Por Karen
Castillo.
El Seguro Popular fue incapaz de
establecer los parámetros necesarios para evaluar el incremento de enfermedades
como el VIH-SIDA y el cáncer infantil, lo que imposibilitó el acceso oportuno a
servicios médico- quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios de los pacientes,
así lo documentó la Auditoría Superior de Federación en su análisis de la
Cuenta Pública del 2017.
El organismo federal determinó que la
que la cobertura del Sistema de Protección Social en Salud -en el que incluye
el Fondo de Gastos Catastróficos (FDGC), destinada la atención de enfermedades
de alta complejidad diagnóstica y tratamiento como las mencionadas- no cuenta
con los elementos de análisis necesarios desde su creación, hace 14 años. En el
mismo destaca la falta de estimación del crecimiento de 61 enfermedad cubiertas
por el FPGC del Seguro Popular.
La evaluación adquiere relevancia
para dichas enfermedades, debido a que el FPGC cubre los gastos de problemas
graves de salud pública como el cáncer en menores de 18 años, padecimientos
metabólicos, trastornos quirúrgicos y congénitos, hepatitis C y enfermedades
infectocontagiosas como el VIH-Sida.
En los
últimos días, organizaciones de la
sociedad civil, activistas y familiares de pacientes con cáncer infantil y Sida
se han manifestado por la escasez e incertidumbre de los servicios y fármacos
ofrecidos por el Seguro Popular. El alto costo que tienen que pagar por los
medicamentos en caso de insolvencia resulta insostenible, debido a que implican
un pago entre los 50 mil pesos mensuales y los 150 mil semanales.
Las denuncias coinciden en la falta
de parámetros para evaluar el funcionamiento del Fondo de Gastos Catastróficos
del Seguro Popular, del que depende el dispendio de los servicios.
En distintas ocasiones portadores del
VIH y familiares de padres con niños con cáncer se han manifestado para
denunciar la falta de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad. El
medicamento por general llega, pero tarde y cuando ya fueron interrumpidos los
tratamientos. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
En
entrevista para SinEmbargo, José Carlos
Gutiérrez, director general de la Asociación Mexicana de Ayuda Niños con Cáncer
(AMANC), sostuvo que el fondo opera de manera deficiente. A pesar de que con el
mismo surgió la visibilización y seguimiento de los casos de esta enfermedad,
los problemas en su operatividad continúan sin ofrecer garantías.
“El hecho de que exista el fondo ha
permitido dar un seguimiento puntual a las enfermedades crónico-degenerativas,
en particular el cáncer infantil. Ahora hay recurso y un presupuesto para la
cobertura completa del cáncer infantil. Peor sería que no existiera un fondo.
Sin embargo, para que funcione requiere que se actualicen los protocolos de
atención y que el Consejo Nacional de Seguridad sesione con frecuencia para
determinar en qué se ocupara el presupuesto. (…) La primera controversia es que
los protocolos que son pagados por el fondo no están actualizados y no lo están
porque eso implicaría sesionar sobre medicamentos, lo que aumentaría el gasto
que el Estado mexicano deberá cumplir”, añadió.
La actualización de los protocolos
mencionados por el especialista lo son todo para que funcione el fondo. El pago
de los servicios de cada uno de los casos depende de que se incluyan las
necesidades de los diagnósticos en ellos. Es decir, si el instrumento no
incluye los medicamentos y diagnósticos más actualizados, los pacientes corren
el riesgo de quedarse sin él.
El riesgo directo lo corren los
enfermos que frecuentemente no cuentan con el medicamento, así como sus
familias que padecen el impacto económico y psicológico de la escasez.
Gutiérrez sostiene que la falta de voluntad política
y la continua optimización de los recursos provoca que los servicios no se
ofrezcan de manera íntegra. El descontrol comienza con la falta de registro de
los casos, que se alimenta de la falta de infraestructura y de personal en los
hospitales.
“Como AMANC partimos de la necesidad
de contar con un registro nacional de cáncer en adolescencia y la infancia, un
registro complejo. El Fondo de Gastos Catastróficos sólo se aplica a los
hospitales de la Secretaría de Salud, sin embargo, ya sabemos que los
hospitales del IMSS, del ISSSTE, Pemex y los dependientes de las Fuerzas
Armadas también tienen este tipo de problema. Hace falta información nacional
para dimensionar la carga económica y la atención psicosocial del paciente”, agregó.
El FONDO DE
GASTOS CATASTRÓFICOS.
El 15 de
mayo del 2003, durante el sexenio de
Vicente Fox, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una
serie de reformas a la Ley General de Salud que dieron lugar a la creación del
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), del cual forma parte el Seguro
Popular. Esta disposición entró en vigor en el 2014 y para el 2015 ya incluía
al Fondo de Gastos Catastróficos en el pago de tratamiento de leucemia
infantil.
En la
presentación de motivos para la creación del FDGC se insistió en que 3 millones de personas incurrían en gastos
catastróficos. Entendiéndose por gasto catastrófico todas las erogaciones
realizadas en caso de que una familias destine 30 por ciento o más de su
ingreso disponible o capacidad de pago al financiamiento en atención de su
salud.
Un estudio
realizado por la OCDE señaló que la
falta de inversión por parte del Gobierno mexicano en materia de salud provoca
que los ciudadanos gasten hasta un 41 por ciento de sus ingresos en atender
enfermedades de alto costo entre ellas, el cáncer.
El fondo se creó como una alternativa
a este gasto que empobrece a los mexicanos y se pensó como un fideicomiso
financiado por la Comisión Nacional de Protección Social de la Salud (CNPSS),
que desde el 2013 designa el 8.0 por ciento (10 millones 847 mil 265 pesos) de
los recursos de cuota social y aportación solidaria.
Desde su creación ha incluido a 60
enfermedades distintas. Empezó atendiendo los casos de leucemia infantil, pero
actualmente incluye a todos los cánceres en menores de 18 años de edad, dos
clases de cáncer cervicouterino y trastornos como el Síndrome de Turner, entre
otros.
Yareli
Escudero, directora general de Pacientes en Acción, explicó que para poder garantizar la suma de enfermedades al catálogo
de atención es necesario que se elaboren los protocolos en los que se detallan
los costos de operación de cada una de las enfermedades por paciente. La
especialista confirma la necesidad de estas mediciones para garantizar la
atención. De no contarse con ellos, el Estado no puede pagar lo necesario a los
hospitales asociados.
El problema, señaló, se extiende como
un inconveniente de presupuesto. Se deja de destinar dinero para costear las
enfermedades costosas.
“El Seguro Popular paga al Seguro
Popular lo correspondiente por cada uno de los casos inscritos. En general no
hay dinero para costear este tipo de programas y fondos. El tema es que no
todos los pacientes tienen acceso, aquellos que lo logran no dan evaluaciones
positivas, sin embargo, en padecimientos como el Síndrome de Turner hemos visto
interrumpido los tratamientos. De 10 pacientes que se atendieron en el programa
piloto por esta enfermedad, podría asegurar que solo dos son beneficiarios. No
hay estadísticas de esto, como de todo, ellos dicen que ofrecen buenos
resultados, sin embargo, es para un número mínimo de personas”, agregó.
De acuerdo
con el informe de resultados del Seguro Popular más reciente, el de año 2017, a
la fecha se tienen acreditados mil 107
servicios, cuya distribución para los gastos es de la siguiente forma: 198
establecimientos acreditados en Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y
Prematurez (UCIN); 167 para cáncer en la infancia y adolescencia (CIAd); 125
VIH/SIDA (VIH/S); 100 a trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos (TQCA);
76 en Infarto Agudo al Miocardio (IAM); 70 a cáncer de mama (CaMa); 68 a cáncer
cervicouterino (CaCu); 51 para trasplante de córnea (T cor); 38 para hemofilia
(Hemo); 37 para cáncer de testículo (C Test); 33 para cáncer de próstata
(CaPro); 33 en linfoma No Hodgkin (LNoH); 28 para enfermedades lisosomales
(Liso); 21 en cáncer de colon y recto (CaCR); 17 en cáncer de ovario (CaOv); 17
para trasplante de médula ósea en menores de 18 años (TMO18).
Los especialistas explicaron que las
cifras podrían contener errores debido la falta de insumos obliga al
desplazamiento de los pacientes a hospitales con mejores condiciones, como lo
son los nosocomios nacionales de la Ciudad de México. Esto representa que
muchos de los casos atendidos no se registran, lo que genera la escasez de
medicamentos y servicios.
EL CONTEXTO
POLÍTICO
Desde
diciembre del 2018 cuando el Jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador anunció el cambio de esquema del Seguro
Popular, la incertidumbre sobre la atención y los medicamentos ha permanecido
en los pacientes.
Yareli
Escudero urgió a atender los problemas
relacionados con el Fondo y con el Seguro Popular. Reconoció que la medida se
plantea como un cambio positivo para la distribución, sin embargo, el letargo
es por ahora padecido por los enfermos.
“La falta de medicamentos que se vive
actualmente responde en parte al poco presupuesto que tiene el fondo, pero
también a lo que se está viviendo el país en el contexto político-económico. El
Presidente traía el tema de que el Seguro Popular va a desaparecer, aunque
nosotros creemos que sólo va a cambiar de estructura. Sin embargo, los cambios
administrativos y de servidores públicos tienen una consecuencia negativa en
los programas sociales que benefician a los ciudadanos, en este caso a los
pacientes”.
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