Raymundo
Riva Palacio.
La anomalía
que veían los economistas se disolvió. Se preguntaban, ¿cómo es posible que
baje el consumo en todos los rubros, haya inflación y desempleo creciente y la
confianza del consumidor sea positiva? El Inegi respondió al dar a conocer el
Índice de Confianza del Consumidor de febrero, donde los niveles son los más
bajos del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los
peores desde enero de 2017. Hay incertidumbre por la inseguridad, y
desconfianza en la política económica. La percepción ciudadana se está
alineando con la de inversionistas, analistas, bancos privados nacionales y
extranjeros, instituciones multilaterales y organismos internacionales, que suman
a esos factores dudas por las señales contradictorias de López Obrador. La más
grande, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco.
Cancelar el
proyecto como resultado de una consulta concentrada en los municipios pobres en
el sur del país, tuvo consecuencias económicas inmediatas, pero sobre todo,
lanzó una señal de alerta al mundo. Al gobierno de López Obrador lo empezaron a
ver con cuidado. Las inversiones se frenaron y la economía se contrajo. La
Secretaría de Hacienda redujo su expectativa de crecimiento para 2019 y 2020,
pero el presidente insistió que crecería en dos por ciento y que para finales
del sexenio el crecimiento estaría en cuatro por ciento. El Fondo Monetario
Internacional lo desmintió ayer al dar a conocer sus expectativas de
crecimiento en el mundo. Las señales emitidas por el nuevo gobierno, llenas de
incertidumbre política, produjeron un nuevo ajuste a la baja para estos dos
años.
Frente a las
noticias negativas, López Obrador siempre acelera el paso. Aún no reacciona
sobre el nuevo balde de agua fría que le tiró el FMI, pero en situaciones
similares en el pasado, disfraza los malos números con acusaciones a políticos,
empresarios, órganos autónomos y prensa.
López
Obrador no entiende de economía, y a sus colaboradores les cuesta mucho trabajo
explicarle las cosas porque tampoco razona. La subordina a sus objetivos
políticos, olvidando que acciones similares llevaron a la ruina al país. Él
mismo lucha contra sus creencias y se mete en contradicciones. Las evidencias
de que la economía del país estaba mucho más grave de lo que se imaginaba, lo
ha hecho enfurecer en algunas ocasiones y molestarse con propios y extraños.
Tuvo que
aceptar el recorte presupuestal que le propuso el secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, cuyo tufo neoliberal es superior a los que tuvo el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto, con el que tanto se compara, al demostrarle que
el dinero en las arcas del Tesoro simplemente no alcanzaría, con todos los
indicadores en contra, más la caída en la recaudación y en el empleo. El
subsecretario Arturo Herrera dijo que para aumentar la recaudación contemplaban
restablecer la tenencia de automóviles en el país, y horas después el
presidente lo desmintió por completo. Este choque con la realidad evoca un
dicho tabasqueño: lo mejor de todo, es lo peor que se va a poner.
Pero para
López Obrador, esto puede significar el final anticipado de su sueño
transformador. ¿Qué puede hacer sin cometer un suicidio financiero? Enviar una
señal a los inversionistas de que entendió que lo que quería hacer, como lo
quería hacer, no funcionó, y es capaz de rectificar. ¿De qué escala tendría que
ser esa rectificación? La respuesta sería tirar la construcción de un nuevo
aeropuerto en Santa Lucía y reanudar la construcción en Texcoco. El mero
planteamiento, dada la necedad del presidente, parece descabellado. Sin
embargo, una consideración que podría hacerse, es que la disyuntiva está entre
restablecer un proyecto y encontrar la forma de tener el menor costo político
posible, o pagar costos económicos, políticos y sociales de mayor envergadura
en el largo plazo.
Santa Lucía
es un aeropuerto que sí puede construirse, pero que de acuerdo con los estudios
de aeronavegabilidad, no puede operar en forma simultánea con el Aeropuerto
Internacional Benito Juárez. Construirlo sería como añadir una pista más en la
Ciudad de México sin ampliar el tráfico aéreo. No sólo organismos
internacionales han concluido en ello, sino que un estudio de la Fuerza Aérea
Mexicana dice lo mismo. Empeñarse en Santa Lucía, visto logísticamente,
provocará una disrupción en las operaciones de las aerolíneas. Y en términos de
seguridad, existe la certeza de la cancelación de vuelos internacionales.
El
presidente no sabe de estos temas y los responsables de él, tampoco. Pero
dentro del gobierno hay personas con conocimiento técnico y financiero de lo
que significa entercarse en Santa Lucía. López Obrador tiene una oportunidad,
aunque en un principio parezca una locura política. Una pista más en Santa Lucía,
disfrazada de nuevo aeropuerto, no provocará el crecimiento de Texcoco, aunque
el gobierno diga lo contrario. Texcoco no era la mejor opción; era la única
posible. Una de las empresas a las que se recurrió por su opinión, que así lo
determinó, es Aeropuertos de París, a la que le comisionaron el Plan Maestro de
Santa Lucía. Al paso que va, ni siquiera estaría lista su primera fase antes de
terminar el gobierno. El nuevo aeropuerto de Estambul, como espejo, arrancó
este fin de semana su primera fase operacional, tras casi cinco años de
construcción sin problemas.
López
Obrador puede intentar el rescate de la confianza de los inversionistas, y
quitarles la idea de que es un aventurero como jefe de Estado y que sí es capaz
de corregir una decisión equivocada. Para ello, sin embargo, se requiere que
cuando menos crea los números que le presentan los no radicales, y que se aleje
de quienes empapan todo en demagogia, retórica y, sobre todo, embustes.
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