Por Patricia
Mayorga.
La jueza María Guadalupe Hernández
Lozano acató el amparo que se otorgó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte
Jáquez, y canceló una de las más de 15 órdenes de aprehensión en su contra, al
considerar que el Ministerio Público (MP) no justificó el resguardo de la
identidad de testigos que declararon por el presunto desvío de 2.4 millones de
pesos a favor del exdiputado local Mariano Fernando Reyes Ramírez.
El consejero
jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, explicó que se trata de amparos resueltos “de forma y no de fondo”,
porque no libran al exgobernador de la responsabilidad penal. Sólo son dos los
amparos que hasta ahora se le han otorgado, contra más de 15 órdenes de
aprehensión, más cinco que están pendientes de resolver en juzgados, abundó.
De igual
manera, aseveró que hay elementos
suficientes para solicitar que se gire una nueva orden de aprehensión por el
desvío señalado.
Los amparos otorgados a Duarte fueron
solicitados en juzgados de Toluca y Ecatepec, en el Estado de México.
La jueza de Control en Chihuahua
acató el amparo del Segundo Tribunal de Toluca, y el fallo trascendió a los
medios de comunicación, aunque hasta este mediodía la Consejería Jurídica no
había sido notificada.
De acuerdo
con la jueza, el MP “fue omiso en
exponer los fundamentos y motivos por los cuales decidió resguardar la
identidad de los citados testigos; tampoco demuestra que alguna autoridad
judicial intervino y avaló tal reserva. En escrito de solicitud, el agente del
Ministerio Público no expone argumento alguno para justificar la necesidad de
que estos testigos deban permanecer bajo identidad reservada”.
El amparo concedido es por el
presunto desvío de 2 millones 420 mil pesos que César Duarte habría entregado
al exdiputado Fernando Reyes, de Movimiento Ciudadano, quien en un Juzgado del
Fuero Común confesó que sí recibió ese dinero como préstamo personal por un
problema familiar.
Según el MP,
supuestamente se trató de un pago para
aprobar la última bursatilización solicitada por Duarte al Congreso de
Chihuahua al final de su sexenio, en 2016, por más de 6 mil millones de pesos.
Para justificar ese pago, abundó, simularon contratos por servicios no
recibidos.
Por ese caso está procesado, además
de Fernando Reyes, el empresario Iván Elí Sánchez Jaso, representante de la
empresa Bilgung Consultoría Organizacional. Ambos fueron sentenciados a tres
años de cárcel.
El Segundo
Tribunal pidió a María Guadalupe
Hernández Lozano valorar la orden de aprehensión contra Duarte, otorgada por el
desvío de 2 millones 400 mil pesos. La jueza determinó echar abajo dicha orden
porque, según el amparo, la Fiscalía General de Chihuahua sólo podría reservar
la identidad de testigos en caso de delincuencia organizada, según la
Constitución mexicana.
El otro amparo que se otorgó a César
Duarte es por el caso en el que está involucrado el exsecretario general
adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien presuntamente
desvió, con el apoyo del exgobernador, 250 millones de pesos del gobierno de
Chihuahua. Un juez ordenó que ese asunto fuera atraído por la justicia federal.
Según Jorge
Espinoza, se trata de estrategias del
exgobernador para evadir la justicia, y aseguró que el gobierno de Javier
Corral Jurado tiene los elementos suficientes para comprobar la culpabilidad de
Duarte en cada una de las carpetas de investigación que tiene abiertas.
“Estamos listos para detenerlos en el
momento que las autoridades den con su paradero”, soltó el consejero jurídico.
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