La nueva Ministra en la encrucijada.

Por Alejandro Calvillo.

La nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, se encuentra por debutar con un proyecto de sentencia que defiende el actual etiquetado frontal en alimentos y bebidas argumentando que se basa en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que se trata de un etiquetado entendible y útil para los consumidores mexicanos.

Pedimos, como Alianza por la Salud Alimentaria, a estos organismos de Naciones Unidas (OPS/OMS, FAO), y al propio Fondo de Naciones Unidas (UNICEF) por la Infancia, responder si estaban de acuerdo en las aseveraciones realizadas en el proyecto de sentencia de la Ministra Yasmin Esquivel en el sentido de que el actual etiquetado frontal sigue sus recomendaciones y es entendible y útil para los consumidores.

Incluimos en la solicitud de información al Fondo de Naciones Unidas por la Infancia ya que este organismo realizó una evaluación de este etiquetado y otros en México, Argentina, Chile y Costa Rica en 2016. UNICEF concluyó que el etiquetado tipo GDA establecido en México “ha demostrado ser confuso aún para una población con alto nivel educativo”.

Como organización de consumidores sabemos bien que la única información a la que tiene acceso el consumidor sobre alimentos y bebidas es a través de sus etiquetas. Sin embargo, sabemos que estas etiquetas son muy poco entendibles para los consumidores en general. Organismos internacionales y nacionales han recomendado etiquetados frontales sencillos y rápidos de entender que puedan dar información sobre si un producto contiene altos contenidos de los ingredientes que son los principales causantes de las epidemias de sobrepeso, la obesidad y la diabetes, como lo son el azúcar, las grasas y la sal.

En su respuesta, OPS/OMS, FAO y UNICEF, en contradicción con el proyecto de la Ministra, señalaron que este etiquetado no es recomendable por las dificultades que genera para su entendimiento. El mismo señalamiento lo ha realizado el Instituto Nacional de Salud Pública que en 2011, cuando la industria lo introdujo de manera voluntaria, evaluó su comprensión entre estudiantes de primer año de nutrición de una universidad privada y menos del 3 por ciento pudo interpretarlo adecuadamente. Existen una diversidad de estudios sobre la incomprensión de este etiquetado a escala nacional e internacional.

El proyecto de la Ministra también señala que se basa en recomendaciones de la OMS y FAO para establecer que no hay diferencia entre el impacto a la salud de los azúcares que se le añaden a los alimentos y bebidas al procesarlos y los que vienen naturalmente en frutas, algunas verduras y lácteos. En su carta, los representantes de los organismos de Naciones Unidas señalan que sus recomendaciones van en sentido contrario a la afirmación de la Ministra: “Las directrices y documentos de referencia de la OPS/OMS recomiendan la presentación de la información sobre azúcar en los etiquetados frontales, refiriéndose a los azúcares libres, que incluyen todos los azúcares añadidos…una reducción en la ingesta de los azúcares libres a lo largo del ciclo de vida…que la ingesta de azúcares libres debe ser inferior al 10 por ciento de la ingesta de energía total”. Los organismos de Naciones Unidas señalan que no hay ninguna preocupación sobre impactos en salud sobre los azúcares naturales, que el impacto en salud está generado por los azúcares añadidos en el procesamiento de los productos.

Hay que recordar que el etiquetado tipo GDA fue desarrollado por la propia industria en Europa, fue introducido por FEMSA Coca Cola en México en 2010 y después, en 2011, comenzó a ser utilizado por la gran industria de ultraprocesados y bebidas endulzadas. En 2014, COFEPRIS, sin ninguna consulta con los institutos de salud y las academias de medicina, y en pleno contubernio con la industria, lo estableció como obligatorio. Existe una carta de la OPS/OMS del 25 de abril de 2014, dirigida a la Secretaría de Salud y a COFEPRIS, en el que claramente señala que existe una guía publicada desde 2003 que establece que el consumo de azúcares simples o agregados no debe exceder el 10 por ciento del consumo total de energía en un día y que son estos azúcares los que representan un daño a la salud. Por lo anterior, sugiere se informe sobre los azúcares añadidos, y agrega que el etiquetado tipo GDA no es comprendido por los consumidores. Lo anterior, antes de que el etiquetado fuera establecido.

El proyecto de la Ministra Esquivel contradice toda la evidencia científica en relación a la falta de comprensión del etiquetado frontal que fue establecido como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) con el fin de que los consumidores tuvieran información sencilla, útil y de rápido entendimiento al frente de los productos para realizar elecciones más saludables. El estudio realizado por el INSP, el llevado a cabo por UNICEF, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio camino y otros más, confirman que este etiquetado es incomprensible para los consumidores, lo cual viola su derecho a la información y su derecho a la salud.

Ante amparos interpuestos contra este etiquetado frontal incomprensible y engañosos, dos jueces de distrito presentaron sentencias señalando que este etiquetado viola el derecho a la información, el derecho a la salud y el interés superior de la infancia. COFEPRIS y Salud impugnaron las sentencias y un primer amparo llegó a la SCJN. El año pasado, el Ministro Fernando Franco presentó un proyecto de sentencia en la SCJN que respaldaba una de estas sentencias y obligaba a la autoridad a establecer un nuevo etiquetado. Los demás ministros de la Sala 2 votaron en contra y se pidió a la Ministra Luna Ramos que realizara un nuevo proyecto. La Ministra Luna Ramos terminó su ejercicio y la Ministra Esquivel tomó su lugar y el proyecto. No sólo eso, la Ministra heredó también a secretarios de Luna Ramos que fueron los encargados de elaborar este proyecto. De hecho, la Ministra Esquivel puede votar en contra de su proyecto como ya ha pasado en casos anteriores, al terminar no estar de acuerdo con el proyecto elaborado por sus secretarios, esa es su encrucijada: o mantenerse firme con un proyecto de sentencia basado en argumentos falsos, como lo demuestran las propias declaraciones de los organismos de Naciones Unidas y el propio INSP, o recuperar una postura basada en la evidencia, en los organismos de Naciones Unidas y los institutos de salud de nuestro país.

La defensa que realiza el proyecto de sentencia del etiquetado actual coincide plenamente con los argumentos presentados por la industria en contra de los etiquetados frontales de advertencia establecidos en Chile, Perú y Uruguay, que informan claramente a los consumidores si un producto es alto en azúcares, grasas y sal. Estos etiquetados, al contrario del mexicano, han sido elaborados en consulta con la academia, sin la participación de la industria y han recibido el respaldo no sólo de organismos como OPS/OMS, FAO y UNICEF, también de la CEPAL y la OCDE. De hecho, la OCDE ha recomendado al gobierno chileno ampliar el sistema de etiquetado de advertencia a los restaurantes de comida rápida y a las bebidas alcohólicas. El mexicano ningún reconocimiento, todo lo contrario.

Como lo señaló el Dr. Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, recientemente reconocido con el Premio al Mérito Médico 2019:” La aprobación de la resolución de la Ministra Ponente, representaría sin duda un gran error en términos técnicos, al mismo tiempo que propiciaría un grave daño a la salud de la población y un gran desprestigio internacional para la máxima institución del Poder Judicial de la Nación. En mi calidad de investigador dedicado a la salud y nutrición públicas por más de tres décadas deseo expresar mi mayor preocupación al respecto”.