Con 106
votos a favor y uno en contra, el Senado
aprobó en lo general la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que favorecerá
a personas físicas y morales con beneficios administrativos en la Ciudad de
México y prevé la eliminación de supervisiones a establecimientos comerciales.
La
legislación, presentada por el Senador de Morena Ricardo Monreal Ávila, instaurará un nuevo esquema de cobro de
impuestos basado en el principio de “buena fe” de las personas físicas y
morales que de manera voluntaria se inscriban al Padrón Único de Fomento a la
Confianza Ciudadana, el cual formará parte del Catálogo Nacional de
Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora
Regulatoria.
La creación de estas disposiciones
jurídicas sea aplicada por la Secretaría de Economía (SE) a través de la
comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
La Ley, que contempla 17 artículos y 16 transitorios,
tiene como principio otorgar la confianza a los ciudadanos en trámites de
fiscalización a los que el Estado habrá de renunciar porque con la nueva
legislación se suspende la vigilancia, inspección o fiscalización a
establecimientos mercantiles, comerciales y de servicio que realizan
actualmente los inspectores, supervisores o auditores de la administración
pública federal o de organismos autónomos.
La Ley de
Fomento a la Confianza Ciudadana propone
la creación de un órgano que aprobará las acciones y programas sectoriales (de
acuerdo con el ámbito de competencia de cada Secretaría) para la implementación
de beneficios y facilidades administrativas.
Dicho organismo deberá presentar
anualmente un informe de avances de estas acciones.
Para poder acceder a este tipo de
beneficios, la ciudadana o el ciudadano únicamente deberán inscribirse
voluntariamente al Padrón Único de Fomento a la Confianza.
Su registro –que no tendrá costo
alguno– será considerado como un acto de buena fe por el cual dará entender al
Estado que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y regulatorias. A
cambio, podrá recibir los beneficios y facilidades que establezcan los
programas sectoriales de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
La legislación propone también el
cese de actividades de verificación a las personas que ejercen actividades
comerciales y que se encuentren inscritos en el Padrón Único de Fomento a la
Confianza, así como a sus establecimientos, las cuales realizan las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que en muchos
casos dan pie a actividades de corrupción de quienes las efectúan, por lo que
con la- Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana tales actividades tendrán un
esquema de regulación y ejecución diverso.
Los dueños de estos establecimientos
sólo tendrán la obligación de inscribirse en un padrón para manifestar bajo
protesta de decir verdad que se comprometen a cumplir las leyes a que están
obligados para funcionar como establecimiento o empresa comercial sin ser
molestados o amonestados como se ha hecho hasta ahora.
En la
exposición de motivos de la iniciativa de Ley se reconoce que en México uno de los problemas más graves es la
corrupción, que tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía, por
lo que uno de los ejes rectores de la nueva administración es eliminar este
problema y a los legisladores les corresponde implementar políticas que
otorguen certidumbre jurídica para aquellas personas físicas y morales que
desempeñan alguna actividad mercantil.
“El Banco Mundial la estima en un 2.0
por ciento del PIB, el Banco de México, y Forbes en un 9.0 por ciento y el
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en un 10.0 por ciento, lo que
inhibe el desarrollo económico, de ahí que erradicarla se ha convertido en un
eje primordial para el nuevo gobierno, lo que obliga al Estado a implementar
políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico, que creen un
ambiente favorable para el crecimiento de los negocios, que fomenten la
creación de empleos que requiere a la vez, otorgar certidumbre jurídica para
aquellas personas físicas y morales que desempeñan . alguna actividad
mercantil”, se lee
en el documento de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.
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