Por Jorge
Carrasco Araizaga.
El titular de la Fiscalía General de
la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que los casos Odebrecht y
la Estafa Maestra serán judicializados como asuntos de delincuencia organizada
por tratarse de maquinaciones delictivas.
La misma
lógica fue la que emprendió el titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), antecedente de la FGR, Jesús Murillo Karam, al inicio del
gobierno de Enrique Peña Nieto, en los inicios de 2013, cuando detuvo y procesó
a la maestra Elba Esther Gordillo.
Ya sabemos en lo que acabó: un gran
fracaso del ministerio público porque no pudo acreditar la acusación por
delincuencia organizada. Al final de ese sexenio, la justicia federal ordenó la
liberación de la dirigente sindical, que ahora viene por sus fueros, y recién
ha ordenado la recuperación de sus bienes incautados.
En el
informe que presentó el lunes a la prensa sobre sus primeros cien días en la
FGR, el fiscal dijo que para el caso de
los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en México tuvo reponer la
investigación con información reciente porque la PGR prácticamente no hizo nada
durante el gobierno de Peña Nieto.
La inacción del gobierno anterior se
explica fácilmente porque uno de los principales señalados es el exdirector
general de Pemex, Emilio Lozoya. Los exejecutivos de la constructora que están
bajo proceso penal en Brasil han declarado que le entregaron 10 millones de
dólares cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña
presidencial de Peña Nieto.
La pregunta inevitable es si ese
dinero o una parte fue a parar a la campaña presidencial del expresidente
mexicano, como ocurrió en otros países latinoamericanos. Otra pregunta es si
Odebrecht pagó sobornos desde que desembarcó en México, durante el gobierno de
Felipe Calderón.
A diferencia de América Latina, donde
los expresidentes y altos funcionarios implicados en la corrupción de Odebrecht
han sido procesados, detenidos, encarcelados y algunos hasta han perdido a
vida, en México el caso ha sido un homenaje a la impunidad.
Gertz Manero dijo que con la nueva información
recabada, en dos meses el caso se presentará ante la justicia bajo la premisa
de una maquinación delictiva.
Lo mismo hará con la Estafa Maestra
porque el posible daño de cinco mil 875 millones de pesos, “no pudo ser
producto de solo 23 casos personales independientes y asilados unos de otros”, como lo delineó la desaparecida PGR.
Para el
fiscal, “debió de haberse investigado
sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y
propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente
desde el poder público”, en un delito que calificó “de Estado”.
Una investigación de ese tipo implica
que se explique toda la estructura y forma de operar de quienes desviaron los
recursos públicos desde las secretarias de Desarrollo Social, Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural
y Pesca, además de universidades públicas.
Pero en
ambos casos, la figura de delincuencia
organizada parece forzada. De acuerdo con el catálogo de delitos previstos en
la Ley de Delincuencia Organizada, Odebrecht y la Estafa Maestra no encuadran,
tal y como pasó con Elba Esther Gordillo, por más que hayan sido acciones
concertadas para delinquir.
Se trata de corrupción y colusión de
funcionarios público con particulares. La acusación por delincuencia organizada
no pasa de ser espectacular. Con el patrocinio de abogados curtidos en estas
acusaciones, los responsables pueden terminar ganando, dejando con un palmo de
narices a sus acusadores y a la sociedad.
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