Árboles estorbosos.

Por Francisco Ortiz Pinchetti.

El derribo de 54 árboles en el camellón de la calle Real de Mayorazgo, en el pueblo de Xoco de la Alcaldía Benito Juárez, es evidencia ejemplar de la colusión criminal entre los desarrolladores inmobiliarios y autoridades de distintos niveles del Gobierno.

Más grave que el asesinato de esos individuos arbóreos, como les llaman los especialistas, es el trasfondo del ecocidio, que apunta a un contubernio entre la empresa constructora Fibra Uno y el Gobierno capitalino encabezado por Miguel Ángel Mancera (2012-2018), y que ambos pretendieron ocultar: la entrega de una vialidad pública a un consorcio privado para su explotación comercial.

Efectivamente, en nuestro portal informativo Libre en el Sur dimos a conocer en febrero de 2017, hace 26 meses, la pretensión de integrar la calle Real de Mayorazgo a un conjunto privado donde se ubicará Mítikah, la torre más alta de la capital. Esa es la verdadera razón, que negaron autoridades de ayer y de hoy y que al final dejó como resultado la tala soterrada del medio centenar de árboles en esa vialidad, que ahora provoca escándalo e indignación pública.

El reportero Francisco Ortiz Pardo conoció el proyecto y tuvo acceso al plano con logotipos de Mitikah y SMA Arquitectos, donde se proyecta que la actual calle quede integrada a una explanada que conectaría el predio de la mega torre con el que ocupó el Centro Bancomer, donde se levantará un centro comercial. La vialidad y la banqueta peatonal quedarían subterráneos y se afectaría un área pública de 4,799 metros cuadrados, desde la Avenida Universidad hasta la calle San Felipe, que es donde termina el atrio de una iglesia del siglo XVII.

No es extraño este tipo de acuerdos, en un negocio de muchos, pero muchos millones de pesos como es el inmobiliario. Es un hecho conocido que los desarrolladores son los principales patrocinadores de las campañas electorales de aspirantes al Gobierno central y a las ahora alcaldías en la Ciudad de México. Y eso significa componendas y compromisos, que tienen que cumplirse.

Eso explica en gran medida la depredación que ha sufrido la capital, sobre todo en los últimos 18 años, a partir de la promulgación a finales del año 2000 del nefasto Bando Dos del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que alentaba la construcción de vivienda en las delegaciones centrales de la ciudad. La medida provocó un boom inmobiliario, que desató la especulación del suelo y la corrupción, y que afectó gravemente el patrimonio urbanístico y los servicios públicos en las actuales alcaldías de Benito Juárez, Cuahutémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, sobre todo en las dos primeras.

Los árboles se convirtieron de fuentes de vida en estorbos, enemigos para los constructores de conjuntos habitacionales de lujo. Y es que la tala de árboles para la construcción de obra ya sea pública o privada, está permitida en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012. Ese ordenamiento establece los requisitos y especificaciones técnicas para la poda, derribo, trasplante y restitución de árboles y fue publicada en la Gaceta Oficial del DF el 10 de febrero de 2013. Y es, en los hechos, fuente de corrupción y aliento al ecocidio.

Numerosas veces he podido constatar cómo se otorgan a constructores permisos para talar árboles mediante falsos motivos, como una supuesta enfermedad de la planta o su inclinación “peligrosa”, particularmente en Benito Juárez. Tuve en mis manos varios de esos permisos, evidentemente irregulares, firmados por un tal Jorge Ceballos Deveze, todavía hoy director general de Servicios Urbanos de la alcaldía panista.

Uno de esos permisos, por ejemplo, ponía como motivo de la autorización para la tala de dos enormes y frondosas jacarandas en la calle de Adolfo Prieto de la colonia Del Valle, que “estorban la entrada” (sic) del futuro edificio.

Lejos de obligar a los desarrolladores a acatar la Ley y adecuar sus proyectos arquitectónicos a un respeto irrestricto a los árboles existentes, la autoridad les “facilita” la violación legal al adecuar en cambio  el entorno físico al plan de construcción, lo cual por supuesto no es de a gratis.

Durante el sexenio anterior se otorgaron a particulares permisos para la tala de unos 20 mil árboles en la Ciudad, durante la gestión de Tanya Müller como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, según estimación de la ONG Ecoactivistas, A.C., basada en datos oficiales. La misma organización calcula que otros 40 mil individuos arbóreos fueron derribados de manera clandestina.

El otro gran depredador es el gobierno mismo. De 2001 a la fecha se han derribado 56 mil 553 árboles para la realización de obras públicas. Entre ellas, los segundos pisos del Anillo Periférico, la Supervía Oriente, las líneas del Metro y el Metrobús. Para habilitar la línea uno del Metrobús, a lo largo de la avenida Insurgentes, se talaron mil 792 ejemplares sólo en la primera etapa antes de su ampliación hasta El Caminero.

La deforestación, desgraciadamente, no es exclusiva de la capital del país. En la República Mexicana se estima que hay 138 millones de hectáreas con vegetación forestal. Y cada año se pierden entre 300 mil y 500 mil hectáreas de bosques y selvas, según el Instituto de Geografía de la UNAM (2017). Una estimación de la FAO calcula que entre 2001 y 2017 se perdieron en el país más de 3.7 millones de hectáreas boscosas. Y nadie para ese crimen.