Por Francisco Ortiz Pinchetti.
Hace unos días, un perro de raza pitbull que su dueño llevaba
sin correa ni bozal atacó a una mujer y a su mascota, una pequeña french
poodle, en plena colonia Narvarte de la Alcaldía de Benito Juárez, en la
capital del país. La señora recibió mordidas en la nuca y en la mano derecha y
tuvo que ser atendida en el Hospital Gabriel Mancera, en la misma demarcación.
La perrita fue llevada por los vecinos a una clínica veterinaria. El dueño del
mastín con su perro se escurrió entre los curiosos… y desapareció impunemente.
El caso, que trascendió a algunos medios de comunicación pero
no ha tenido consecuencias, trae de nuevo el tema de los propietarios de perros
que incumplen cotidianamente las disposiciones legales, de por sí tibias y
endebles, acerca del manejo de sus mascotas en la vía pública. Hechos como el
ocurrido en la colonia Narvarte, y más graves, suceden todos los días, en
diversos lugares de la capital y de otras ciudades del país, aunque sólo
algunos llegan a las páginas de los diarios o a los espacios noticiosos de la
radio y la televisión.
Aunque no hay una estadística oficial ni un registro puntual,
todos los días ocurren agresiones contra niños y adultos por parte de perros.
La señora de Narvarte pudo haber muerto. No
conozco de perros, pero me parece elemental que determinadas razas, como el
propio pitbull, el doberman, el dogo, el rottweiler y aun el pastor alemán,
entre otros, considerados canes de ataque son perros muy temperamentales que
según especialistas no debieran estar en lugares públicos ni siquiera con
cadena y bozal. La agresividad está en su naturaleza y controlarlos a veces es
imposible incluso para sus propios propietarios. Su potencialidad de daño,
descrita en diversos estudios, es aterradora.
En algunos países, como en España, existe una legislación
específica sobre los llamados Perros Potencialmente Peligrosos (PPP). La ley española, promulgada en 2009, obliga
a los propietarios de esas especies –entre las que está por supuesto el
pitbull— a tener una licencia que se renueva cada cinco años y cumplir una
serie de requisitos, entre ellos un seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros, con una cobertura de cuando menos 120 mil euros. Además, el
responsable del animal, que no podrá tener antecedentes penales graves, deberá
realizar un examen físico y psicológico que acredite que tiene la suficiente
capacidad visual, auditiva, del sistema locomotor y del sistema neurológico.
En la Ciudad de México, pocos
capitalinos lo saben, existe una Ley de Cultura Cívica, promulgada por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 31 de mayo de junio de 2004, por
cierto durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sus
objetivos son establecer reglas mínimas de comportamiento cívico, garantizar el
respeto a las personas, los bienes públicos y privados; regular el
funcionamiento de la Administración Pública en su preservación, y determinar
las acciones para su cumplimento.
En el Artículo 25 se
enumeran las infracciones contra la seguridad ciudadana. Pone la fracción I:
Permitir el propietario o poseedor de un animal que éste transite libremente, o
transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo
con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques
a otras personas o animales, así como azuzarlo, o no contenerlo. La infracción
que aplica en este caso es una multa por el equivalente de 11 a 20 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o arresto de 13 a 24 horas.
Ridículo.
Es evidente que este
precepto, además, se incumple flagrante y cotidianamente en toda la ciudad. Lo
común es ver a personas que sacan a pasear a sus mascotas sin correa ni bozal,
como establece la ley, en calles, parque y jardines. En parques de diversas
alcaldías, como Cuauhtémoc y Benito Juárez, se han confinado espacios para
corrales exclusivos para las mascotas, que ahí pueden corretear libremente. Lo
normal, sin embargo, en parques como el México de la colonia Condesa o el
Hundido de Extremadura Insurgentes es que haya más propietarios con sus perros,
sin correa ni bozal, fuera de esos corrales que dentro, a pesar de los letreros
que expresamente lo prohíben.
La verdad es que no hay
quien vigile el cumplimiento de la ley y menos quién aplique las sanciones
correspondientes. En esos y en otros parques es común ver pasar policías de a
pie o en bicicleta que no se inmutan ante la flagrante violación cometida por
decenas de paseantes de perros en sus narices.
El colmo ocurre en el
parque San Lorenzo, en la colonia Tlacoquemécatl del Valle, donde el corral
para las mascotas de los vecinos es literalmente agandallado cada tercer día,
durante dos o tres horas, por una entrenadora de perros, que ha convertido el
lugar en su escuela particular. Hace negocio privado con un bien público. Lleva
y suelta ahí, con sus ayudantes, más de 20 o 25 perros de diversas razas, lo
que impide obviamente que los residentes del entorno usen el lugar. Pese a
numerosas denuncias vecinales y periodísticas, y no obstante que esa persona es
reincidente, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez no impiden tan
evidente abuso: lo solapan, cosa que a los vecinos no les parece casual.
La peligrosidad que
representan los perros en la vía pública, y que debiera estar regulada por una
legislación seria, habrá que endosarla a sus dueños, sin duda. Son ellos, no
los animales, los responsables directos de los accidentes que puedan ocurrir y
debieran responder por ellos. El propietario del pitbull de Narvarte,
sencillamente, debería estar en la cárcel.
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