Por Nayeli
Roldán y Manuel Ureste.
En tan solo siete días, un juez
federal archivó por falta de pruebas dos de las denuncias que presentó la
Fiscalía General de la República (PGR) por el presunto desvío de más de 300
millones de pesos en la Sedesol y en Sedatu, a través del esquema de corrupción
conocido como La Estafa Maestra.
El juez
federal Fernando Payá desestimó el
miércoles vincular a proceso a Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de
delegaciones de la Sedesol durante la administración de Rosario Robles.
Mientras que, el miércoles pasado, determinó lo mismo en el caso de Francisco
Báez Álvarez, exdirector de presupuesto de la Sedatu, también cuando Robles
estuvo al frente de esta dependencia.
En ambos casos, el juez dictaminó que
el Ministerio Público federal no comprobó la responsabilidad de estos
funcionarios en irregularidades en los convenios con universidades públicas,
para hacer supuestos servicios.
De momento, estos exfuncionarios ya
no serán sometidos a juicio, aunque la Fiscalía señaló que apelará la decisión
del juez en el caso de León Mojarro, al considerar que la investigación prueba
que el exservidor público imputado autorizó indebidamente una contratación.
El último caso que se le cayó a la
FGR fue el de Pedrón Simón León Mojarro, quien compareció el miércoles en la
Sala 1 del Tribunal Federal Electoral, con sede en Reclusorio Norte de la
Ciudad de México, acusado del delito de ejercicio indebido de la función
pública.
León Mojarro firmó en 2015 un
convenio por 124 millones de pesos con la Universidad Intercultural del Estado
de México, para que ésta realizara en las 32 entidades del país el
levantamiento de cuestionarios en un millón de hogares, y así se detectaran
posibles beneficiarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
El convenio fue firmado al amparo de
una exención que prevé el Artículo 1 de la Ley Federal de Adquisiciones, el
cual establece que dos dependencias públicas de gobierno, como en este caso la
Sedesol y la Universidad, pueden firmar convenios de manera directa y sin pasar
por el filtro de una licitación pública.
Sin embargo,
tanto la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), como la Fiscalía, detectaron que esta Universidad pública, a
pesar de haber declarado por escrito previo a la firma del convenio que contaba
con la capacidad y la infraestructura necesaria, subcontrató a empresas
privadas para, supuestamente, realizar dichos cuestionarios.
A partir de
lo anterior, los agentes de la Fiscalía
expusieron ante el juez cinco argumentos para que vincularan a proceso a Pedro
Simón León Mojarro, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función
pública.
El primero,
que hubo un sobrecosto de los servicios:
la Universidad cobró 124 millones de pesos de Sedesol para hacer los
cuestionarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero ésta entregó 61
millones a empresas privadas para que ellas hicieran los servicios, quedándose
con los 63 millones restantes por no hacer nada.
El segundo,
que hubo una violación al artículo 1 de
la Ley de Adquisiciones, puesto que la Universidad subcontrató con empresas más
del 49% del dinero que le entregó Sedesol, lo cual está prohibido por dicha
Ley.
El tercer argumento es que debido a que la
Universidad subcontrató más del 49% permitido, la exención del Artículo 1 de la
Ley ya no era aplicable al convenio, por lo que “hubo una contratación
indebida” en la que participó el hoy exfuncionario de Sedesol.
El cuarto
punto es que Pedro Simón León Mojarro no
verificó que, en efecto, la Universidad tuviera la capacidad para dar los
servicios contratados.
La Fiscalía señaló que, a pesar de que en el convenio
entre Sedesol y la Universidad quedó constatado que la Universidad declaraba en
un oficio, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la suficiente
capacidad y que, además, no subcontrataría ningún servicio, León Mojarro era el
responsable directo de verificarlo y no lo hizo, lo que derivó en un presunto
daño a las arcas públicas.
“El oficio de la Universidad diciendo
que tenía la capacidad no basta. El proveedor debía entregar el oficio y además
toda la documentación que así lo pruebe. Y esa documentación, simplemente, no
existe en el expediente”, subrayó uno de los cuatro agentes de la Fiscalía que participó el
miércoles en la audiencia.
Y el quinto
argumento: la Fiscalía expuso que,
previo a la firma del convenio, la Sedesol pidió a tres universidades
diferentes, de la que resultó más barata la opción de la Intercultural del
Edomex, una “cotización de mercado”. Pero esto, subrayó la Fiscalía, es
diferente de un estudio de mercado que, tal y como obliga la Ley de
Adquisiciones, debió haber hecho un organismo especializado, y que,
posteriormente, debió ser publicado en Compranet, el portal oficial de compras
de Gobierno. Cosa que no sucedió.
A pesar de
estos argumentos, el juez federal
Fernando Payá determinó que el exfuncionario de Sedesol cumplió con todos los
requisitos previstos en la excepción de la Ley de Adquisiciones, por lo que no
violó la Ley.
“(La Fiscalía) no aportó datos de
prueba suficientes sobre conductas ilícitas en la contratación, ni sobre el uso
indebido de la función pública (de Pedro Simón León Mojarro)”, concluyó el juez.
Payá consideró que una de las pruebas más
importantes ofrecidas por la defensa fue el Acuerdo del Comité de Adquisiciones
de la Sedesol, firmado en 2010 por el entonces titular, Heriberto Félix Guerra.
En él se establece que el proveedor debe entregar un escrito, mediante el cual
acredite la capacidad para cumplir con los servicios. La Universidad sí entregó
dicho documento.
Además, el juez argumentó que, si posteriormente a
la firma del convenio, la Universidad subcontrató de manera indebida a empresas
privadas, pese a haber declarado por escrito su Rector que tenía la capacidad y
que no subcontrataría servicio alguno, esto ya sería materia de otra causa, no
imputable al exfuncionario, tal y como expuso también la defensa del acusado.
“El imputado no podía saber, a
futuro, que la Universidad subcontrataría”, resaltó el juez. “Y la Fiscalía no
acreditó que el imputado sabía, previo a la firma del convenio, que la
Universidad iba a subcontratar por arriba del 49% que permite la Ley”.
Sobre si el exfuncionario debía
supervisar que la Universidad tuviera la capacidad suficiente para dar los
servicios, el juez también estuvo de acuerdo con el contraargumento de la
defensa, la cual señaló que, según la normativa interna de la Sedesol, es
prueba suficiente el oficio que le entregó la Universidad.
En cuanto a quién sería el
funcionario de Sedesol que debió vigilar entonces que la Universidad no
subcontratara de manera indebida, y que los servicios se realizaran sin sobrecosto,
la defensa del exfuncionario Pedro Simón Mojarro señaló públicamente a Marcos
Salvador Ibarra Infante, exdirector general adjunto en la Unidad de
Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.
Aunque, de nuevo, el juez dijo que si la
verificación estaba o no a cargo de un tercero, en este caso Ibarra Infante,
eso “ya sería objeto de otros análisis” y no era motivo de la audiencia pública
del miércoles.
Analiza
interponer demanda en contra de la Auditoría.
León Mojarro fue funcionario de la
Sedesol hasta 2015, pero en su paso por la dependencia firmó otros dos
convenios denunciados penalmente por la Auditoría Superior de la Federación, en
2017, debido a presuntas irregularidades encontradas respecto a la subcontratación
de empresas fantasma por parte de instituciones de educación superior.
Se trata de un convenio con la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos para “el levantamiento de
información que permita conocer la opinión de los beneficiarios con relación a
la atención recibida del personal de los programas de los programas sociales”,
por 77 millones de pesos.
El otro fue por 52 millones de pesos
con la Universidad Autónoma de Zacatecas, para “implementar las acciones para
que se realice el ‘Diseño y desarrollo de una metodología de intervención para
el fortalecimiento del padrón de beneficiarios de la Sedesol’”.
Posterior a la decisión del juez de
no vincularlo a proceso por el convenio con la Universidad Intercultural del
Edomex, Pedro Simón Mojarro dijo que “la justicia prevaleció” y criticó
directamente a la Auditoría Superior de la Federación por las observaciones que
ésta hizo al convenio que llevó a la Fiscalía a imputarlo.
“El que nada debe, nada teme
-recalcó-. Esta imputación de la Auditoría Superior es tirarles a los patos con
un rifle para ver cuántos caen. Es irresponsable, arbitraria, y ahora sostengo
y compruebo, que fue fuera de la ley”.
El
exfuncionario de Sedesol criticó que
durante seis años la Auditoría ha señalado posibles actos de corrupción al
amparo del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, pero ésta no mandó ninguna
propuesta a la Cámara de Diputados para suspender ese Artículo.
“La Auditoría se ciñe únicamente a la
cuestión punitiva. Es decir, ellos justifican su trabajo imputándote. Mi
propuesta sería que, en este nuevo gobierno, se convierta en una Auditoría
preventiva, para que no andemos imputando a gente sin ton ni son, y
sometiéndonos al escarnio de los medios y de la sociedad”.
“Ya, en Zacatecas (de donde es originario)
todo el mundo me vincula a La Estafa Maestra. Y, lamentablemente, ese es el
daño que me han hecho. Por eso, me reservo el derecho de poner una demanda por
daño moral en contra de la Auditoría, por su imputación irresponsable,
arbitraria y fuera de la legalidad”.
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