Por Dulce
Olvera.
Nuevo León con 13 mil 748 pesos;
Chihuahua, 13 mil 174 pesos; Coahuila, 12 mil 93 pesos; y Quintana Roo, 11 mil
666 pesos fueron las entidades federativas con mayor deuda per cápita al cierre
de 2018, cuyos gobiernos anteriores fueron administrados por priistas bajo
proceso penal. Ahora, ante la contingencia financiera que atraviesan, las
gestiones actuales tienen un reducido margen de maniobra para programas
sociales o invertir en inversión pública, plantea un informe realizado por el
investigador Kristóbal Meléndez, del Centro de Investigación Económica
Presupuestaria (CIEP).
“Las entidades federativas han
disminuido su deuda per cápita y sus niveles de endeudamiento desde que entró
en vigor la Ley de Disciplina Financiera en 2016. Sin embargo, el incremento de
tasas de interés del Banco de México [de 8.25 por ciento] aumentó el servicio
de deuda potencial deteriorando la perspectiva de algunos estados, por lo que
habrá menores recursos disponibles para programas sociales o las entidades
federativas tendrían que incrementar impuestos para mantener su nivel de gasto
público”, dice el
estudio.
La
economista Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones
Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observó que estos niveles de endeudamiento
documentados por el CIEP son muy altos y “comprometen gravemente” los ingresos
de las entidades federativas, y con ello los servicios públicos que deben
otorgar a la ciudadanía.
Respecto a
la Ley de Disciplina Financiera, consideró
que “falta una mayor vigilancia” sobre el destino o posible desvío de los
recursos tanto por parte de la federación como de los Congresos locales
“algunos coludidos con el gobierno estatal”.
“El pago de interés de la deuda les
disminuye su capacidad para seguir incrementando la estructura pública o para
seguir proporcionando servicios”, explicó Violeta Rodríguez.
“Tienen un margen de maniobra
bastante disminuido que compromete prácticamente a toda la administración,
sobre todo en lo que se refiere al gasto inversión que es el que normalmente
primero es castigado”, agregó.
NUEVO LEÓN
COMO LÍDER.
Nuevo León,
gobernado desde 2015 por el ex candidato presidencial independiente Jaime
Rodríguez Calderón “El Bronco”, lidera
la lista de las entidades con mayor deuda per cápita y con mayor tasa de
interés al término del año pasado, tras la herencia del priista Rodrigo Medina
de la Cruz, quien estuvo en prisión por presunto desvío de recursos y por
delito contra el patrimonio estatal, aunque absuelto en agosto de 2018 por
fallas en el proceso.
Aunque ese pasivo ha disminuido desde
2015 de lo 15 mil 308 pesos por neolonés a los 13 mil 748 pesos por habitante
en 2018, la tasa de interés aumentó de 5.8 por ciento a 9.9 por ciento en el
mismo periodo, derivado de la tasa de interés del Banco de México (Banxico) en
8.25 por ciento y la proporción de la deuda, por lo que el gobierno estatal
pidió un crédito a dos bancos para poder seguir invirtiendo.
En el
semáforo de la organización México, ¿Cómo vamos? su deuda está en rojo, equivalente al 4.7 por ciento del PIB estatal en
2018.
Juan Manuel
Ramos, de la organización local Redes Quinto Poder IDEA, dijo que esa cifra sorprende porque “si en algo se ha desgastado el
Gobierno del estado es decir que en lo que van mejor es en la deuda”.
El 9 de
marzo pasado, el Gobierno de Nuevo León
informó que, luego de reestructurar la deuda, adjudicó a BBVA Bancomer y a
Santander el financiamiento de un crédito por 2 mil 940 millones de pesos por
20 años autorizado por el Congreso del Estado para 2019 y basado en el impuesto
sobre nóminas.
El
Secretario de Finanzas, Carlos Garza
Ibarra, explicó que debido a la situación financiera heredada de
administraciones anteriores, la contratación de financiamiento es la única
opción para poder invertir. Recordó que al iniciar la presente administración,
la totalidad de los ingresos públicos estaba comprometida al pago de la deuda y
no existía margen para conseguir nuevos créditos.
Los recursos serán destinados para
patrullas y equipamiento para policías y personal de Protección Civil,
ampliación del Penal de Apodaca, compra de vagones para las Líneas 1 y 2 del
Metro, construcción de dos planteles de preparatoria militarizada, conclusión y
equipamiento de los hospitales generales de Apodaca, Sabinas Hidalgo,
Montemorelos, Tierra y Libertad y Psiquiátrico, infraestructura municipal,
proyecto Conecta UANL y ampliación de la Preparatoria No. 1 e inversión en la
Fiscalía General del Estado.
El activista
Juan Manuel Ramos expuso que la entidad
norteña tiene cuatro principales problemas: la movilidad urbana, la
contaminación, la inseguridad y la falta de capacidad del gobierno en la obra
pública.
Consideró que Rodríguez Calderón le
dio más prioridad a construir su candidatura presidencial desde que arribó a la
gubernatura que a la administración pública estatal. De acuerdo con una
encuesta del diario El Norte, el 72 por ciento de los habitantes de Nuevo León
no quería que regresara a gobernar tras perder la candidatura presidencial en
verano de 2018.
Durante el
periodo electoral, #QueSirva, un
conjunto de organizaciones neoloneses, reportó que el sobrino, suegra y chofer
de Jaime Rodríguez Calderón y 15 funcionarios de su gobierno siguieron el mismo
patrón que él para conseguir una candidatura independiente a algún cargo
público en Nuevo León o federal: firmas inválidas, rebase excesivo del umbral
de apoyos requeridos, e incluso el uso de la estructura de Gobierno local.
LAS OTRAS
HERENCIAS DE PRIISTAS.
La deuda per cápita promedio de los
estados al cierre de 2015 era de 5 mil 408 pesos y para el término de 2018 bajó
a 4 mil 426 pesos en promedio. No obstante, la tasa de interés aumentó en ese
periodo de 5.5 por ciento a 9.2 por ciento. Solo de 2017 a 2018, la tasa de
interés promedio se elevó de 8.1 por ciento a 9.2 por ciento, un incremento de
13.6 por ciento.
Nuevo León (13 mil 748 pesos),
Chihuahua (13 mil 174 pesos), Coahuila (12 mil 93 pesos) y Quintana Roo (11 mil
666 pesos) fueron las entidades federativas con mayor deuda per cápita al
cierre de 2018 y Nuevo León, Baja California, Coahuila, Michoacán y Veracruz
pagaban las mayores tasas de interés al cierre de 2018 con al menos 9.6 por
ciento.
Chihuahua, administrado por el panista Javier Corral Jurado
(2016-2021), heredó la deuda del priista César Duarte Jáquez, quien acumula 21
órdenes de aprehensión por presunto desvío de recursos públicos desde marzo de
2017. Tanto su proceso de extradición de Estados Unidos como su expulsión del
partido tricolor siguen pendientes.
En Coahuila y Quintana Roo la raíz
del alto endeudamiento es similar.
El priista Miguel Riquelme Solís (2017-2022) recibió
la deuda en rojos de los hermanos Moreira. Uno de ellos, Humberto Moreira
(2005-2011), fue detenido en España por presunto lavado de dinero, pero fue
liberado días después.
En octubre
de 2018, por ejemplo, se renegoció la
tercera reestructura de la deuda de Coahuila, lo que dio un poco de “oxígeno” a
las finanzas públicas al considerar que dará liquidez por 520 millones de pesos
anuales, aunque el plazo para cubrir su totalidad se postergaría hasta 2048.
A través de
un comunicado, el propio Gobierno estatal
informó que tres instituciones financieras, Multiva, Banorte y Banobras,
resultaron ganadoras en la licitación Pública de Refinanciamiento de la Deuda
Pública a Largo Plazo. Con esta definición, el pasivo total será de 36 mil
559.7 millones de pesos a una tasa promedio ponderada de la Tasa de interés
interbancaria de equilibrio, de Tiie+0.79.
Por su
parte, el perredista Carlos Joaquín
González heredó la deuda del priista Roberto Borge Angulo (2011-2016), detenido
en Panamá por presunto peculado.
En el
Informe de Evaluación de la Deuda Pública Fiscalizable de 2017, la Auditoría
Superior de Federación (ASF) destacó
Quintana Roo como una de las entidades donde se registró “una mayor dinámica de
crecimiento del saldo de sus obligaciones financieras de 2011 a 2015, esto es
durante el Gobierno deRoberto Borge Angulo.
De 2007 a
2015, que compete a los gobiernos de los
priistas Félix González Canto y de Borge Angulo, la deuda de esa entidad creció
de 2 mil 427.8 millones de pesos a 22 mil 442.5 y, a la fecha, el Gobierno
local sólo la ha logrado reducir el monto 2 mil 226 millones por el pago de
intereses.
En este
caso, el CIEP plantea que los estados
con mayor incremento en servicio de deuda potencial podrían hacer ajustes a su
presupuesto o recurrir a una reestructuración que disminuya la tasa de interés.
Pero advierte también que estos cambios
requieren considerar el presupuesto en pensiones, educación, salud, seguridad y
combate a la pobreza. Además, desde 2019 las entidades federativas ya no
contarán con recursos del ramo 23 para saneamiento financiero como ayuda adicional
al pago de obligaciones, ya que sufrió una disminución presupuestal de 69 por
ciento en medio de señalamientos de opacidad.
Medido por
sus ingresos de libre disposición, uno de los indicadores del sistema de
alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Quintana Roo, Nuevo León, Sonora, Veracruz,
Durango, Oaxaca, Michoacán, Baja California, Campeche, Guerrero y San Luis
Potosí son los estados que incrementaron su nivel de deuda y servicio de deuda.
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