Por Gloria
Leticia Díaz.
A cinco meses de emitida la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que se declaró al
Estado mexicano responsable por la tortura sexual infringida contra 11 mujeres
por los actos de represión en San Salvador Atenco, las sobrevivientes advierten que el cumplimiento del
ordenamiento debe verse como una oportunidad que tiene el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador para marcar la diferencia respecto a sus antecesores.
En el
contexto del 13 aniversario de los operativos policíacos de corporaciones de
los gobiernos federal y del Estado de México, las 11 mujeres de Atenco y sus abogados que litigaron desde 2008 el
caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se mantienen a la
expectativa del acatamiento cabal de la sentencia por parte del gobierno de
López Obrador, mientras la actual administración impulsa megaproyectos en
comunidades indígenas.
El 4 de
abril, el gobierno de López Obrador a
través de la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la instalación de mesas
de trabajo interinstitucionales para el cumplimiento de la sentencia del caso
Atenco, fecha en que ya se daba luces de los primeros avances.
Stephanie
Brewer, responsable del área internacional del Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica
que desde entonces se comentó de la apertura de una carpeta de investigación en
la Fiscalía General de la República (FGR) respecto del caso Atenco, tal como
las mujeres habían exigido desde 2006, después de que ocurrieron los hechos,
siendo entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
“Recientemente se les notificó que el
22 de marzo se abrió la carpeta en la FGR derivada de la sentencia; en su
momento existían averiguaciones en el ámbito estatal y federal, y en 2009 la
Procuraduría General de la República (PGR) declinó el caso a favor del Estado
de México, a donde mandó toda la documentación y donde sigue habiendo una
investigación abierta”, contó Brewer en entrevista.
Al recordar
que el proceso en el Estado de México se reavivó por la presión que significó
el litigio internacional, la abogada del
Centro Prodh resaltó que con el gobierno de López Obrador, el proceso penal
está en una etapa primaria, “en las cuestiones técnicas del inicio de la investigación
abierta, en la que la tortura sexual resulta un agravante”.
Apuntó que, aunque es un avance en uno de los puntos
centrales de la exigencia de las mujeres durante los 13 años que han emprendido
su lucha por justicia y medidas de no repetición, la atracción de la
indagatoria por parte de la FGR “va a tomar tiempo porque tiene que solicitar
el envío de toda la información por el tema de la atracción”.
La abogada destacó que, al momento, el caso sigue en
la impunidad, luego que se transitó de acusaciones por tortura a actos
libidinosos, abuso de autoridad y a tortura por omisión.
“No hay nadie castigado. El caso
permanece en la impunidad. Ha habido procesados y sigue habiendo un par de
procesos penales en contra de un grupo de policías de bajo rango, que son por
tortura por omisión y las personas se han estado amparando y saliendo libres.
Ha habido procesos contra los médicos, pero no hay nadie sancionada por los
hechos”, puntualizó.
Para Bárbara
Italia Méndez Moreno, una de las 11 mujeres víctimas, los primeros avances en el cumplimiento de la sentencia por el caso
Atenco las mantiene a la expectativa de que “el enfoque que se dé a la
investigación sea el ahondar en la cadena de mando, que se puedan distinguir
las formas de responsabilidad que tuvieron los funcionarios en el operativo,
pero también en el diseño de éste”.
Cauta, Méndez Moreno sostuvo que las 11 mujeres de Atenco se resisten a “subirse al barco
de las esperanzas”, porque ya tuvieron una mala experiencia con la PGR en 2009,
cuando la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres
(Fevimtra) declinó a favor del Estado de México, “que derivó en este monstruo
de investigación que no ha llevado a nada, que sigue abierta, que no ha
implicado para nada acceso a la justicia”.
Al señalar que parte de la exigencia
a la FGR es el acceso a los expedientes, Bárbara Italia destacó que “el Estado
mexicano tiene una responsabilidad de resolver este caso y también la
oportunidad de que estos casos no queden impunes”.
Méndez
Moreno, quien junto con sus compañeras impulsaron la campaña Rompiendo el
Silencio, Juntas contra la Tortura Sexual, resaltó
que para las mujeres de Atenco es primordial que el Estado mexicano fortalezca
el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las
Mujeres que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, como lo dicta la
sentencia, y que sean revisados los casos de mujeres que se encuentran
actualmente en prisión.
Para Bárbara
Italia y para sus compañeras, que el
gobierno de López Obrador tome medidas para cumplir la sentencia, y al mismo
tiempo haya iniciativas que ponen en riesgo los derechos humanos de las
comunidades y del pueblo en general, “nos genera mucha ambivalencia”.
“Vemos con bastante preocupación el
actual estado de las cosas, tanto en la forma de asumir las graves violaciones
a derechos humanos, y estas medidas que se toman, en las que el Estado reconoce
las graves violaciones, pero de cara a nuevos proyectos, a la Guardia Nacional
y las leyes secundarias, no vemos claro los controles del uso de la fuerza”, expuso.
Al recordar que las 11 mujeres han
acompañado las luchas por el territorio de los pueblos, resaltó que al ver los
anuncios de los megaproyectos impulsados por el gobierno de López Obrador,
“parece que vivimos en el cuento de nunca acabar”.
“Estamos hablando de una sentencia
que habla de graves violaciones a los derechos humano, pero tenemos que
entender que los contextos en los que se generaron estas graves violaciones
tienen que ver con la exigencia de derechos”, dijo Méndez Moreno.
Bárbara
Méndez señaló que las medidas de no
repetición son de suma importancia en la sentencia, sobre todo en momentos en que
se habla de megaproyectos o de la Guardia Nacional, e insistió en que el
acatamiento de la sentencia de la CoIDH tiene una relevancia que va más allá de
las 11 mujeres que litigaron el caso.
“Yo creo que es quehacer de toda la
sociedad mexicana, exigir que tengamos realmente acceso a los derechos, que
estas consultas se hagan de manera verdadera horizontales, y que al final del
caso esta exigencia, que se ha tenido histórica por la transparencia, porque el
Estado rinda cuentas, (y) no se diluya en el contexto actual de la 4T.
“Tienen una oportunidad inexcusable
de hacer las cosas distintas, llegaron con ese discurso, que no pierdan la
oportunidad, no sólo de cumplir una sentencia con medidas concretas que tienen
que ver con un grupo o un colectivo de mujeres que somos las once, que este
enfoque de derechos sea cotidiano en la política de Estado”, concluyó.
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