Por Daniela
Barragán.
Ante un
“diagnóstico dramático” de violencia en el país, la implementación de un nuevo
modelo de seguridad acumula exigencias de rapidez y garantía en su efectividad.
Seis meses es el primer punto que el titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, se puso para poder
comenzar a ver cambios en las tendencias de violencia.
En
entrevista con SinEmbargo, el
funcionario dijo que lo que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López
Obrador y su equipo se han planteado “con toda responsabilidad dada la
dimensión del problema” que en seis meses se modificará la tendencia creciente
de los niveles de inseguridad en el país.
“Es decir, vamos a lograr un punto de inflexión en los
seis meses, de tal manera que luego de eso empiecen a declinar los niveles de
inseguridad y poderle ofrecer a la población niveles adecuados de paz y
tranquilidad en el transcurso de los primeros tres años. Que la gente pueda
salir a la calle sin la preocupación de ser asaltada o con la certeza de que no
sufrirá ningún agravio”, explicó Alfonso Durazo.
El primer
trimestre de 2019 fue el más violento de la historia, de acuerdo con las cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
con un incremento de 9.7 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2018, al
pasar de 6 mil 598 carpetas de investigación por homicidio doloso a 7 mil 242.
En enero de
este año se registraron 2 mil 855 homicidios dolosos, en febrero 2 mil 802 y en
marzo 2 mil 836; el promedio de personas asesinadas diariamente fue de 93.
De acuerdo con el diagnóstico de
Durazo Montaño, esta administración recibió un país “con una seguridad en
ruinas, con niveles de violencia que no habíamos conocido en nuestro país desde
la época de la Revolución”.
La solución que plantea la SSPC es,
principalmente, la conformación de la Guardia Nacional y el combate a la
delincuencia desde las causas que la generan. Sobre lo primero, el Secretario señaló que se está poniendo énfasis en hacer un reclutamiento y formación
adecuadas.
Esta tarea estará a cargo de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar)
y aclaró que se están aplicando exámenes de carácter psicológico, psicométrico,
socioeconómico y el de confianza.
En este sentido, sobre la situación de las policías
estatales y municipales añadió que “están realmente abandonados”. Dijo que se
buscará capacitarlos, porque hay policías que no saben disparar un arma,
mejorar las condiciones socioeconómicas porque hay policías que ganan 2 mil 490
pesos mensuales y combatir a fondo los niveles de corrupción y penetración
criminal en los cuerpos municipales de seguridad.
–¿Cuál es el
diagnóstico de la oficina que usted recibió hace cinco meses?
–Recibimos un país con una seguridad
en ruinas, con niveles de violencia que no habíamos conocido en nuestro país
desde la época de la Revolución y aquí no quiero eludir la responsabilidad que
tenemos, simple y sencillamente tenemos un diagnóstico para que sepamos de
dónde partimos. A partir de que nosotros asumimos al Gobierno, la
responsabilidad de resolver esos niveles de inseguridad ya nos corresponde, eso
no lo eludo, pero el diagnóstico es muy dramático. Decir que no hemos vivido
niveles de violencia como los de la época de la Revolución. No en vano nuestro
país ha sido ubicado entre los más altos niveles de inseguridad. No obstante
esa tragedia, también puedo decirle a la gente que hay salidas, soluciones y
que lo que estamos haciendo en este momento en torno a la iniciativa de crear
la Guardia Nacional, vamos a poderle dar resultados y regresar la paz y la
tranquilidad a los hogares mexicanos.
–¿Cuál es el
elemento que más le sorprendió a su llegada?
–Los niveles de descoordinación en
todas las instancias y los cuerpos de seguridad. Parte de lo que explica los
niveles de inseguridad es, primeramente, la insuficiencia de los cuerpos de
seguridad. La Policía Federal tiene 36 mil elementos, 16 más o menos dedicados
a tareas administrativas y logísticas y 20 mil operativos. Con esa cantidad no
se puede garantizar la seguridad de un país de más de 2 millones de kilómetros
cuadrados y casi 130 millones de habitantes.
Para darnos
una idea: si nos fuéramos por la
proporción de Colombia, requeriríamos una policía de 360 mil elementos, cuando
es un país con 180 mil policías y tiene menos de la mitad de la extinción
territorial y menos de la mitad poblacional de México, pero tiene casi cinco
veces más elementos de seguridad que nuestro país. Eso da idea de la dimensión
del reto. El otro tema, además de la coordinación y la insuficiencia de los
cuerpos de seguridad, son los altísimos niveles de corrupción en el aparato
público en su conjunto y obviamente en los cuerpos de seguridad.
Alfonso
Durazo dice que el elemento que más le
sorprendió a su llegada a la SSPC fueron los niveles de descoordinación en
todas las instancias y los cuerpos de seguridad. Parte de lo que explica los
niveles de inseguridad es la insuficiencia de cuerpos de seguridad, añade.
Foto: Carlo Bautista, Ruido en la Red
–Sobre la Guardia Nacional. Hay un
elemento que causa desconfianza y es sobre la capacitación y el reclutamiento y
los filtros de los elementos. ¿Cómo se hará, quién lo hará y cómo se
garantizará una adecuada conformación de la Guardia?
–Primeramente, el reclutamiento en esta primera etapa se
va a realizar a través de Sedena y Marina, en virtud de que la capacidad
instalada para capacitar a nuevos elementos, la tienen fundamentalmente estas
instituciones. La Policía Federal solo tiene capacidad para capacitar a 3 mil
200 elementos al año y por supuesto que vamos a ocupar esas instalaciones, pero
Sedena y Marina tienen capacidad para capacitar a 21 mil 170 elementos y en
virtud de la necesidad que tenemos de construir con la mayor rapidez la Guardia
Nacional para contar con elementos adicionales que nos permitan enfrentar al
crimen, particularmente al crimen organizado, es que recurrimos a Sedena y a
Marina para disponer de esa capacidad para capacitar.
La Sedena, la Marina y la PF tienen
filtros que son exámenes de carácter psicológico, psicométrico, socioeconómico
y por supuesto el examen de confianza. Todos los elementos de la Guardia
Nacional tendrán que hacer, cuando menos, estas cuatro pruebas que ahorita
menciono, más alguna otra que se me haya escapado. El programa de entrenamiento
lo diseñamos de manera conjunta la Secretaría de Gobernación, Sedena, Marina y
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con énfasis en la
capacitación para la defensa de los derechos humanos. A ello se ha sumado un
acuerdo que tenemos con la Alta Comisionada de la ONU para la defensa de los
Derechos Humanos, de tal manera que la ONU también nos acompañará en el proceso
de capacitación, de formación de los cuadros actuales y de los nuevos reclutas
de la Guardia.
–¿Se le está
poniendo énfasis al respeto a los derechos humanos? El Ejército arrastra muchas
quejas.
–El 1 de diciembre hay un cambio y
uno real. No somos lo mismo. La prueba es que en estos cuatro o cinco meses de
Gobierno, no hemos recibido una sola recomendación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) ni el Ejército ni la Marina ni la Policía Federal. Y no
digo que no vayamos a cometer errores porque en el uso de la fuerza estás
expuesto a cometerlos. Lo que sí digo es que no vamos a tolerar absolutamente
ningún abuso en el uso de la fuerza pública. No vamos a utilizar a los cuerpos
de seguridad para reprimir jamás y eso lo saben todos los elementos. Uno de los
rubros fundamentales de la capacitación junto al tema de los derechos humanos y
la capacitación y el conocimiento del nuevo sistema de justicia penal, está el
del uso de la fuerza, que están incapacitados para usar la fuerza de manera
proporcional a la amenaza que enfrentan con el propósito de que no haya excesos
ni abusos. Yo en ese aspecto estoy muy tranquilo porque creo que los elementos,
tanto de las Fuerzas Armadas del Ejército, de la Marina y de la PF, cuando han
incurrido en algún exceso, lo atribuyo a la responsabilidad de las instancias
civiles, políticas, que tomaron la decisión de hacer un uso indebido o
excesivo, abusivo de la fuerza pública. No vamos a caer en esos excesos. Es una
de las definiciones políticas fundamentales del Presidente López Obrador.
–Sobre el
Plan Mérida, el Gobierno de Trump y la Guardia Nacional.
–No habrá participación absolutamente
de ningún gobierno. Está la Iniciativa Mérida que está por concluir, tiene una
vigencia, si no mal recuerdo de 10 años. Los fondos del Plan Mérida han sido
utilizados históricamente para reforzar la capacidad armada, militar de los
cuerpos de seguridad, la compra de aviones, de helicópteros artillados,
torpedos… ¿qué tiene que ver eso con la seguridad pública? Absolutamente nada.
¿Para qué queremos un torpedo en la
Secretaría de Seguridad o en los cuerpos de seguridad? ¿Cuándo los vamos a
usar? Nunca. Entonces lo que yo planteo es que nuestro mayor interés en la
colaboración internacional, lo ha planteado el Presidente, es la cooperación
para impulsar el desarrollo de aquellas regiones donde la marginación, la
desigualdad, el atraso económico, la falta de oportunidades, se convierte en un
foco generador de violencia o en un foco expulsor de migrantes. Si queremos
detener el problema de la migración que tenemos en el sur, debemos impulsar el
programa de desarrollo regional. Lo que yo planteo es que preferiríamos que
esos recursos se destinaran a impulsar un programa de desarrollo y no al
reforzamiento del equipo militar de las instituciones de seguridad. En eso no
tenemos ningún interés.
–Aunque ya
no se hable de cárteles, ni sean nombrados por el Presidente incluso en sus
conferencias. Sabemos que éstos siguen operando y surgen nuevos, como el Cártel
de Santa Rosa. ¿Tienen ya un mapa actualizado y datos de si hubo un reacomodo
de esos grupos?
–Tenemos un mapa muy preciso de la
organización criminal en el país. El Gobierno tiene la inteligencia suficiente
como para conocer la presencia y las actividades, las zonas de operación de las
organizaciones criminales que existen en el país. Y es en función de esa
información que estamos actuando.
–¿Cómo se
han tomado las mantas que han sido colocadas en varios puntos del país con
amenazas al Presidente?
–Son instrumentos de propaganda de un
grupo o de otro que registramos como un acontecimiento más de los muchos que se
dan en la vida nacional, pero que no tiene para nosotros una relevancia de
fondo.
Nosotros tenemos nuestras propias
fuentes de información y de inteligencia y a sus recomendaciones es que nos
atenemos.
–Hablando de
plazos. Sabemos que no es algo que se resuelva en medio año pero cuándo se
podrá hablar de los resultados de su estrategia.
–Yo entiendo la preocupación de los
periodistas por comprometer fechas precisas para que demos resultados, pero
también hemos planteado que el problema de inseguridad que vive el país no se
generó de un día para otro; el problema del huachicol no se generó de un día
para otro, las complicidades que se requieren para construir una red de
distribución de 138 mil barriles de combustible robados en un día.
Consecuentemente, la inseguridad
tampoco se va a resolver de un día para otro. Lo que nosotros nos hemos
planteado con toda responsabilidad, dada la dimensión del problema, es que en
seis meses nos proponemos modificar la tendencia creciente de los niveles de
inseguridad en el país. Es decir, vamos a lograr un punto de inflexión en los
seis meses, de tal manera que luego de eso empiecen a declinar los niveles de
inseguridad y poderle ofrecer a la población niveles adecuados de paz y
tranquilidad en el transcurso de los primeros tres años. Que la gente pueda
salir a la calle sin la preocupación de ser asaltada o con la certeza de que no
sufrirá ningún agravio. Y destinar los tres años restantes del Gobierno del
Presidente López Obrador, a consolidar los resultados de la estrategia de
seguridad para entregar en 2024 un país en paz y tranquilidad.
–Sobre las
policías de los estados que se abandonaron desde la época de Felipe Calderón.
¿Cómo se abordará ese problema?
–Los policías estatales están
realmente abandonados. Nosotros estimamos que si no hacemos policía desde
abajo, si no recuperamos a esos cuerpos de seguridad será muy difícil que
nuestro país tenga niveles adecuados de seguridad. En primer lugar, los
recursos que se tienen para apoyar a estados y municipios en materia de
seguridad ahora sean destinados a 10 prioridades que han sido definidas de
común acuerdo con los señores gobernadores y con las y los presidentes
municipales. Lo primero es capacitarlos. Tenemos policías que usan armas y que
en su vida han disparado un tiro, es decir, no han tenido la capacitación más
elemental para hacer uso de un arma.
Dos, es la capacitación y
profesionalización; tres, mejorar las condiciones socioeconómicas de los
policías municipales, porque hay policías que ganan 2 mil 490 pesos mensuales.
Obviamente con esos niveles de ingreso no se les puede exigir mucho Se tiene
que combatir a fondo los niveles de corrupción, los altos niveles de corrupción
y penetración criminal en los cuerpos municipales de seguridad. Tenemos que
fortalecer la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para recoger
la información de inteligencia que generan los cuerpos municipales, los únicos
que saben qué sucede realmente en una población. Saben quién, cómo, cuándo. Saben
todo y esa información hay que recogerla para que se convierta en un elemento
de la estrategia para combatir la inseguridad que se registra en esas
poblaciones.
Hablamos en general de la necesidad
de fortalecer los canales de inteligencia del Gobierno mexicano de tal manera
que utilicemos más la información y la inteligencia que la fuerza; también
establecer esfuerzos de coordinación entre la inteligencia financiera, entre
otros instrumentos de un listado de 10 prioridades que se defendieron. La
estadística sobre la indigencia criminal es razonablemente atinada. Aquellos
estados en los que se percibe o sobre los que se informa que tienen mayor
incidencia criminal, coincide con la realidad. Hay una parte del centro del
país vinculada a diversas organizaciones criminales y al tema del huachicol en
donde se concentra una buena parte de la incidencia criminal y por supuesto en
algunos estados de la república en virtud de que son las rutas para el trasiego
de droga hacia Estados Unidos.
–El
Presidente no ha querido hablar en específico de este tema aunque se le ha
preguntado directamente y lo pasa a tema general y es el tema de la violencia
contra las mujeres y que evidentemente va creciendo. ¿Ya se tiene un plan para
bajar estos índices?
–Es todo un tema y compartimos la
preocupación con los gobiernos estatales y municipales y nos hemos propuesto
que todas las acciones, absolutamente todas, tengan un componente de género, de
tal manera que podamos reducir y controlar la violencia específica hacia a las
mujeres, que es una de las expresiones de la violencia más agresivas, particularmente
los feminicidios y la violencia sexual.
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