Por Arturo
Angel.
La Fiscalía
General de la República (FGR) solicitará
a un juez federal la apertura de procesos penales en contra de tres altos
exfuncionarios de la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte
de Ochoa, por su presunto vínculo con el desvío de más de 400 millones de
pesos, de fondos federales que estaban destinados a servicios de salud,
educación y obras.
Los implicados son los exsecretarios
de Finanzas Mauricio Audirac y Gabriel Deantes (este último ya con un primer
proceso penal federal abierto en marzo pasado), y el exsubdirector de operación
financiera, José Francisco Díaz Valenzuela.
De acuerdo
con autoridades federales, la FGR ha
reunido evidencia inicial suficiente, a partir de denuncias presentadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), para solicitar al juez la apertura
de los procesos en contra de los involucrados por el delito de peculado, y
otros que pudieran resultar de la indagatoria.
Estos casos se sumarían a cuatro
procesos más que la Fiscalía General ha logrado promover exitosamente en contra
de exfuncionarios del gobierno de Duarte. Uno de ellos es en contra de Gabriel
Deantes – que hora sumaría su segundo juicio abierto -, y los otros son en
contra de los exsecretarios de Finanzas Tomas Ruiz y Fernando Charleston, y el
exsubsecretario de Finanzas, Carlos Hernández.
Se trata del arranque de las
acusaciones ante jueces de la Fiscalía como resultado de las múltiples
denuncias presentadas por la ASF en contra de la administración de Javier
Duarte, por hechos que los auditores calificaron en su momento como un “masivo
e inédito desvío de recursos federales”, en el gobierno de Veracruz.
Los auditores han estimado en más de
62 mil millones de pesos el monto de dinero proveniente de 14 fondos federales
que fue mal manejado y desaparecido en la administración de Javier Duarte,
quien actualmente está preso y cumpliendo una condena por lavado de dinero en
el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Cabe señalar que ninguno de los
exfuncionarios mencionados se encuentra actualmente preso por acusaciones
federales, toda vez que bajo las reglas del nuevo sistema penal podrían
enfrentar sus procesos en libertad, si es que el juez así lo determina.
Las audiencias en las que la FGR
solicitará la vinculación a proceso en contra de Audirac, Deantes y Valenzuela
fueron programadas entre el 28 y el 30 de mayo próximos, en el Centro de
Justicia Federal ubicado en Xalapa, Veracruz.
Dinero de
salud, educación y obras… que no llegó.
De acuerdo con las autoridades
consultadas, los nuevos casos están relacionados con graves irregularidades en
el manejo de dos fondos federales en específico.
En el caso de Gabriel Deantes y José
Francisco Díaz Valenzuela, las investigaciones lo vinculan con la desaparición
de 261 millones de pesos provenientes del Fondo Regional (Fonregion), que es un
fondo que se entrega a algunos estados, con el objetivo de financiar programas
y acciones que faciliten el acceso de servicios básicos de salud y educación,
en zonas vulnerables.
Los malos manejos relacionados con
este fondo corresponden al análisis de la cuenta pública 2012, que fue el
segundo año del sexenio de Duarte en Veracruz. Por este mismo asunto se
encuentra ya procesado Tomás Ruiz González.
En el caso del exsecretario de
Finanzas Mauricio Audirac, la investigación federal lo relaciona con el
presunto desvío en 2014 de 149 millones de pesos, pertenecientes a denominado
Fondo Metropolitano, que es un fondo federal cuyo objetivo es apoyar a las
entidades en la ejecución de obras de infraestructura que favorezcan la
movilidad, transporte y protección ante riesgos naturales.
A partir de
los dictámenes técnicos elaborado por la ASF y la verificación de diversos
elementos de prueba, entre ellos testimonios de otros exfuncionarios con
conocimiento de estos hechos, el Ministerio Púbico ha concluido que Deantes,
Audirac y Valenzuela fueron probables responsables por acción y omisión en los
malos manejos de los fondos federales.
“Lo que sucedía en Veracruz era un
patrón. La Secretaría de Finanzas del estado recibía estos recursos, los cuales
eran sacados de las cuentas bancarias autorizadas para su manejo. Se le movía
de otras cuentas del gobierno de la entidad, de donde eran sacados nuevamente y
ahí se perdía el rastro. El dinero no regresaba y tampoco se probaba que se
hubiera usado para lo que estaba destinado”, dijeron fuentes de la ASF.
Cabe señalar
que Audirac ocupó la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
de Veracruz a partir de julio de 2014, en sustitución de Fernando Charlestón,
quien actualmente ya se encuentra bajo proceso federal también por presuntas
irregularidades por casi 900 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM).
Apenas en marzo pasado, Mauricio
Audirac había logrado que un juez de Veracruz cancelara un proceso penal
abierto en su contra, que lo mantuvo casi año y medio en prisión. Dicha
acusación había sido presentada por la Fiscalía local, y en la misma se responsabilizaba
al exfuncionario de malos manejos de recursos del Seguro Popular.
Sin embargo,
dicho caso es distinto al que ahora se
promueve a nivel federal en contra de Audirac y de otros exfuncionarios del
gobierno de Duarte, quienes con independencia de si ya libraron o no las
acusaciones a nivel local, ahora tendrán que enfrentar los procesos promovidos
por la Fiscalía General de la República.
Busca FGR
una orden de aprehensión.
Además de
los casos anteriores, la FGR busca
obtener de un tribunal federal una nueva orden de aprehensión en contra de otro
alto exfuncionario del gobierno de Javier Duarte – cuyo nombre se mantiene en
secrecía -, por su presunta responsabilidad en al menos tres denuncias de la
ASF por desvíos en fondos federales.
De acuerdo
con las autoridades consultadas, se
trata de un caso relacionado con tres averiguaciones previas iniciadas bajo el
viejo sistema penal, en los años 2015 y 2016, y las cuales fueron agrupadas en
una sola al figurar la misma persona como probable responsable.
En una primera instancia, un juez
negó conceder dicha orden bajo el argumento de que no se tenían los elementos
suficientes; sin
embargo, la FGR apeló la decisión y el
caso está siendo revisado por un tribunal federal.
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