y que el gobierno federal “siga apoyando a más presos”, que
están en la cárcel “por ser pobres y no tener para pagar abogados”.
Pedro
Sánchez reivindicó el papel de los seis
indígenas, al señalar que no son “delincuentes, sino defensores de los recursos
naturales”, que fueron injustamente acusados.
Sánchez llamó a las autoridades del
Estado de México a investigar cabalmente la muerte de Issak Basso, porque al
ponerse “en los zapatos de la parte ofendida”, resulta injusto que no se haya
esclarecido el deceso, pero también lo es que ellos pagaran por un delito que
no cometieron.
“No fallamos nosotros, no fallaron
los licenciados, sino el Poder Judicial del Estado de México junto con el
Ejecutivo y legislativo”, resaltó Sánchez Berriozábal.
Teófilo Pérez González recordó que
durante el tiempo en que estuvo en prisión, pudieron identificar varios casos
de personas que están en prisión de manera injusta, por lo que pidió investigar
otros casos similares a los suyos.
Pérez
González destacó que a partir de su
detención “no sólo nosotros estuvimos en la cárcel de Almoloya de Juárez, sino
todos nuestros familiares que buscaron la forma de que no nos sintiéramos tan
mal en prisión”.
Antonio
Lara, director del Centro de Derechos
Humanos Zeferino Ladrillero, organización que defendió a los seis indígenas,
sostuvo que para la reparación del daño de las seis personas, se implementará
“una plataforma con las dependencias involucradas, gobierno del estado,
gobierno federal, instituciones internacionales, en donde buscaremos una
reflexión conjunta para la aplicación concreta de las reparaciones”.
Lara explicó que lo que se pretende es no sólo
buscar reparación para las personas directamente afectadas, sino para toda la
comunidad de San Pedro Tlanixco, porque se trató de una “política represiva
contra toda una comunidad”.
El defensor destacó que el despojo de agua y el
conflicto con Asflorvi continúa, pues se trata de una empresa con capital
español e italiano, que siembra cada año 10 mil hectáreas de flores, con
ganancias anuales de mil 800 millones de pesos.
“El despojo está en el agua, para
sembrar 10 mil hectáreas necesitan cantidades descomunales de agua, y es eso lo
que le roban a la población de San Pedro Tlanixco, ese es el frente que todavía
sigue abierto”,
concluyó.
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