Por
Veneranda Mendoza.
La Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia de Morena resolvió inhabilitar de sus derechos partidarios (por lo que
tampoco podrán ser candidatos o integrantes de los órganos internos de
dirección) durante un periodo de seis meses, a 32 de sus 36 diputados en el
Congreso mexiquense, por avalar el incremento de 17% al refrendo vehicular para
2019.
La sanción al diputado Nazario
Gutiérrez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes (quien
primero comprometió la desaparición del impuesto sobre tenencia vehicular pero
después se retractó y adicionalmente avaló el aumento al refrendo y el
condicionamiento del subsidio de la tenencia al pago del refrendo de placas
dentro de los primeros seis meses del año), será del doble, es decir, por un periodo de 12 meses.
Los legisladores a los que aplicará
la primera sanción,
contada a partir de la notificación, son: Maurilio
Hernández, Valentín González, Gabriel Gutiérrez Cureño, Gerardo Ulloa, Tanech
Sánchez, Faustino de la Cruz, Max Correa, Mariana Uribe, Azucena Cisneros,
Karina Labastida, Liliana Gollás y Mónica Álvarez Nemer.
Además, a Montserrat Ruíz, Benigno Martínez, Rosario
Elizalde, Rosa María Zetina, Bryan Tinoco, Alfredo González, María de Jesús
Galicia, Juan Pablo Villagómez, Julio Hernández, Anais Burgos, Emiliano
Aguirre, Margarito González, Adrián Galicia, Nancy Nápoles, Violeta Nova,
Berenice Medrano, Camilo Murillo, Jorge García y Xóchitl Flores.
El castigo también se aprobó para
Claudia González Cerón y Crista Amanda Spohn Gotzel, pero ambas renunciaron a
Morena y migraron a las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática
(PRD) y del Trabajo (PT), respectivamente.
Sólo Beatriz García Villegas, Elba Aldana,
Alicia Mercado y Elizabeth Millán no fueron sancionadas, en virtud de que
votaron contra las propuestas.
La inhabilitación incluye la
imposibilidad de “participar en los órganos de dirección y representación de
Morena o para ser postulado por este instituto político, ya sea de manera
directa, coalición o candidatura común a un cargo de elección popular, por el
principio de mayoría relativa o representación proporcional”.
Ningún
proceso en puerta.
En el Estado de México no está en
puerta ningún proceso electoral, de tal manera que la sanción ya habrá
concluido para 2021.
Sin embargo, está pendiente la
renovación de la dirigencia estatal que extraoficialmente se preveía para
octubre próximo.
La sanción también implica la “inmediata destitución
de cualquier cargo que ostente dentro de la estructura organizativa de Morena”
el diputado, por lo que no se descarta la remoción, al menos temporal, del
coordinador parlamentario.
La conducta
que dio origen a la sanción, fue la
aprobación, el 20 de diciembre de 2018, del refrendo vehicular, lo que fue
interpretado por los militantes denunciantes como una violación a los
documentos básicos del partido que comprometen no aumentar impuestos, si bien
los legisladores arguyeron que la apreciación es incorrecta porque éste es un
derecho y no un impuesto.
La mayoría parlamentaria justificó
que la medida tenía por objeto aminorar el impacto del subsidio a la tenencia
en las finanzas públicas estatales, lo que a su vez allegaría mayores recursos
a los municipios.
“Dejar de observar los principios y
el plan de lucha es grave en virtud de que de estos documentos se desprenden
las aspiraciones superiores de nuestro partido político y los cauces por los
que se debe regir el ejercicio del poder (obtenido en las urnas) de los
representantes populares electos por Morena”, advierte la resolución.
La
ciudadanía, refieren los comisionados
Gabriela Rodríguez, Héctor Díaz Polanco, Adrián Arroyo Legaspi y Víctor Suárez,
“otorga el voto a Morena en apoyo al proyecto de nación que se plasma en
nuestros documentos básicos, por lo cual el acto de dejar de incluir estos
principios en el ejercicio de su cargo es un atentado en contra de los fines de
nuestro partido, por lo cual esta conducta se califica como grave”.
La decisión, aún puede ser combatida
por los legisladores por la vía de los Tribunales Electorales, lo que se espera
sea definido de manera colectiva a más tardar el jueves próximo.
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