Con coronas fúnebres y delitos fabricados: así amenazan a las activistas opositoras a una presa en Zacatecas.

Por Manu Ureste.

Cuando, una mañana, Grecia Rodríguez abrió la puerta de su casa y vio que alguien le dejó una corona fúnebre repleta de claveles blancos, y una dedicatoria deseándole que descansara en paz, supo que su actividad como defensora del agua y del territorio de las comunidades ejidales de Zacatecas acababa de cambiar para siempre su vida personal.

Previo a esa mañana, recibir insultos ya era algo ‘cotidiano’, entre comillas, en su actividad diaria.

“Argüendera”, “revoltosa”, “alborotadora”, eran parte de los improperios a los que tuvo que acostumbrarse a vivir desde que, en 2013, comenzó a implicarse de lleno como activista.

Sin embargo, cuenta Grecia, la intensidad de los ataques arreció aún más cuando, ya como integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), inició desde 2018, junto a otras mujeres y hombres de los ejidos El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe, y Corrales, en el municipio Jiménez del Teúl, una férrea oposición a la construcción de la Presa de Milpillas.

Un proyecto que, por un lado, el gobierno estatal lleva desde 2014 prometiendo que, además de abastecer de agua el corredor urbano del centro del estado, donde se ubican ciudades clave como Zacatecas y Fresnillo, traerá también progreso, empleos y desarrollo, para las comunidades agrarias por las que atravesará un acueducto de más de 167 kilómetros.

Mientras que, por otro lado, tanto Grecia, como el Observatorio de Conflictos Mineros, la REMA, así como cientos de ejidatarios, denuncian que la construcción de la Presa de Milpillas es un “mega-proyecto de muerte impuesto por la fuerza pública”, el cual tendría varios efectos negativos.

Uno, provocaría “un daño irreparable” al río que abastece de agua a la comunidad para cosechar maíz, frijol, y chícharo. Dos, que pondría en riesgo de inundación y desplazamiento a los habitantes de Atotonilco y a todas las comunidades río abajo, incluida la cabecera municipal Jiménez del Teúl. Y tres, que a pesar de lo anterior, este proyecto solo beneficiaría a empresas mineras y a una multinacional cervecera que necesita más agua para continuar vendiendo sus productos.

“Múltiples académicos ya han ofrecido soluciones para el problema del abasto de agua en la zona, pero, desde 2014 hasta la fecha, el gobierno estatal no ha hecho caso de ninguna. Por eso, más bien nos parece que este proyecto, en realidad, es un negocio, y no una solución al problema del agua”, dice Grecia Rodríguez, en entrevista con Animal Político.

Sin embargo, recalca Grecia, denunciar esto en México, implica asumir un riesgo muy alto de, o bien ser objeto de campañas de desprestigio, o bien llevar permanentemente una diana marcada en la espalda.

“Estamos muy preocupados por la seguridad de los ejidatarios y de las ejidatarias opositoras al proyecto, y de los activistas defensores del agua, ya que en México nos están matando solo por decir que no estamos de acuerdo con un proyecto”, señala Grecia.

Y las cifras así lo corroboran.

Apenas el pasado mes de marzo, Amnistía Internacional alertó que, en apenas cuatro meses del nuevo gobierno de López Obrador, 15 defensores ambientales han sido asesinados en México, más de la mitad de los registrados en todo 2018, cuando contabilizó 21 defensores asesinados y 49 ataques en su contra.

De hecho, Rodrigo da Costa, integrante de Amnistía Internacional, dijo al diario La Jornada que México ocupa el segundo lugar de los países de América Latina donde se presentan más agresiones contra defensores de la tierra, solo superado por Colombia.

Las enemigas públicas.

Tras recibir la corona fúnebre, Grecia fue incluida en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, aunque las agresiones, a través de múltiples formas, no se detuvieron.

Por ejemplo, el pasado 14 de octubre, Grecia narra que en la comunidad El Potrero asistió como invitada a una asamblea entre ejidatarios acerca del proyecto de la presa de Milpillas, cuando un grupo de policías estatales, a bordo de 20 camionetas, llegó, cercó el salón ejidal, y se la quiso llevar presa bajo la acusación de “falsas declaraciones” y “falsa identidad”.

“Les dije: no me pueden llevar porque estamos en un espacio público y no en un MP, por lo que no estoy rindiendo ninguna declaración. Y tampoco tengo que probarte mi identidad”.

Aun así, en un video publicado el 15 de octubre en el perfil de Facebook del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, puede apreciarse que un nutrido grupo de agentes policiacos trató de detenerla, entre jalones y manotazos para que no grabara la escena.

“El gobierno de Zacatecas nos ha convertido en las enemigas públicas número uno, diciendo que es por nuestra culpa que miles de zacatecanos no tienen agua”, criticó la integrante del Observatorio de Conflictos Mineros y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las cuales también acusan al gobierno estatal de querer coaccionar con recursos y beneficios de programas sociales a los ejidatarios inconformes para que aprueben el proyecto.

Una acusación que el gobierno de la entidad ha rechazado en varias ocasiones; una de ellas, en septiembre del año pasado, cuando según recogieron medios locales, el actual gobernador Alejandro Tello descartó que su administración manipule a los habitantes del ejido en el municipio de Jiménez del Teúl.

La entrega de despensas y apoyos no son sobornos, sino apoyos que surgieron como respuesta a peticiones de la ciudadanía, dijo el mandatario, quien en diciembre del año pasado encabezó un foro especial en el que, subrayó, “fueron convocados de manera plural ejidatarios, académicos, especialistas, y ciudadanía” para debatir sobre este proyecto polémico.

“Si nos quitan el río, no somos nada”

Sandra Miranda es delegada de los ejidatarios de Atotonilco ante el municipio de Jiménez del Teúl y opositora al proyecto de la presa. Junto a un grupo de 60 mujeres de edades que van desde los 15 años, a los 26, 32, 50 y hasta los 60, ha encabezado desde octubre pasado acciones de resistencia frente a las constructoras que han querido introducir maquinaria pesada al río.

“Este movimiento de oposición ha estado liderado por mujeres y también por hombres, pero las mujeres han jugado un papel fundamental”, subraya Miranda.

“Las mujeres logramos detener a las máquinas para que no entraran al río en el que quieren hacer la presa. Nos pusimos enfrente y, a pesar de que fuimos agredidas verbalmente por los operadores de las máquinas, no nos quitamos”, añade la activista.

Sin embargo, todas estas acciones también tuvieron consecuencias para Sandra, que denuncia haber sido objeto de hostigamiento policial y de una campaña de desprestigio en medios locales.

“Tratan de intimidarnos, de meternos miedo, diciéndonos, por ejemplo, que la Policía Federal viene en camino con una orden para detenerme. O, en otras ocasiones, policías estatales, sin ningún aviso, hacen guardia frente a mi domicilio. Mientras que, en otras, sueltan rumores para ponerme mal con las comunidades, diciendo, por ejemplo, que ya me habían dado un millón, que me había vendido”.

La última acusación que le hicieron en medios locales, denuncia Sandra, es que ella lideró un intento de retener contra su voluntad a un funcionario estatal que, el pasado 26 de abril, fue al ejido de Atotonilco a ofrecer “apoyos sociales” a los pobladores, aunque la Red Mexicana de Afectados por la Minería señala que, en realidad, el funcionario fue a ofrecer dulces a los niños, becas, tinacos y estufas ecológicas para convencer a los ejidatarios de que den su consentimiento al proyecto de la presa.

“Nos acusan de secuestradoras. Pero en el ejido, las mujeres no portan armas, ni siquiera piedras”, ríe Sandra.

En cualquier caso, asegura Sandra ahora más seria, van a continuar con la defensa del agua y la oposición al proyecto de la presa.

Por ahora, a través del Observatorio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, han presentado denuncias ante el Ministerio Público en Sombrerete, por la invasión de maquinaria en propiedad ejidal, han interpuesto quejas ante las comisiones de derechos humanos de Zacatecas y la Nacional, y ante la Procuraduría Agraria Nacional, y han interpuesto recursos de amparo y juicios de nulidad, por la presunta falsificación de firmas y actas de asamblea, por parte de funcionarios gubernamentales.

“Vamos a seguir luchando por el agua -concluye Sandra-. Porque si nos quitan el río, no somos nada”.