Por David
Saúl Vela.
El ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar la inconstitucionalidad de
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Autoridades
del Poder Judicial confirmaron que el
proyecto de sentencia se discutirá a mediados de mayo en el Pleno de la Suprema
Corte. Este miércoles aparece en el número 12 de la lista de temas a discutir.
Dicha ley, impulsada por el
mandatario Andrés Manuel López Obrador, sirvió para la reducción generalizada
del salario de servidores públicos con el objetivo de que nadie gane más que el
presidente de la República (108 mil pesos al mes).
De acuerdo
con las autoridades, el proyecto del
ministro propone declarar la inconstitucionalidad de Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, y advierte que debe invalidarse en
su totalidad.
Para que
esto suceda, al menos 8 de los 11
ministros deben votar a favor del proyecto de sentencia; de lo contrario, esta
se mantendrá en sus términos desde que entró en vigor, en noviembre de 2018 .
Las autoridades dijeron que, según el
ministro Pérez Dayán, la ley presenta vicios desde su legislación en el
Congreso de la Unión, donde permaneció más de siete años “congelada”, por lo
que no se cumplieron los requisitos mínimos de armonía legislativa.
El ministro recordó que la citada ley
fue aprobada por el Senado en noviembre de 2011 y la Cámara de Diputados la
guardó. Repentinamente la revivió y, con la mayoría de Morena, la aprobó sin
cambios el 13 de septiembre de 2018.
La propuesta
del ministro advierte que en esos siete
años que estuvo congelada la ley hubo una serie de reformas que generaron
“errores y desfases” con respecto a la Ley de Remuneraciones, la cual no fue
actualizada.
Dichos errores y desfases fueron
corregidos hasta abril pasado, a través de una reforma publicada hace tres
semanas, pero esta rectificación “no impediría que la ley sea anulada”, dice el proyecto.
El documento
está relacionado con las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018,
promovidas por la CNDH y senadores de oposición. Aún faltaría resolver las
controversias promovidas por los órganos autónomos.
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