Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
El subgobernador del Banco de México
(Banxico), Gerardo Esquivel, fue el único miembro de la Junta de Gobierno de
esa institución que no estuvo de acuerdo con el tono del comunicado sobre la
decisión de política monetaria.
“Si bien estuve de acuerdo con la
decisión de mantener constante el objetivo para la tasa de interés
interbancaria (ubicada en 8.25%), no coincido con el comunicado que informa
sobre dicha decisión. En concreto, difiero tanto del tono restrictivo que lo caracteriza,
como de la conclusión alcanzada sobre el balance de riesgos para la inflación”, destacó Esquivel, de acuerdo con la
Minuta número 66 de la última Reunión de la Junta de Gobierno del Banxico, con
motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 28 de marzo.
Sobre el
primer punto, explicó que la evolución
reciente de los diversos indicadores de inflación en México descritos en el
propio documento, así como los cambios de política recientemente anunciados por
la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, abrían el espacio para emitir un
comunicado con un tono más neutral.
En segundo
lugar, consideró que los riesgos a la
baja en la inflación, derivados tanto de una perspectiva de condiciones de
mayor holgura en la economía mexicana como de una previsible desaceleración
económica mundial, “son suficientemente elevados como para compensar los
potenciales riesgos al alza que se identifican en el documento”.
Por otra
parte, Esquivel disintió del resto de la
junta en cuanto a las preocupaciones sobre el potencial impacto en la inflación
con el aumento al salario mínimo, o un posible ‘efecto traspaso’ del tipo de
cambio, que “son menores a las que se reflejan en el comunicado”.
De acuerdo
con la minuta, el gobernador del
Banxico, Alejandro Díaz de León Carrillo, así como los subgobernadores Irene
Espinosa Cantellano, Gerardo Esquivel Hernández, Javier Eduardo Guzmán Calafell
y Jonathan Ernest Heath Constable, votaron a favor de mantener el objetivo para
la tasa de interés interbancaria a un día, en un nivel de 8.25%.
Durante la reunión, el principal tema
fue la elevada incertidumbre que persiste en el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre pasado.
Según la
minuta 66, todos los miembros
coincidieron en que el balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado
a la baja.
Uno indicó que este sesgo se observa
en un horizonte tanto de corto como de mediano plazo. Y, además de los riesgos
globales descritos anteriormente, la mayoría mencionó otros riesgos a la baja de
índole interno para el crecimiento, entre los cuales destacan:
Que se prolongue o se deteriore el
actual ambiente de incertidumbre que ha mantenido en niveles bajos la inversión
y que pudiera dar lugar a que los consumidores reduzcan su gasto, o que se
materialice una reducción de la calificación crediticia de empresas productivas
del Estado o del soberano mismo.
Otro de los riesgos detectados es que
en el ejercicio del gasto público se presente un mayor retraso del que
normalmente sucede al inicio de cualquier administración; riesgos derivados del
proceso de ratificación del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos
y Canadá; y la posibilidad de una recuperación más lenta de lo previsto en la
producción petrolera.
Respecto del
primer riesgo, algunos detallaron que la
incertidumbre propiciada por la falta de claridad de diversas políticas
públicas podría obstaculizar la recuperación de la inversión privada y el
consumo.
En este
contexto, uno agregó que la
incertidumbre podría, además, dar lugar a que los consumidores reduzcan su
gasto por razones precautorias, y otro sostuvo que la principal acción que
puede tomarse para fortalecer la actividad económica en la actualidad es la
creación de condiciones de confianza que estimulen un repunte de la inversión.
A los
riesgos ya señalados, un miembro resaltó
la posibilidad de que la recaudación tributaria disminuya en relación con lo
programado, lo que podría limitar el desempeño del gasto público, que persista
el estancamiento reciente de las exportaciones automotrices a Estados Unidos y
que el tipo de cambio real se aprecie, desincentivando las exportaciones no
petroleras.
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