Dolores
Padierna.
En enero
pasado, el Ejecutivo federal presentó
una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, una
propuesta destinada a atender uno de los principales problemas de las pensiones
de capitalización individual que, como todos sabemos, es que los trabajadores
recibirán pensiones muy bajas que no harán posible un retiro digno.
La reforma propone como solución diversificar la
inversión de los recursos ahorrados, al permitir que las Administradoras de los
Fondos para el Retiro (Afore) inviertan en empresas privadas, particularmente
en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), así como en productos
derivados y operaciones en reporto. Hasta ahora, la mayoría de los recursos se
destinan a la compra de deuda pública y a la inversión en empresas que cotizan
en el mercado de capitales.
La
iniciativa contempla además una
modificación a la fórmula para el cálculo de la comisión que cobran las Afore a
los trabajadores. La idea es que ya no se cobre únicamente en función de los
saldos, sino que se incluya un componente variable en función del desempeño de
las mismas Afore. En esencia, el objetivo sería hacer más eficiente el manejo
de los recursos.
En la Cámara
de Diputados, en búsqueda de consenso y de mayor intercambio con la Secretaría
de Hacienda, se pospuso recientemente la
presentación de la iniciativa ante el Pleno.
En el Legislativo y en círculos de
especialistas se discuten los beneficios de la reforma, y también se ha puesto
sobre la mesa si la iniciativa presentada va o no al fondo del problema.
La iniciativa flexibiliza el régimen
de inversión de los recursos acumulados por los trabajadores en sus cuentas
individuales, y transforma las actuales sociedades de inversión en fondos de
inversión, lo que supone ventajas por la disminución de los costos de gestión.
Algunos analistas advierten, sin
embargo, que existen riesgos de que la reforma no rinda los frutos esperados,
entre otras cosas porque la vida promedio de las Mipymes es muy corta. Se
estima (Inegi, 2016) que de cada 100 empresas nuevas, 33 cierran en su primer
año de vida, 65 lo hacen en los primeros cinco años y 76 lo hacen en los
primeros 10 años. Ese panorama nos lleva a la conclusión de que la inversión de
los recursos de toda la vida de los trabajadores en este tipo de negocios sería
altamente riesgosa.
Por otro
lado, se estima que la modificación de
la fórmula para calcular la comisión que cobra las Afore no ataca de frente ni
de manera satisfactoria el problema de las bajas tasas de reemplazo.
Una de las preocupaciones presentes
en San Lázaro es que una reforma profunda exige un diagnóstico acertado del
desempeño que hasta ahora han tenido las Afore. No parece ser un buen punto de
partida ignorar estudios serios que aportan evidencias de que las Afore no han
tenido un efecto positivo en el desarrollo del mercado de capitales
(Organización Internacional del Trabajo, 2018. Reversing Pension Privatization: Rebuilding public pension systems in
Eastern European and Latin American countries [2000-18]. Ginebra: OIT).
Se pueden dar pasos en la dirección
correcta pero hace falta atender los problemas de fondo, pues de lo contrario
sólo pospondremos la solución de situaciones que aquejan de manera importante a
la mayoría de los trabajadores.
La discusión no debería perder de
vista dos asuntos fundamentales: el primero, que el objetivo de las pensiones
es proteger a las personas ante el riesgo social de empobrecimiento en la
vejez. La segunda la formulo como pregunta: ¿podemos tener un buen sistema de
pensiones, dignidad después de una vida de trabajo, sin cuestionar la lógica de
funcionamiento del sistema de cuentas individuales? ¿Podemos hacerlo si se
perpetúa la idea de que el disfrute de un derecho humano, como lo es la
seguridad social, debe depender del esfuerzo personal?
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