Salvador
Camarena.
Hace días en
Twitter alguien advertía que se había topado con un anuncio de una cafetería
que ofertaba café “similar al de Starbucks, pero a mitad de precio”. A tan
avezado emprendedor se le habría hecho ver que el producto de Starbucks era
malo. “Pero aquí cuesta la mitad”, contestó con apabullante lógica.
Ya se sabe
que en café se rompen géneros. Alguien puede preferir Starbucks porque abre a tiempo,
porque tiene baños medianamente limpios, porque se puede trabajar largas horas
consumiendo poco aunque no sea barato, o por eso que caprichosamente llaman “la
experiencia”. Y no se puede descartar que entre la clientela que satura esos
establecimientos haya quien disfrute –cosas de la gente– el sabor del café de
la sirenita. Así que el precio de un producto no refleja necesariamente su
calidad, pero tampoco es el factor que forzosamente el consumidor más toma en
cuenta a la hora de decantarse por este o aquel establecimiento que expenden
“lo mismo”.
Todo esto
viene a cuento no del café, sino de la gasolina, y en concreto de la manía del
nuevo gobierno por inventar pegotes para distraer. Todo esto viene a cuento,
pues, del “Quién es quién en el precio de las gasolinas”, índice (es un decir)
que cada lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza a la opinión
pública.
Los
especialistas ya lo han explicado, pero va un apretado resumen. El precio de
las gasolinas y el diesel depende de diversos factores, desde variaciones en el
costo del petróleo a nivel internacional, distancia de la gasolinera con
respecto a la terminal, un estímulo fiscal que sangra al erario cada mes más,
gastos en seguridad industrial y, por supuesto, del costo de operación (incluida
la ganancia pretendida) de los expendedores.
Durante
décadas en México todas las gasolineras se llamaban Pemex, aunque no eran de
Pemex. O sea, parecían de la nación –por aquello de Pemex=patrimonio nacional–
pero eran negocios privados, muy privados de hecho. Encima, la generalidad
pensaba que no sólo teníamos un monopolio privatizado sino que además nunca
daban litros de a litro. Discrecionalidad y la sensación de robo: un doble
abuso.
En el
sexenio pasado, los pregoneros del capitalismo, como cura a todos los males,
nos juraron que la apertura del mercado de las gasolinas nos haría libres, que
la competencia sería el maná hecho Magna o Premium.
Así, a la
par de la reforma energética, nuevos jugadores pudieron entrar al mercado,
incluso no comprándole gasolina a Petróleos Mexicanos, para coquetearle a los
consumidores con argumentos propios.
Y aquí
volvemos al Starbucks. Luego de que a este gobierno en diciembre se le hicieron
camotes los ductos y dejó a un tercio del país sin gasolina durante varias
semanas, pero sobre todo por el hecho de que el Presidente prometió que en su
sexenio los combustibles no subirían más que la inflación, vivimos una realidad
alucinante donde la Profeco, en vez de sancionar a quien abuse (su mandato),
ahora pretende inventar un ranking de actores buenos y malos en el mercado de
la gasolina, cuyos precios son libres.
Es muy raro
este gobierno. Quiere hacer todo (hasta una refinería) para que consumamos
gasolina. Todo menos dejar que aquellos que pueden ayudarle a lograr ese
objetivo hagan su trabajo: cumpliendo la ley, pero en santa paz, sin tener que
cuidarse de los descontones presidenciales de cada lunes, cuando se exhibe a
supuestos abusivos sin poner en la balanza todos los factores que pueden llevar
a este o aquel actor a vender más o menos caro.
Pero si de
verdad quieren meterse en el asunto de ayudarle al consumidor a decidir dónde
comprar la gasolina, van tres propuestas que un verdadero gobierno de izquierda
podría hacer: a) Que la Profeco prepare un índice regular de quién vende litros
de a litro (sanciones incluidas); b) Dado que ya hay quien importa su propia
gasolina, que la CRE refuerce su índice de calidad/rendimiento/contaminación de
los combustibles, y c) Que el SAT y el IMSS hagan índice de gasolineros que le
pagan bien, mal o sólo propinas a los despachadores.
Porque habrá
quien prefiera la gasolinera que tenga mejores baños o tienda más surtida, y eso
es una opción tan personalísima como elegir un mal café porque le gusta cómo le
llaman por su nombre al despacharle. Pero de lo que sí tendría obligación el
gobierno es de advertir quién vende mejor producto, cumple mejor las reglas de
competencia y no engaña con litros incompletos.
Lo demás es
una cortina de humo que desde Palacio Nacional intenta ocultar lo
contraproducente que fue la promesa de campaña que hoy sólo se puede medio
sostener aumentando el estímulo fiscal si sube el precio de la molécula, o
dando la impresión que es culpa de otros: agarrando a trapazos a quienes venden
más caro, expendios que no necesariamente dan un mal servicio y que según
reportes incluso venden gasolina de mejor calidad. Es decir, que a la larga al
consumidor le costea más esa “experiencia” cara, antes que un producto malo a
menor precio.
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