Por Juan Omar Fierro.
Considerado por el
gobernador Javier Corral como el hombre que puede demostrar los vínculos del
expresidente Enrique Peña Nieto con presuntos actos de corrupción y
financiamiento ilegal de campañas electorales, el exsecretario adjunto de la
dirigencia nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, busca frenar a toda
costa los procesos penales que se le siguen en Chihuahua por su participación
en la llamada Operación Safiro.
Con un proceso federal
suspendido desde el pasado 29 de octubre, fecha en la que el ministro de la
Corte, Eduardo Medina Mora, admitió a trámite una inusual controversia
constitucional presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para detener
las indagatorias contra Gutiérrez Gutiérrez, el exfuncionario del PRI nacional
enfrenta una segunda acusación por el delito de peculado agravado, aunque se
trata de una imputación penal de carácter local.
El juicio contra
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por este delito concluyó la etapa de desahogo de
pruebas el viernes pasado, por lo que esta misma semana podría dictarse
sentencia en uno de los casos más emblemáticos de la llamada Operación Safiro
que también involucra al exsecretario de Hacienda federal, Luis Videgaray, al
exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y al expresidente nacional del
PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Incluso, el gobernador
de Chihuahua, Javier Corral, ha sostenido que la trama de la Operación Safiro
“toca centralmente” al expresidente Enrique Peña Nieto, ya que Gutiérrez
Gutiérrez “puede involucrar” al exmandatario con el presunto desvío de los 250
millones de pesos para financiar con dinero ilícito las campañas electorales
del PRI en 2016.
“Estos personajes son
los que realmente pueden involucrar a Peña Nieto y son los que pueden demostrar
que él estaba enterado de todas estas cuestiones”, sostuvo Corral en septiembre de
2018.
La Operación Safiro o
Saneamiento Financiero es una investigación iniciada por la Fiscalía General de
Chihuahua para acreditar un presunto desvío por un monto de 250 millones de
pesos que se sustrajeron de las finanzas del gobierno estatal para financiar de
manera ilegal las campañas electorales del PRI en los comicios locales de 2016.
Una investigación de
los periodistas Jesús Esquivel y Azam Ahmed publicada en el diario The New York
Times en diciembre de 2017, indica que la Operación Safiro contó con la
presunta complicidad del entonces presidente nacional del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, y de la Secretaría de Hacienda y Cŕedito Público (SHCP), a cargo en
ese momento de Luis Videgaray.
A pesar de que tanto
Beltrones Rivera como Videgaray Caso siempre negaron su participación en
cualquier acto ilícito, el ex presidente nacional del PRI ha presentado tres
juicios de amparo para conocer los expedientes y las alusiones que se hacen a
su persona dentro de la carpeta de investigación. En uno de ellos, logró la
suspensión de cualquier orden de aprehensión girada en su contra.
La presunta
triangulación de recursos se hacía de dos formas, una era simular obra pública
para dependencias del Gobierno de Chihuahua a través de empresas ligadas a
servidores públicos o funcionarios partidistas, esquema en el que se ubican los
dos procesos penales que existen contra Gutiérrez Gutiérrez, uno federal por
peculado por el monto de 250 millones de pesos y el segundo del fuero común por
un peculado de un millón 740 mil pesos.
La otra forma de
desviar recursos era la entrega contratos a empresas “fantasma”, mecanismo que
los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
documentaron para el presunto desvío de casi 650 millones de pesos en siete
entidades federativas, dinero que supuestamente se sustrajo de cinco gobiernos
estatales (Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México), el Congreso
del Estado de Morelos y la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México, todos
bajo el dominio del PRI.
De acuerdo con
testimonios rendidos por ex funcionarios que ya reconocieron su culpabilidad
ante jueces penales, Alejandro Gutiérrez fungió como enlace entre el gobierno
de Chihuahua, funcionarios de la Secretaría de Hacienda federal y la dirigencia
nacional del PRI para concretar el presunto desvío de los 250 millones de
pesos.
A nivel local, la
Fiscalía General de Chihuahua le imputa a Gutiérrez Gutiérrez el presunto
desvío de 1.7 millones de pesos procedentes de la Secretaría de Hacienda a
nivel local, recursos que fueron depositados en dos empresas vinculadas con el
empresario coahuilense y su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez.
Ese dinero es una
presunta comisión por la intermediación que se le atribuye a Alejandro
Gutiérrez padre en la Operación Safiro, según fuentes ministeriales. Sin
embargo, el presunto pago no consta en el proceso judicial que se le sigue a
Gutiérrez Gutiérrez en el fuero común, por lo que el señalamiento directo es solo
por el delito de peculado agravado en perjuicio del Gobierno de Chihuahua.
A pesar de ello,
fuentes de la Fiscalía General de Chihuahua consideran que la sentencia
condenatoria del ex directivo priista en el proceso del fuero común, puede
servir para reforzar la indagatoria abierta a nivel federal por el presunto
desvío de los 250 millones, trama en la que también aparecen señalados el ex
secretario de Hacienda federal, Luis Videgaray, y el exlíder nacional del PRI,
Manlio Fabio Beltrones Rivera.
La defensa de Alejandro
Gutieŕrez Gutiérrez sostiene una estrategia legal en dos frentes: a nivel
estatal busca evitar que se le dicte una sentencia por peculado agravado en el
juicio que la Fiscalía General de Chihuahua instruyó en su contra por el
presunto desvío de 1.7 millones de pesos, recursos públicos que fueron depositados
en dos empresas vinculadas directamente con Gutiérrez Gutiérrez y su hijo
Alejandro Gutiérrez Gómez.
A nivel federal, la
defensa se vio beneficiada por los litigios que el ex presidente Enrique Peña
Nieto emprendió contra el gobierno de Chihuahua: la presentación de una
controversia constitucional para suspender de forma indefinida las
investigaciones por el presunto desvío de los 250 millones de pesos frenó las
indagatorias del caso desde el 29 de septiembre del 2018.
En esa fecha, el
ministro Eduardo Medina Mora admitió a trámite el recurso legal presentado por
el gobierno de Peña Nieto y ordenó suspender las investigaciones del caso, sin
que exista hasta el momento fecha para su resolución a pesar de que ya
transcurrieron seis meses.
Además, dos meses
antes de terminar su gestión, la Procuraduría General de la República,
subordinada al propio Peña Nieto, pidió a un juez federal cancelar o desechar
el juicio penal contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez que existía nivel federal,
con el argumento de que no había elementos para procesarlo por el desvío de los
250 millones de pesos presuntamente utilizados para financiar campañas
electorales del PRI en los comicios locales de 2016.
Ante la petición, el
Juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, decretó el sobreseimiento o
desechamiento de la causa penal por peculado y responsabilizó a la PGR de su
fallo tras advertir que la dependencia “no tenía ninguna pretensión para acusar
al imputado ni para investigar y sancionar el delito que se le atribuía” a Alejandro
Gutiérrez.
El consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, advirtió que en el juicio que se le sigue a
Gutiérrez Gutiérrez en el fuero común, el ex funcionario de la dirigencia del
PRI ha reconocido su participación en un presunto desvío de recursos públicos,
por lo que confía en que el tribunal de enjuiciamiento lo encuentre penalmente
responsable (es decir, culpable) de cometer el delito.
“En el presente caso
estamos viendo que hay un reconocimiento expreso del señor Gutiérrez, admitió que
no se prestaron los servicios contratados y en eso radica el juicio, cobrar
algo sin prestarlo. El gobierno del estado busca que se haga justicia, que se
reintegre el dinero a las arcas estatales y que al mismo tiempo se castigue a
quienes, fuera y dentro del gobierno, planearon y maquinaron este tipo de
desvíos”, sentenció.
El Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, afirmó que en el caso del excolaborador de
Beltrones Rivera, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, no se juzga a una persona o
una cantidad de dinero presuntamente desviado, sino todo un esquema de desvío
ilegal de recursos que afectó al gobierno y a la población de Chihuahua, debido
a que se trataba de dinero que debería ser destinado a obra o inversión
pública.
“Claro, es una
operación que comprende a todo aquellos funcionarios que hayan incurrido en
algún delito. No es una operación específica hacia una persona, es integral, en
donde hay denuncias y detenidos de todas las dependencias que operaron o
desviaron recursos públicos. No es una cuestión personal, simplemente es una
operación que lleva a cabo el gobierno del estado.
Hasta el momento, la
Fiscalía General de Chihuahua ha logrado que jueces locales giren 36 órdenes de
aprehensión para iniciar proceso a 24 ex funcionarios estatales o dirigentes
partidistas ligados al PRI que presuntamente participaron en el esquema de
desvíos detectado en el gobierno estatal, incluyendo los procesos iniciados
contra el ex gobernador del estado, César Duarte Jáquez, y contra el propio
Gutiérrez Gutiérrez en su calidad de enlace entre el PRI con autoridades
locales y federales.
Duarte Jáquez cuenta
con 10 órdenes de aprehensión vigentes, mientras que una onceava fue suspendida
por un juicio de amparo. A pesar de que se le considera prófugo de la justicia
y de que Interpol emitió una ficha roja para su captura, el gobierno de AMLO no
ha solicitado su extradición de manera formal ante el Departamento de Justicia
de Estados Unidos.
En el caso de Alejandro
Gutiérrez, el juicio que se instruyó en su contra es por un presunto peculado
por un monto de un millón 740 mil pesos, recursos que fueron depositados en las
cuentas de dos empresas directamente vinculadas a él y a su hijo Alejandro Gutiérrez
Gómez.
El juicio penal para definir la responsabilidad penal de
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en este delito arrancó el pasado 28 de abril y ha
enfrentado múltiples maniobras de la defensa para evitar que se dicte sentencia
en contra de su cliente.
A pesar de que
comparecieron más de 25 testigos y se desahogaron todas las pruebas
documentales y periciales, la defensa de Gutiérrez Gutiérrez presentó de última
hora y como prueba superviniente recibos bancarios de un depósito en una cuenta
del gobierno estatal por un monto de 1.7 millones de pesos, cifra que cubre el
dinero presuntamente desviado.
De acuerdo con la acusación, esos recursos fueron depositados en cuentas bancarias de las empresas
Jet Combustibles, de la que AGG es socio mayoritario, y Promotora de
Señalamiento Integral, en la que su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez aparece como
apoderado legal, como supuesto pago por servicios que prestaron ambas compañías
al gobierno local, pero de las que no existen comprobantes o “entregables” para
acreditar que sí se realizaron.
En respuesta, el
Consejero Jurídico de Chihuahua afirmó que se trata de una estrategia
desesperada de la defensa en la que Gutiérrez reconoce el peculado por los
servicios no prestados, pero con la que se intenta minimizar la condena bajo el
argumento de que ya se reparó el daño.
Sin embargo, Espinoza
Cortés advirtió que el gobierno de Javier Corral no va a reconocer el pago
realizado a cuentas de la Secretaría de Hacienda que son públicas, debido a que
el presunto reintegro del dinero no le quita a Alejandro Gutiérrez ninguna
responsabilidad en la comisión del delito.
“Ellos hacen un
depósito a una cuenta pública, pero Hacienda de ninguna manera ha reconocido
eso como un pago o como una devolución de la cantidad desviada. Es una
estrategia de la defensa para minimizar lo que pudiera ser una sentencia
condenatoria en contra de su crimen, de ninguna manera lo libera del delito. En
el supuesto sin conceder que fuera aceptado el pago, lo hacen ante Hacienda
pero no lo hacen ante la dependencia que presentó la denuncia, de ninguna
manera hay una aceptación expresa o tácita de la devolución del recurso
desviado. Es una improvisación de la defensa para tratar de minimizar la
responsabilidad del señor Gutiérrez”, advirtió el consejero.
La defensa de Gutiérrez
también presentó una petición al tribunal de enjuiciamiento para que los
testigos de identidad reservada pudieran ser confrontados por los abogados,
misma que fue rechazada en audiencia el pasado viernes.
Por lo anterior, el
Gobierno de Chihuahua, que tiene calidad de ofendido o víctima en el presente
proceso, advirtió que los argumentos de la defensa serán combatidos por la
Fiscalía en los alegatos de clausura que tendrán lugar en las audiencias que se
celebra a partir de este lunes.
“La Fiscalía ya
desahogó todas las pruebas, todo lo que hicimos, peritos, todo lo que se tenía
conforme a estrategias trabajadas, y la defensa nada más aportó dos o tres
testigos, y esto ya se debería de haber concluido, ya deberían de haber cerrado
la etapa del juicio y esperar a que se dictara sentencia. Pero como están
improvisando, están ‘chicaneando’ el asunto, cada día que se paran ahí inventan
algo”, aseguró Jorge
Espinoza Cortés.
Pero aun cuando
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez sea condenado en el fuero común por un peculado
de 1.7 millones de pesos, las indagatorias de la Operación Safiro continúan
congeladas a nivel federal por la controversia constitucional que el gobierno
de Peña Nieto presentó dos meses antes de concluir.
Recurso legal que el
exconsejero de la Judicatura Federal y actual Secretario de Gobierno de
Chihuahua, César Jáuregui, calificó como “un abuso de poder”, impedimento legal
que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha querido corregir, pese a
que cuenta con todas las facultades constitucionales para desistirse de la
cuestionada controversia constitucional.
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