El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) de Baja California expresó su rechazo al endeudamiento por 40
años que aprobó el Congreso del Estado en días pasados para autorizar la
reestructuración de la deuda pública, así como el financiamiento de la
desalinizadora de Playas de Rosarito y del Segundo Piso en Tijuana, ambas por
medio de Asociaciones Público Privadas (APPs).
En conferencia de prensa, los empresarios reprobaron “la manera con la que el Ejecutivo
[Francisco Vega de Lamadrid] y los diputados se condujeron: sin transparencia,
sin análisis, dándole la espalda a la sociedad y poniendo en riesgo los
ingresos del estado para garantizar el pago a dichos proyectos, en un momento
en el que ya se enfrenta una situación claramente muy complicada”.
El 28 de marzo, la mesa
directiva del Congreso aprovechó un receso para modificar la orden del día, la
cual había sido aprobada al inicio de la sesión ordinaria, para así incluir un
dictamen suscrito por el diputado panista Ignacio García Dworak para aprobar el
refinanciamiento de la deuda y los contratos de las dos APPs.
“Consideramos
inadmisible que se apruebe el refinanciamiento de la deuda sin que se haya
socializado suficientemente. En diciembre acordamos con el señor gobernador crear
el Consejo Consultivo Financiero para apoyar en el análisis de las finanzas
públicas y construir soluciones junto con la sociedad. Sin embargo, se nos ha
privado de la información necesaria y ahora, de la oportunidad de lograr algo
significativo. Vemos pues que no hay voluntad”, suscribió el grupo empresarial.
Gabriel Camarena Salinas, presidente del CCE de Tijuana, señaló que esperan que en una semana el
gobernador dé respuesta si continuarán con los trabajos conjuntos, para los
cuales la cúpula empresarial contrató un despacho privado, para decidir cuál es
la mejor opción de refinanciamiento para la deuda pública estatal.
El pasado 29 de marzo,
con 12 votos a favor y 5 en contra se aprobó una reestructuración de la deuda
del estado, esta se pagará durante 37 años con mensualidades de 120 millones de
pesos.
La deuda corresponde a
una nueva Asociación Pública Privada (APP) para la realización de una
desalinizadora en Playas de Rosarito y el segundo piso facilitará el flujo del
tráfico del Aeropuerto a Playas de Tijuana.
“La próxima
administración sea quien sea que la encabece… va a recibir una deuda enorme”, dijo el Diputado Bernardo Padilla.
Los legisladores
presentes se mostraron confundidos ante la propuesta, pues dicen que la
petición carecía de información, sin embargo a pesar de ello, se aprobó.
Cabe destacar que la
sesión finalizó casi a las 8 de la noche de este jueves, pues se dieron varios
recesos a causa de la ausencia de varios diputados.
ES AHORRO, AFIRMA “KIKO” VEGA
Un día después, el 30 de marzo, el Gobernador Francisco Vega
de Lamadrid insistió en que lo aprobado por el Congreso local solo es una
estrategia de ahorro. Es un recurso al que no se le puede llamar deuda porque
va a ser parte del pago para poder llevar a cabo otros proyectos, argumentó.
“Estamos dejando (dinero) para cualquier situación de
urgencia y aunque tengamos autorizado (dinero) no automáticamente tiene que ser
deuda sino es una línea de crédito. Es decir, por aquí se tiene, por aquí se
paga”, intentó explicar el mandatario.
En su visita ese día a Ensenada omitió detalles sobre la
conformación de una Asociación Público Privada para la puesta en marcha de la
desaladora en Playas de Rosarito con dicho recurso.
“Tenemos seis meses trabajando en esta restructuración de los
pasivos, para que las condiciones del mercado financiero que se presenten los
podamos atraer, ser más eficientes y lograr economías”, siguió el Gobernador.
Aseguró que la estrategia está platicada con instituciones
financieras, para ahorrar 400 millones por “muchos años”.
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