Por Víctor
Chávez.
El pleno de la Cámara de Diputados
aprobó reformas al Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra
servidores públicos, y estableció castigar con dos y hasta con 12 años de
prisión a quien agreda a un funcionario público encargado de la prevención,
investigación o persecución de los delitos.
Con 441 votos a favor y sólo una
abstención, los legisladores modificaron la denominación del capítulo IV y el
artículo 189 del código penal.
“Si el daño se comete en contra de un
servidor público encargado de la prevención, investigación o persecución de los
delitos, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas,
se impondrá también la pena que le corresponda por lo cometido”, señala el dictamen.
Al respecto,
la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, del
PAN, dijo que los diputados se
identifican con las demandas ciudadanas que exigen justicia ante diversos
delitos que vulneran la paz social, por lo que es necesario fortalecer las
instituciones de prevención y procuración de justicia, “tarea inacabada que
necesita ser trabajada día con día”.
Subrayó que la seguridad pública es
una función de naturaleza compleja a cargo de los tres órdenes de gobierno.
Agregó que hay entidades que registran altos índices de violencia contra
funcionarios.
“Nos parece muy atendible llevar a
cabo la modificación planteada. La justicia es uno de los más altos ideales que
definen a toda la República, no existe un sistema democrático que no haya sido
fundado sin la pretensión de cumplir el viejo adagio del jurisconsulto romano
Ulpiano: la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le
corresponde”,
agregó.
La diputada que promovió la
iniciativa, Carmen Julia Prudencio González, de MC, puntualizó que con este
dictamen se salvaguarda la integridad física y la vida de los servidores
públicos durante el desempeño de sus funciones.
Expuso que cifras de la Comisión
Nacional de Seguridad señalan que en los últimos 20 años, dos mil 220 policías
fueron asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales, 534 eran
elementos estatales y 998 formaban parte de las instituciones municipales.
En la Ciudad de México, de enero de
2012 a septiembre 2016, dos mil 633 elementos de la policía preventiva fueron
agredidos con golpes, quemaduras, mordeduras, patadas, con rocas y aerosol, y
210 sufrieron ataque por arma de fuego y blanca.
Mencionó que su tarea es vulnerable
debido a situaciones de confrontación que a diario se perciben en las calles,
por lo que esto debe de ser atendido.
Prudencio
González hizo un llamado para seguir
avanzando y garantizar mejoras en las condiciones de trabajo para los
servidores públicos encargados de la seguridad pública y a quienes beneficia de
manera directa esta reforma.
Juan Carlos
Villarreal Salazar, también de MC, presentó
una modificación aceptada por el Pleno porque consideró que ningún servidor
público puede tener la función de prevención, investigación y persecución al mismo
tiempo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.