Por
Redacción / Sin Embargo.
La Fiscalía General de la República
(FGR) solicitó al Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, facilitar el
acceso a pruebas y pesquisas relacionadas con la investigación por corrupción
en contra de la constructora brasileña Odebrecht.
“Si dan este paso, el de contactar
con Moro, es que hay un interés en hacerse con esas pruebas”, indicó una fuente cercana a la
investigación a Europa Press.
Moro,
antiguo juez federal de Brasil, se encontraba al frente del caso hasta este
año, cuando fue nombrado titular del ministerio de Justicia por el Presidente
Jair Bolsonaro.
La supuesta solicitud del Gobierno
mexicano al funcionario brasileño, dada a conocer por la agencias Reuters y
Europa Press, se da en el marco del anuncio de Alejandro Gertz Manero, Fiscal
General de la República, de que el caso Odebrecht será enviado ante un juez en
60 días.
El caso de
la constructora ha salpicado ya a varios gobiernos de la región, incluso el ex
Presidente peruano Alan García se suicidó antes de ser detenido por su nexo con
este caso. En México, sin embargo, la
Procuraduría General de la República no registró avances en el caso durante el
sexenio pasado: ningún detenido y sólo investigaciones en proceso que nunca
fueron divulgadas a la opinión pública.
El Presidente López Obrador llegó a
la Presidencia de México tras prometer que acabaría con años de corrupción, por
lo que el entramado de corrupción de Odebrecht supone una prueba para el
dirigente.
Odebrecht ha admitido a fiscales
brasileños y estadounidenses haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos
a altos cargos en México.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal
General de la República, informó el 6 de mayo que el caso Odebrecht será
enviado ante un juez en 60 días y que podría ser abordado como “crimen
organizado”.
Dijo que la investigación, iniciada
en enero de 2017 por la Procuraduría General de la República, es grave para la
imagen del país. Indicó que el Gobierno actual “ha tenido que reponer en buena
parte todo el procedimiento y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se
empezará a judicializar el caso”.
La
constructora Odebrecht se vio envuelta en un escándalo tras admitir el pago de
sobornos en 12 países, mismos que ascendieron a unos 788 millones de dólares.
En México, el caso apuntó hasta al director general de Petróleos Mexicanos
(Pemex) Emilio Lozoya, quien ocupara el cargo de 2012 a 2016 y quien fue
acusado de recibir 10 millones de dólares.
La ruta de negocios de Odebrecht en
México abarca tres sexenios: el último periodo de Vicente Fox Quesada y los de
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El negocio más fuerte fue con
Petróleos Mexicanos. Le avaló decenas de convenios por miles de millones de
dólares.
Las irregularidades en los contratos
otorgados al conglomerado brasileño entre 2005 y 2017 incluyen sobrecostos y
pagos adicionales injustificados o duplicados –además de los señalamientos por
pago de sobornos– que fueron detectados por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF). Anomalías que, al día de hoy, permanecen en la impunidad.
BUSCA
DEMANDAR A MÉXICO
Odebrecht busca cobrar al Gobierno
México 2 mil 245 millones de pesos por los contratos cancelados en las
refinerías de Tula, Hidalgo, y en Salamanca, Guanajuato, de acuerdo con información publicada
en Reforma.
El diario señaló que la firma amplio
una queja interpuesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por
violaciones a sus garantías luego de que fuera inhabilitad y multada por daños
a Pemex, en ella pide a la petrolera el pago de un finiquito por la terminación
anticipada de los dos contratos.
La ampliación de la queja fue
interpuesta por Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la firma,
quien acusó que el Gobierno federal solicita a Odebrecht un pago de más de mil
149 millones 289 mil 878.08 pesos “con base a actos sin sustento y de manera
unilateral”.
El consorcio
sudamericano estima que la deuda a favor por el contrato cancelado en Salamanca
es de casi 432 millones de pesos y por el de Tula, en mil 813 millones de
pesos.
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