Por Gloria
Leticia Díaz.
A más de seis años de la represión
ordenada por el gobierno, las víctimas de aquel 1 de diciembre de 2012
exigieron sanción efectiva a los responsables de las múltiples violaciones
sufridas y la reparación integral del daño.
Acompañados
de sus representantes legales, Judith
Gómez Contreras, Abraham Antonio Alonso Reyes y César Mendieta Espinoza
denunciaron que han tenido que lidiar con una serie de anomalías, porque
después de haber sido sometidos a torturas y tratos crueles inhumanos y
degradantes, los agresores no han sido sancionados hasta ahora, pese a la recomendación
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En
conferencia de prensa, la abogada Blanca
Santillán, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), recordó que,
en el cambio de poderes en 2012, cuando el panista Felipe Calderón le entregó
el gobierno al priista Enrique Peña Nieto, se implementó un operativo en el que
participaron 3 mil 900 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la
Policía de Investigación local.
En esa movilización, dijo, se ordenó
el “encapsulamiento en diversos lugares para las detenciones masivas
caracterizadas por un alto grado de violencia. Para golpear a los manifestantes
(los policías) utilizaron sus escudos, tomaron piedras, así como tambos,
extintores y prácticamente cualquier objeto a su alcance”, detalló.
De igual
manera, destacó que, como resultado del
operativo, en el que se utilizó gas lacrimógeno y hubo golpizas tumultuarias,
de 102 detenidos, 97 fueron presentados ante la agencia 50 de la Procuraduría
General de Justicia del DF y estuvieron retenidos más de cuatro horas en
separos judiciales. En tanto, la CDHDF consideró que de los 97 detenidos sólo
en seis casos se encontraron rastros de tortura.
Según las víctimas, a más de seis
años de los hechos, no han recibido la reparación integral por las violaciones
a derechos humanos, y no se ha reconocido la responsabilidad en los abusos.
La abogada puntualizó que la recomendación de la CDHDF
“no se apega a los estándares más altos” para considerar a las víctimas de
violaciones graves a derechos humanos, y hasta ahora no hay claridad de cuántas
víctimas y por cuánto monto han sido indemnizadas, además de que “los montos no
corresponden al daño moral y material sufrido”.
En términos de impunidad, la abogada
y las víctimas señalaron que, pese a las graves violaciones, “sólo existen dos
averiguaciones previas, una incoada en contra de servidores públicos que
intervinieron en las detenciones, y otra en contra de personal de guardia y
custodia adscritos al Reclusorio Varonil Norte, y sólo por el delito de abuso
de autoridad”.
Por las averiguaciones abiertas,
abundó, “se puede colegir que no se contempla la investigación a mandos medios
ni superiores” y, peor aún, “no existe ninguna averiguación previa en contra de
ningún miembro policía operativo, mando medio o superior, lo que deja claro que
no se investigó el delito de tortura, esto a pesar de que la propia jueza 47 de
lo penal dio vista al Ministerio Público adscrito para que se iniciaran las
investigaciones correspondientes con respecto a algunas de estas víctimas”.
También detalló que se realizaron cinco
procedimientos administrativos contra el personal de la Secretaría de Seguridad
Pública.
Precisó: “Tres de ellos se dictaminaron como
concluidos, determinando ‘ausencia de responsabilidad administrativa’, que
involucra a un total de nueve elementos policiacos, y los dos procedimientos
restantes fueron sancionados, uno con suspensión del empleo, cargo o comisión
por 30 días, que involucra a dos elementos policiacos, y el otro, de igual
forma, se dio por concluido, determinando la sanción consistente en arresto por
24 horas, siendo 11 los elementos policiacos involucrados”.
Es decir que
de los 3 mil 900 elementos policiacos
que participaron en los hechos violentos, “sólo 11 fueron sancionados de manera
poco relevante para la magnitud de las violaciones que no fueron consideradas
como graves, lo que vislumbra un panorama altísimo de impunidad”.
En materia
del Poder Judicial, añadió, “sólo
existió un procedimiento administrativo en contra de la juez cuadragésima
séptima penal del Distrito Federal, que concluyó en abstención para iniciar
procedimiento en su contra, y con ello da un mensaje de impunidad cuasi
absoluta”.
Judith Gómez, detenida el 1 de
diciembre, destacó que lo grave del asunto es que con los hechos de represión
sufridos en 2012 “se sistematizó la violencia hacia quienes protestaban contra
el gobierno y quienes acompañaban a quienes fueron detenidos en otros eventos”.
Al señalar que con el paso del tiempo
las víctimas de tortura y vejaciones tomaron conciencia de las graves
violaciones a sus derechos humanos, Gómez denunció que la recomendación de la
CDHDF 7/2013 no consideró todos los casos de tortura sexual y tampoco de
aquellas personas que fueron gravemente heridas, como fue el caso de Stylianos
García Vackimes, quien resultó con tres costillas fracturadas.
Por su condición de víctima, Judith
Gómez solicitó ser considerada en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi),
pero la respuesta que recibió fue: “Que se espere hasta que se cree la Comisión
de Víctimas local de la Ciudad de México”.
En materia
de impunidad, Abraham Alonso abundó que
“de 86 policías comparecidos, sólo 10 mandos medios tuvieron un arresto y otros
15 elementos fueron sancionados mínimamente, en tanto que a tres agentes del
Ministerio Público se les aplicó una suspensión correctiva. Los tres
presentaron un recurso, a dos les valió la impugnación, mientras que otro sigue
un proceso en contra de la sanción”.
Al señalar que hasta ahora no han
tenido acercamiento con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, añadió que la
impunidad ha sido la marca del caso, tanto así que no fueron procesadas “las 22
personas que presentaron a los detenidos en la agencia 50 y que fabricaron
delitos”.
César Mendieta, quien padece cáncer y
no cuenta con servicio social, denunció que, en un intento por acceder a una
reparación económica, ésta “no representa ni el 10% de lo que la familia ha
gastado, y las autoridades argumentan que el padecimiento no es una parte
directa de la afectación”.
Además, dijo, por la detención perdió su trabajo, y
las autoridades no consideran que los daños causados “no sólo implicaron la
semana en que estuvieron detenidos, sino que después fuimos estigmatizados”.
Mañana se presentarán en el Congreso
de la Ciudad de México las propuestas para derogar los artículos del Código
Penal que en 2012 permitieron las detenciones y criminalizar la protesta
social.
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