Por Arturo Ángel.
En enero de 2016 entró en vigor la
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de
Hidrocarburos que además de tipificar múltiples delitos relacionados con el
denominado “huachicoleo”, endureció las penas a los funcionarios públicos que
resulten cómplices por comisión u omisión de esta práctica.
Pero datos
oficiales revelan que, de enero de 2016 a febrero de 2019, ni un solo servidor o exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex)
ha sido declarado culpable de ser cómplice de delitos contemplados en la
referida ley. De hecho solamente hay un caso, que data de 2016, de un servidor
público de Pemex detenido sin que dicho proceso haya sido exitoso.
Lo anterior pese a que incluso se han
realizado operativos en refinerías donde se han detectado supuestas tomas
clandestinas o se han realizado sabotajes, y a que distintas autoridades –
incluido el presidente – han señalado que esos delitos no serían posibles sin
la complicidad de trabajadores de la paraestatal.
Animal
Político solicitó a la Fiscalía General
de la República (FGR) – vía solicitudes de transparencia – un balance sobre el
número de personas detenidas, procesadas y sentenciadas desde que se aprobó la
referida ley especial que ayudaría a prevenir y castigar con mayor eficiencia
este tipo de conductas delictivas.
La
dependencia a través de sus distintas áreas reportó una cifra de más de 2 mil personas detenidas por su probable
responsabilidad en robo de combustible o alguno de los otros ilícitos que
contempla la mencionada ley.
No obstante,
al cuestionársele cuántos de ellos son
servidores públicos o exservidores públicos de Pemex, reportó un solo caso que
data de 2016 y cero casos de 2017 a la fecha.
Y en cuanto a procesos que hayan
culminado exitosamente con alguna sentencia en contra de un funcionario o
exfuncionario de la empresa por esta misma causa, la FGR informó que la cifra
es de cero casos hasta la fecha.
Este balance contrasta con acciones
que, en su momento, se han anunciado para combatir el robo de hidrocarburo
dentro de la propia empresa paraestatal pero que al menos en cuestión de
servidores públicos identificados y sancionados no ha dado resultados.
Por ejemplo,
apenas el pasado 7 de enero (ya durante
la actual administración) se desplegó un importante operativo encabezado por la
Secretaria de la Defensa y la Marina en la refinería de Salamanca, Guanajuato.
De acuerdo con los reportes, todos los trabajadores fueron revisados e incluso
se habló del decomiso de teléfonos celulares. Pero no se anunciaron los
resultados.
Una acción similar se realizó en mayo
del año pasado en la misma refinería, cuando fuerzas federales intervinieron
sorpresivamente en la misma e incluso se habló de personas detenidas.
Cabe señalar que en enero de este
mismo año el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el robo de
combustible no era posible sin lo que denominó “una complicidad plena” en el
interior de Petróleos Mexicanos, pues acusó que aun cuando se contaba con
sistemas de monitoreo de ductos que permitían corroborar la operación de tomas
clandestinas, no se emprendieron mayores acciones al respecto.
En un
informe dado a conocer el pasado 6 de mayo el fiscal General del país, Alejandro Gertz Manero, dijo que desde
diciembre de 2018 se han detenido a más de 620 funcionarios por presuntos
hechos de corrupción en el gobierno y que Petróleos Mexicanos era una de las
dependencias involucradas.
No obstante, y de acuerdo con las
cifras oficiales de la propia Fiscalía, al menos hasta febrero ninguno de esos
casos estaría relacionado con robos de combustible.
En el
informe proporcionado por distintas áreas de la Fiscalía General se advierte que desde la entrada en vigor
de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de
Hidrocarburos – de enero de 2016 a febrero de 2019 – se detuvieron y pusieron a
disposición a 2 mil 193 personas por robo de hidrocarburos en distintas
modalidades.
Y se detalla que en este mismo
periodo la Fiscalía logró que los jueces sometieran a proceso a 376 de las
personas detenidas por ilícitos contemplados en la referida ley, y de ellos
dictaron sentencia condenatoria en contra de 70. Todos estos casos ya
conducidos con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio.
Estos datos arrojan que del total de
personas detenidas, la Fiscalía logra que jueces vinculen a proceso solamente
al 17.14%, mientras que el porcentaje de personas que llegan a sentencia
condenatoria es de apenas un 3.1%.
Lo anterior puede deberse a que el Ministerio Público
decidió de inicio que no había evidencia suficiente para llevar ante los
detenidos ante el juez o a que, en su defecto, sí los llevó pero falló en
aportar los elementos suficientes para que el proceso penal se mantuviera y
concluyera con una sentencia.
Animal
Político publicó ayer que en el caso de
655 personas que fueron detenidas por presunto robo de combustible ya en el
sexenio actual, fue la propia Fiscalía General la que determinó dejar en
libertad al 56% de ellas al considerar que no había datos iniciales para
sustentar una eventual acusación.
Se solicitó a la Fiscalía General
conocer además de la cifra de personas detenidas, los recursos económicos y los
bienes de distinto tipo que se han asegurado como resultado de los operativos y
las investigaciones relacionadas con robo de combustible desde que entró en
vigor la ley especializada en esta materia.
En cuanto a dinero la FGR reportó el
aseguramiento de 8 millones 143 mil 157 pesos de los cuales poco más de 940 mil
pesos que equivalen a casi el 12% corresponden a dinero decomisado desde
diciembre de 2018 es decir, durante la actual administración También se reportó
el decomiso de 2 mil 800 dólares.
Por otro lado la fiscalía reportó el
aseguramiento de 544 vehículos de 2016 a la fecha, entre pipas utilizadas para
transportar el combustible robado y automóviles de otro tipo. Además se reportó
el decomiso de 80 inmuebles y de 58 armas de fuego.
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