Raymundo
Riva Palacio.
Detrás de la
crisis venezolana y la sublevación que no obtuvo el objetivo inmediato que
buscaban, porque recularon los principales altos mandos militares que aparentemente
habían aceptado traicionar al presidente Nicolás Maduro, a cambio que le
garantizaran a él y a sus cercanos una salida honrosa, hay un factor que ayuda
a entender por qué no se dio, cuando menos hasta ahora, la fractura esperada:
el Cártel de los Soles. Así se llama a todos los militares y funcionarios del
gobierno de Venezuela implicados en el narcotráfico, y se puede plantear como
hipótesis de trabajo, que el entramado criminal dentro del aparato de gobierno
de Maduro llevó a considerar a varios de sus leales que en las condiciones
actuales, era mejor seguir cohesionados que divididos. Difícilmente una salida
“con honor”, como se había planteado, podría darse con tantos leales a Maduro,
denunciados y perseguidos por la justicia en Estados Unidos.
La variable
criminal en Venezuela hace más difícil la solución negociada a la crisis que se
vive, porque es un factor donde no hay concesiones. El Cártel de los Soles fue
un término utilizado por primera vez en 1993, al darse a conocer que los generales
de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén, jefe la Unidad Antidrogas,
financiada por la CIA, y su sucesor Orlando Hernández, eran investigados por
tráfico de cocaína a Estados Unidos. Esta organización no es propiamente un
cártel, porque no controla los medios de producción, distribución,
comercialización ni los precios de las drogas, sino que transportaba la cocaína
de las FARC colombianas de Venezuela a Honduras y México, para ser transportada
a Estados Unidos por el Cártel del Pacífico, y a República Dominicana y
Surinam, para ser enviada a Europa y África.
La
estructura de mandos del Cártel de los Soles, explicó Brenda Fiegel, analista
de inteligencia en la Oficina de Estudios Militares en el Fuerte Leavenworth,
Kansas, en un artículo en Small Wars Journal, fundado por exinfantes de Marina
de Estados Unidos, sólo comprende altos mandos militares y del gobierno, en un
modelo jerárquico híbrido, a diferencia de los cárteles mexicanos y
colombianos, que tienen una estructura piramidal con un líder, jefes de plaza y
lugartenientes, que tienen que invertir fuertes sumas de dinero y utilizar sus
conexiones gubernamentales para evitar que los capturen. En el Cártel de los
Soles, agregó, son los militares y los funcionarios quienes manejan la organización,
determinan las detenciones y crean leyes que los beneficien.
Fiegel
señaló que el líder histórico de la organización es Diosdado Cabello,
presidente de la Asambla Nacional Constituyente, aunque su poder es repartido
de manera horizontal, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos.
Cabello, hombre cercanísimo a Maduro, es sólo la punta de la madeja. Una
investigación de tres años realizada por la fundación InSight Crime, con sede
en Washington, que fue dada a conocer el año pasado, encontró a 123 personas
relacionadas con el Cártel de los Soles, de las cuales identificó a un puñado
que incluía, además de Cabello, por asociación a la esposa de Maduro, Cilia
Flores, cuyo hijo, Walter Jacobo Gavidia, y dos sobrinos están involucrados en
el narcotráfico; Tareck El Aissami, vicepresidente para el Área Económica; el
mayor general Néstor Reverol, actual ministro de Justicia; Ramón Rodríguez
Chacín, exministro del Interior y de Justicia, y Henry Rangel Silva, gobernador
de Trujillo y exjefe del Comando Estratégico del Ejército, entre otros.
Los nexos
criminales abarcan al sector empresarial. La investigación de InSight Crime
recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó el Acta Kingpin
a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para sancionar a siete
personas, la mayoría empresarios, encabezados por el presidente de Globovisión,
Raúl Antonio Gorrín, por su presunta vinculación con una red de corrupción en
el que participó la extesorera, Claudia Díaz Guillén, donde le daban dólares a
un tipo de cambio preferencial que generó ganancias legales por 2 mil 400
millones de dólares.
InSight
Crime reveló que el narcotráfico se encontraba en cuando menos 12
instituciones, incluida la Vicepresidencia, la Guardia Nacional Bolivariana, la
Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional,
Petróleos de Venezuela, los ministerios del Poder Popular del Despacho de la
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, del Poder Popular para la
Defensa, del Poder Popular de Agricultura Urbana, del Poder Popular para la
Educación, del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, de Estado para el
Comercio Exterior e Inversión Internacional, y del Poder Popular para la
Energía Eléctrica.
“El
presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico,
los ha ascendido a los más altos cargos, quizá calculando que si el régimen
cae, ellos serán los que más tengan que perder y, por consiguiente, harán lo
máximo posible para preservar al régimen y a su cabeza”, afirmó InSight Crime.
“Las figuras más influyentes del régimen bolivariano llevan ahora el estigma
del narcotráfico en diversos grados”.
La crisis
venezolana, en el segundo día de sublevación, estaba caracterizada por dos
facetas. La primera, que comenzó con la asonada militar llamada Operación
Libertad, tiene que ver con la narrativa. La otra, la de las negociaciones con
el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el comandante de la Guardia de Honor
Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, y con Maikel Moreno, presidente del
Tribunal Supremo de Justicia, que no han sido señalados de vínculos con el
narcotráfico.
Elliott
Abrams, un halcón en política exterior y encargado especial de Estados Unidos
para la crisis de Venezuela, confirmó a la agencia EFE que habían negociado
romper con Maduro, pero que cuando llegó el momento de la acción, no estuvieron
dispuestos a hacerlo. En ese momento de definiciones, quienes le iban a dar la
espalda a Maduro reevaluaron sus costos y pérdidas, y cerraron filas, cuando
menos por ahora, con el Cártel de los Soles.
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