Por José Gil
Olmos.
Hace un par
de años la reportera Sonia Del Valle realizó su tesis para la maestría en
periodismo político y una de las tantas
joyas que aporta su investigación sobre la política educativa en México es el
tema de los dineros del conflicto magisterial. Esto es, el manejo de 363 mil
402 millones 157 mil 537 pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y el Gasto Operativo (FONE), antes denominado Fondo de Aportaciones para
la Educación Básica (FAEB).
Destaca que los recursos asignados al
FONE en 2017 equivalían a la deuda pública del país o al total de pensiones a
cargo del gobierno federal. No obstante, dicho fondo creado en 1998 siempre fue
manejado con opacidad y con este se paga el sueldo del 80 por ciento de los
trabajadores de sistema público de educación básica y normal para un millón 750
mil 292 plazas que ocupan 956 mil 282 personas.
En un principio las plazas las
controlaba el gobierno federal, pero a partir de 1963, con los cambios a la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se le otorgó el manejo del
50 por ciento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en
1992, con la descentralización educativa, los gobernadores de los estados
también entraron a la repartición del tesoro laboral, es decir, el pago de la nómina.
Una década
más tarde, con la reforma de Enrique
Peña Nieto del 2013 con la cual se creó la Ley General del Servicio Profesional
Docente, se le arrebató al SNTE el manejo del 50 por ciento de las plazas ya
que a partir de la nueva norma se estableció que estas se otorgarían mediante
concursos de ingreso y promoción. A los gobernadores también se les sacó de la
jugada ya que la Ley de Coordinación Fiscal les quitó la posibilidad de
controlar los recursos de la nómina del magisterio.
El negocio de la nómina y el manejo
de las plazas ya no lo tuvo ni el SNTE ni la disidencia magisterial integrada
en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y tampoco
los gobernadores. Dicho negocio, señala la reportera Sonia Del Valle, generaba
una economía millonaria.
“De acuerdo
con especialistas como José Raúl Portillo, Premio Nacional de Finanzas Públicas
2013 por su análisis sobre el fondo educativo, señalaban que el FONE genera economías cercanas a los 20 mil millones
de pesos al año”, señala Del Valle en su investigación.
Explica que una “economía” se da
cuando un maestro se jubila y el Estado ocupa la nueva plaza. La diferencia
entre la plaza del maestro jubilado que era de 50 mil pesos con los 10 mil
pesos que puede costar ocupar la nueva plaza da una diferencia de 40 mil pesos.
Dicha diferencia o “economía” era desviada por los gobernadores para realizar
otros programas sociales con fines políticos o electorales.
La opacidad en el manejo de los
recursos federales por parte del SNTE y de los gobernadores dio lugar a una
enorme maquinaria de corrupción, a un negocio millonario con el que se
enriquecieron líderes sindicales, se financiaron campañas electorales y se
entronizaron a políticos en los niveles más altos del gobierno.
Por cierto… El negocio de la educación es solo una
parte de la gran investigación de Sonia Del Valle, cuya tesis “El Juego de Juan
Pirulero. La política educativa en México”, con la que se tituló en la maestría
de periodismo político de la escuela Carlos Septién García, aporta muchos
elementos de análisis dignos se ser retomados. Uno de ellos es que las reformas
educativas de los últimos cuatro gobiernos olvidaron al principal actor: los
alumnos. Porque lo que se atendieron fueron los intereses de maestros, líderes
sindicales y gobernantes.
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