Por José
Raúl Linares.
La audiencia que se sigue contra el
general Eduardo León Trauwitz, junto a otros 20 militares más, quedó aplazada
hasta el próximo 17 de mayo, ya que la Fiscalía General de la República (FGR)
no entregó copias de las acusaciones sobre robo de combustible.
La juez Angélica Lucio Rosales,
adscrita al reclusorio sur de la Ciudad de México, determinó que no se podía
desahogar la audiencia contra el militar, quien fuera encargado de la seguridad
de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues faltan datos de prueba para que sea
vinculado a proceso.
La causa penal 83/2019, derivada del
presunto delito de lavado de dinero que habría cometido como jefe de seguridad
en Pemex, fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público ante la Fiscalía General de la
República.
Entrevistado
al salir de la audiencia que se prolongó durante dos horas, León Trauwitz dijo que ha vivido “meses de
angustia” debido a que la UIF decidió congelar sus cuentas bancarias desde
enero pasado.
“Afortunadamente me está pagando en efectivo la
Secretaría de la Defensa Nacional. No me pueden depositar en mis cuentas, pero
me pagan en efectivo”, dijo el general brigadier que, antes de las acusaciones, se encontraba
comisionado en Panamá.
Al término
de la audiencia, Trauwitz dijo
desconocer el delito que le imputa, hecho que también confirmaron sus abogados
Roberto García y Guillermo Barradas.
Al respecto,
García replicó que el Ministerio Público
federal incumplió con su obligación de entregar copias de toda la carpeta de
investigación a la mayoría de los abogados de los 21 imputados y esto para el
general es una “indefensión total”.
Junto a él son acusados otros 20
militares, quienes supuestamente también habrían estado al tanto del robo de
combustibles, así como de su reventa a gasolineras.
En febrero
pasado, el general León Trauwitz
interpuso el amparo 200/2019, donde solicitó al Juzgado Decimoquinto de
Distrito en materia Administrativa con sede en Ciudad de México, la suspensión
definitiva al bloqueo de sus cuentas bancarias.
Al tratar de argumentar su defensa,
el general, quien también fuera jefe de escoltas del presidente Enrique Peña
Nieto cuando fue gobernador en el Estado de México, interpuso un recurso de
queja al argumentar que no existen delitos por los cuales fueron congeladas sus
cuentas.
“En razón a que la primera condición
de procedencia no se surte, esto es, que el acto contra el cual se haya
solicitado sea cierto (…), procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada
sobre los actos imputados a las autoridades responsables, precisados en
párrafos que anteceden, ya que al no acreditar de manera fehaciente su
existencia, no existe materia para decretarla”, se lee en la resolución 200/2019 del
amparo presentada el pasado 11 de febrero.
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